OPINIÓN
Por Iván Nolazco
Pensar siempre fue un acto sospechoso. No porque sea peligroso —aunque a veces lo haya sido— sino porque resulta inútil para el orden. Pensar no garantiza obediencia, no produce consenso, no asegura relato. Pensar no rinde. Y lo que no rinde, en política, se descarta.
La discriminación por pensar es una de las persecuciones más antiguas y más exitosas de la historia. Más eficaz que la censura, más barata que la represión. Porque no necesita violencia: le alcanza con el clima. No quema libros; quema reputaciones. No encierra cuerpos; margina ideas. No mata personas; las vuelve irrelevantes.
La historia universal podría leerse como un inventario prolijo de castigos aplicados a quienes cometieron el error de pensar sin autorización. Sócrates fue condenado por hacer preguntas. Galileo por no esperar. Spinoza por no pedir permiso. El delito nunca fue el contenido del pensamiento, sino su independencia.
Durante siglos, esta forma de discriminación tuvo un nombre preciso: herejía. Tenía tribunales, inquisidores y hogueras. El pensamiento debía pasar por aduana. Hoy el método es más elegante. Ya no hay fuego, hay cancelación. Ya no hay autos de fe, hay editoriales morales. Ya no hay verdugos, hay opinólogos con causa.
El siglo XX entendió algo esencial: no hacía falta prohibir el pensamiento, bastaba con uniformarlo. El disidente no debía ser eliminado; debía ser clasificado. El que dudaba era un desviado. El que cuestionaba, un enemigo. El pensamiento dejó de ser una facultad humana para convertirse en un problema político.
Argentina aprendió esa lección con entusiasmo.
Aquí no se discrimina tanto al que piensa distinto como al que piensa fuera del libreto. El pensamiento que incomoda no se discute: se invalida. Se lo acusa de antipueblo, antinacional, funcional, gorila, cipayo, o —en su versión más moderna— “insensible”. El adjetivo reemplazó al argumento. La moral suplanta a la razón. El grito ocupa el lugar del pensamiento.
Pensar, en este país, es una actividad sospechosa cuando no coincide con el relato dominante. Pensar demasiado es elitista. Pensar distinto es traición. Pensar en silencio es cobardía. Pensar sin alinearse es imperdonable.
La política argentina no castiga ideas: castiga matices. El que introduce complejidad arruina la épica. El que duda rompe la liturgia. El que pregunta amenaza la unidad. Y la unidad —esa palabra hueca— siempre se impone sobre la verdad.
La discriminación por pensar no se ejerce desde un despacho oscuro, sino desde la mesa de los convencidos. Se practica en nombre del pueblo, de la memoria, de la justicia, del futuro. Siempre hay una causa noble para silenciar a alguien. Nunca falta una excusa ética para expulsar una idea.
Hoy no se dice “prohibido pensar”.
Hoy no se dice “cállese”.
Hoy se dice “no suma”.
“No suma” es la fórmula perfecta del disciplinamiento contemporáneo. No acusa, no discute, no refuta. Simplemente resta. Declara que el pensamiento es inconveniente para la aritmética del poder. Que la idea estorba al cálculo político. Que la pregunta desacomoda la planilla.
No suma pensar.
No suma dudar.
No suma incomodar.
La tecnología vino a perfeccionar el método. Los algoritmos no censuran ideas: las hunden. Premian la consigna, castigan la complejidad. El pensamiento largo, incómodo, sin eslogan, desaparece bajo toneladas de opinión instantánea. No se lo persigue: se lo vuelve impracticable.
Pensar exige tiempo.
Y el tiempo, en la Argentina del grito, es un lujo mal visto.
La forma más perversa de esta discriminación es su tono paternal. Se silencia “para cuidar”. Se cancela “para no dañar”. Se excluye “por responsabilidad política”. El pensamiento deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio condicionado a la adhesión previa.
No hay listas negras, pero hay listas invisibles.
No hay censura, pero hay micrófonos que no se prenden.
No hay persecución, pero hay desiertos.
El castigo no es el golpe.
Es la intemperie.
Pensar, hoy, no es heroico. Es incómodo. Es ingrato. Es una forma menor de resistencia: pensar cuando se espera obediencia, dudar cuando se exige fe, escribir cuando convendría repetir.
Cada vez que este país discriminó por pensar, terminó empobreciéndose. Primero en ideas. Después en lenguaje. Finalmente en política. Porque una sociedad que castiga el pensamiento no se fortalece: se encierra en su propio relato.
Tal vez el verdadero problema no sea que algunos piensen distinto, sino que demasiados hayan dejado de pensar. En ese abandono generalizado, la discriminación ya no es necesaria. El pensamiento deja de molestar.
Y ese es el triunfo perfecto del dogma: cuando nadie tiene que prohibir nada porque ya nadie piensa.
Pensar sigue siendo peligroso. No porque cambie el poder, sino porque lo desnuda.
Y no hay nada que el poder —ninguno— tolere menos que alguien que, sin pedir permiso, insiste en pensar.
Tribuna de Periodistas
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