POLÍTICA
Una magistrada de Moreno-General Rodríguez sostuvo que la suspensión dispuesta por Marta Pascual no puede extenderse automáticamente a toda la Provincia y confirmó que seguirá aplicando la nueva norma en su jurisdicción
La decisión marca una diferencia directa con lo resuelto días atrás por Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, quien suspendió durante 60 días la aplicación de la norma en territorio bonaerense a partir de un habeas corpus preventivo colectivo.
Guarino aclaró que no le correspondía revisar si el fallo de Pascual era correcto o incorrecto, sino determinar hasta dónde alcanzaban sus efectos. “La cuestión a analizar debe ser delimitada con precisión”, señaló, al preguntarse si una cautelar dictada por un juzgado de otro Departamento Judicial podía suspender por sí sola una ley nacional en toda la Provincia.
La respuesta de la magistrada fue negativa. Consideró que la resolución de Pascual debe ser respetada como un acto jurisdiccional, pero que “no puede ser considerada, por su sola existencia, como una decisión con efecto vinculante automático” sobre expedientes tramitados ante otros juzgados.
“Mientras no exista una decisión emanada del órgano jurisdiccional competente que por vía procesal establezca efectivamente sobre esta jurisdicción, corresponde seguir aplicando la Ley Nacional 27.801”, concluyó Guarino. De esta manera, estableció que en Moreno-General Rodríguez continúa vigente el nuevo régimen penal juvenil.
La controversia ya comenzó a reflejarse también en otros departamentos judiciales. En Quilmes, una magistrada del fuero juvenil ordenó la detención de un adolescente de 15 años acusado de planificar mediante inteligencia artificial un ataque contra compañeros de su escuela, otro indicio de que la suspensión dispuesta en Lomas de Zamora no está siendo interpretada de manera uniforme.
Mientras tanto, Pascual enfrenta una creciente presión. En los últimos días acumuló tres pedidos de juicio político presentados por Alfredo Drocchi, Manuel Passaglia y Guillermo Montenegro, además de una denuncia de la asociación civil Usina de Justicia. Los planteos sostienen que la magistrada se habría extralimitado al pretender suspender una ley nacional con alcance provincial.
Además, el fiscal de Ejecución Penal Juvenil de Lomas de Zamora, Hernán Ceruti, apeló su decisión. El funcionario sostuvo que el fallo “se extralimita” y cuestionó que pueda afectar la división de poderes. La disputa quedó así abierta tanto sobre la aplicación inmediata de la ley como sobre el verdadero alcance territorial de la resolución que intentó frenarla.
Diario LA PLATA 1
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