LA MADEJA

OPINIÓN

El gobierno de Javier Milei avanza, en términos generales, en la dirección económica y geopolítica correcta

Por Carlos Mira

Lo hace al intentar reinsertar a la Argentina en el circuito de las economías abiertas, recuperar la lógica de la disciplina fiscal y reconstruir la confianza perdida tras décadas de improvisación, déficit crónico y aislamiento. En el plano internacional, el alineamiento con las democracias liberales y las economías de mercado no es solo un gesto simbólico: es una señal necesaria para un país que necesita crédito, inversión y previsibilidad.

Sin embargo, ese avance convive con una tensión incómoda. En no pocas ocasiones, los métodos y las formas del gobierno remiten a prácticas propias del Antiguo Régimen que el propio Milei dice querer desplazar. Centralización de decisiones, apelaciones constantes al conflicto, utilización intensiva del poder presidencial como herramienta de shock. Esa contradicción no es menor, pero tampoco es simple: si el Presidente cometiera la inocentada de actuar como si todas las reglas del Nuevo Orden ya estuvieran plenamente vigentes, los dinosaurios del viejo sistema se lo comerían vivo.

Ahí aparece la famosa paradoja: ser “autoritario” para instalar la democracia liberal capitalista. Es decir, utilizar instrumentos de poder fuertes para desmontar estructuras que, precisamente, bloquean la competencia, la libertad económica y la responsabilidad fiscal. No se trata de una novedad histórica. Todas las transiciones profundas —económicas, institucionales, culturales— han implicado una fase de tensión entre los fines liberales y los medios empleados para alcanzarlos.

El ambiente social y mediático, sin embargo, suele caer en su propia contradicción. Por un lado, denuncia el “autoritarismo” presidencial; por el otro, cuestiona al mismo tiempo cualquier intento de negociación con gobernadores o actores del sistema político. Cuando el gobierno avanza por decreto, se lo acusa de avasallar la institucionalidad. Cuando negocia reformas con el Congreso y las provincias, esas mismas reformas pasan a ser “sospechosas”, “aguadas” o “entregadas”. ¿En qué quedamos? ¿Se le exige inflexibilidad o capacidad de acuerdo?

La escena se vuelve entonces típicamente argentina: el eterno país de la Gata Flora. Se critica al Presidente si no negocia y se lo critica si negocia. Se le pide firmeza, pero se desconfía de sus decisiones cuando esa firmeza se traduce en acuerdos políticos inevitables en cualquier democracia representativa. El resultado es un clima donde la coherencia analítica brilla por su ausencia y la discusión pública se vuelve puramente reactiva.

Hay, además, un punto estructural más profundo. Si la lógica del actual gobierno consiste en desprenderse de poder estatal —poder que podría conservar para fortalecerse políticamente— y transferirlo al sector privado, la pregunta clave es cuándo ese sector privado estará dispuesto a arriesgar capital propio para crecer. Porque el crecimiento no ocurre por decreto ni por discurso: ocurre cuando alguien invierte su dinero, asume riesgo y apuesta al largo plazo.

Desde ese mismo sector se repite una demanda: primero hay que derogar toda la legislación que encarece la producción argentina. Impuestos distorsivos, regulaciones superpuestas, costos laborales no salariales, cargas burocráticas. En ese marco, la competitividad se vuelve casi imposible y la inversión se posterga indefinidamente.

Pero aquí aparece otra madeja difícil de desatar. Gran parte de ese entramado normativo financia el Estado Benefactor. Si se elimina de manera abrupta, el sistema de transferencias, subsidios y prestaciones que sostiene a millones de personas se resquebrajaría. El dilema es evidente: bajar costos para producir más o sostener la red de contención social.

Frente a esto surge una objeción poderosa: la Argentina hoy tiene los costos de los Estados Benefactores, pero no los servicios que los caracterizan. Se paga como si existiera un sistema de bienestar eficiente, universal y de calidad, pero la realidad muestra educación deteriorada, salud fragmentada, infraestructura deficiente y seguridad precaria. Es decir, se soporta la carga fiscal de un modelo que, en los hechos, no cumple su promesa básica.

¿Cómo desarmar entonces esta trama anudada que impide pasar a la siguiente etapa de reformas? He ahí el quid de la cuestión. No alcanza con la voluntad política ni con el diagnóstico económico. Se necesita una secuencia inteligente, capaz de reducir costos sin provocar un colapso social, y de construir confianza suficiente para que el capital privado deje de esperar y empiece a actuar.

Probablemente a esto se refiera el Presidente cuando hable del Estado de la Nación. La discusión ya no es solo si el rumbo es correcto, sino cómo administrar la transición. Cómo desmontar privilegios sin paralizar la economía. Cómo reducir el peso del Estado sin vaciar funciones esenciales. Cómo negociar sin quedar atrapado en la lógica corporativa que se pretende superar.

La Argentina no enfrenta un dilema ideológico abstracto, sino un problema de timing y de arquitectura política. El desafío es pasar del shock inicial a una etapa de consolidación donde las reformas no dependan exclusivamente de la voluntad presidencial, sino que empiecen a convertirse en reglas estables del sistema.

Ahí se jugará el verdadero éxito o fracaso del experimento. No en la retórica, ni en la confrontación permanente, ni en la pureza doctrinaria, sino en la capacidad de transformar una dirección correcta en un orden duradero. Un orden donde el Estado deje de ser botín y el sector privado deje de ser rehén y a veces cómplice. Donde la libertad económica no sea una consigna, sino una práctica cotidiana.

Y donde, finalmente, el país abandone la lógica pendular que lo define desde hace décadas: construir y destruir, avanzar y retroceder, prometer y frustrar. Salir de esa trampa exige algo más que convicción. Exige inteligencia política, paciencia estratégica y una comprensión clara de que ninguna transición profunda se hace sin contradicciones.

The Post