OPINIÓN
Argentina atraviesa una situación crítica en materia de empleo, era necesaria una transformación estructural
Por Walter R. Quinteros
Consta, que la situación laboral no era óptima. Aquí ganaba la "industria del juicio". Preguntemos en bares, en comercios cuánto tiempo "duran" los empleados. Milei en sus promesas de campaña lo dijo, iba a ir a fondo con esto, porque si las leyes laborales hubiesen funcionado bien, no tendría motivo para tocarlas.
Hay en el país, un poco más del 50% de los trabajadores que se encuentran en la total informalidad.
Pero aún con estos datos, me asombra leer opiniones de personas que tienen al personal en negro, entre otras cosas, por que le temen a la industria del juicio, pero se rasgan las vestiduras atacando cualquier "modernización", simplemente porque es el deporte de moda que practican, decir que todo lo que hace este gobierno está mal, que únicamente ellos piensan bien, y no hacen su "mea culpa" de la situación heredada.
Hay datos en internet que señalan que en Argentina hace 15 años que no crece el empleo. Ninguno se ha preguntado por qué. Y los gobiernos se fueron a los vestuarios con otra derrota a cuesta. Cristina, Mauricio, Alberto, junto a Sergio y Cristina de nuevo.
Para el sitio Chequeado, en el 2024 había 3,3 millones de trabajadores públicos en total. Si hacemos números hay más de 29.000 cargos políticos. 2,2 millones (66%) son empleados de gobiernos provinciales. 711.000 (21%) pertenecen al Estado nacional y 440.000 (13%) son trabajadores públicos municipales. Al toro por las astas lo agarró Milei. Pero los muchachos le tiran piedras y bombas molotov, sin haber leído un solo artículo del proyecto de ley.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción, tiene más de 200 artículos. Pero con esto de negociar, escuchar, decir, convenir, ajustar, aflojar, tuvo algo así como 28 modificaciones, lo que significa que hubo diálogo entre el oficialismo y las distintas bancadas.
Ahora vienen las acostumbradas preguntas:
¿Esta ley crea empleo?
La respuesta es no. Lo que si genera, son condiciones jurídicas y reglas claras para que se pueda invertir y generarlo, sin perjudicar a las empresas. Viene a mi memoria el Convenio de la UOCRA, que contratan personal para la construcción de edificios. Finalizado el edificio, no hay más trabajo hasta que aparece un nuevo inversor. ¿Y desde cuándo viene eso? ¿Quién protestó? ¿Quién arrojó bombas molotov? ¿Quién se enoja si les digo que los diez principales gremios recaudan cerca de USD 685 millones anuales? Eso es dinero que le quitan al trabajador. ¿Y? ¿Qué pasa con las piedras?
En nuestro país, cabe señalar, el único empleo que creció con la gestión anterior es el estatal. La única inversión con dinero ajeno que hacen algunos políticos para después, reclamar el voto y que los "beneficiados", no dejen de poner los palos en las ruedas a nuevos gobiernos.
¿Por qué el sindicalismo se opone a los cambios?
Para el diputado mendocino Luis Petri, la respuesta es clara: "El sindicalismo va a salir a defender sus cajas y sus privilegios. Poco les importan los trabajadores. Si les importaran los trabajadores, esta reforma la deberían haber propuesto ellos, hace muchísimo tiempo". Le dijo a TN, y agregó que; "el mercado laboral y los trabajadores registrados no crecen desde el 2011 por lo menos y los informales llegan al 43%, estas condiciones laborales no benefician a los trabajadores. Tenemos décadas de fracasos de una legislación laboral que no se modifica desde el 70 y donde el mundo laboral cambió. Es un mercado laboral que fue diseñado para la industria de las máquinas de escribir y hoy estamos con la inteligencia artificial". Expresó el legislador nacional. Asimismo, hizo hincapié en que la reforma impulsada por el Gobierno nacional "le pega directo a la industria del juicio".
Según el Indec, existen 6 millones de trabajadores informales. Según los datos de UART, hay 132 juicios por cada 10.000 trabajadores, porque la ley vigente ha permitido el auge de la "industria del juicio", transformando el acto de tomar un empleado en un riesgo que atenta contra la supervivencia de las empresas, especialmente las pymes.
La ley de Modernización Laboral marca la cancha, define de forma taxativa que conceptos como el aguinaldo, o premios no mensuales, no integren la base indemnizatoria. Estipula una tasa uniforme de actualización por IPC más un 3% anual, terminando con la discrecionalidad de los juzgados que hoy multiplica las deudas de forma impagable. Esto permite que el empleador conozca de antemano su riesgo máximo, transformando una contingencia incierta en una variable administrable. Pero además, la ley incluye un apartado muy interesante, da lugar a que los trabajadores y las empresas opten por un fondo de cese laboral privado.
¿Cómo funcionaría?
Con un previo acuerdo entre las partes. La indemnización del trabajador será pagada por un fondo de cese laboral financiado por el empleador. Un sistema de capitalización privada garantiza el cobro inmediato al trabajador, elimina la incertidumbre del empleador, reduce drásticamente la litigiosidad y potencia la eficiencia financiera, ya que la administración de estos fondos por entidades especializadas permite obtener rendimientos que protegen el valor del dinero frente a la inflación. Chau abogados y peritos de la "industria del juicio".
Saludemos a la industria del juicio que se va.
Tenemos entonces que la reforma es crucial para establecer un terreno de juego justo, limpio, claro, para que el empleo formal pueda volver.

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