LA CULTURA DEL TRABAJO EN LA ARGENTINA

OPINIÓN

Cuando el empleo formal se volvió un privilegio y el esfuerzo individual, una anomalía

Por Carlos Mira

En la Argentina contemporánea se ha consolidado un fenómeno paradójico: aquello que durante décadas fue la norma —trabajar en relación de dependencia— pasó a percibirse como un privilegio. No un derecho universal, sino un estatus al que accede una porción cada vez más reducida de la población, con beneficios y protecciones que el resto observa desde afuera, como quien mira un sistema al que difícilmente podrá ingresar.

La comparación con las jubilaciones “de privilegio” no es casual. En ambos casos se trata de estructuras pensadas para proteger a grandes mayorías que hoy funcionan como regímenes de excepción. Los que gozan de los llamados “derechos laborales” son cada vez menos y, en consecuencia, la legislación que nació para equilibrar desigualdades comienza a operar como una fuente de nuevas injusticias sociales: protege intensamente a quienes están dentro y deja desprotegidos a quienes intentan entrar.

En ese contexto, el modelo social se invierte. El personaje que debería ser admirado —el que se abre camino por cuenta propia, enfrenta la incertidumbre y crea su propio sustento— queda relegado a la categoría de paria. En la Argentina, ese perfil lleva nombres casi peyorativos: “autónomo”, “monotributista”, “independiente”. Sin estabilidad, sin seguridades, con escasa cobertura y una presión impositiva considerable, carga además con el estereotipo de ser el “rico” o el “desalmado”, aun cuando muchas veces apenas logra sostener su actividad.

La cultura laboral, entonces, produce un doble efecto. Por un lado, convierte al empleo formal en un bien escaso y costoso; por otro, desvaloriza socialmente a quienes generan su propio trabajo. En ese esquema, la creación de empleo deja de ser un proceso natural del crecimiento económico y se transforma en una decisión de alto riesgo para las empresas.

Este es el punto en el que la discusión sobre una reforma laboral adquiere centralidad. Si el objetivo político es aprobarla rápidamente, el peligro es evidente: que el resultado final no altere los cimientos culturales y normativos que llevaron a esta situación. Una reforma recortada, producto de negociaciones y concesiones, puede terminar siendo percibida como una transformación profunda cuando, en la práctica, apenas introduce ajustes marginales.

En ese escenario, el gobierno se juega una carta compleja. Podría exhibir el título político de haber “conseguido la reforma laboral”, pero sin lograr cambios reales en la dinámica de contratación. Si la norma no incentiva efectivamente a las empresas a tomar personal, el resultado será una paradoja: una ley presentada como de máxima que, en realidad, opera como de mínima.

El problema no es sólo técnico, sino político. A la hora de evaluar resultados, la sociedad difícilmente recuerde los límites, las concesiones o los recortes que atravesó el proyecto. La factura pública llegará igual, y el presidente podría quedar asociado a los costos políticos sin recibir los beneficios de un cambio tangible en el mercado de trabajo.

Esa evaluación, además, podría coincidir con los tiempos electorales de 2027. Si para entonces el empleo no creció de manera visible y la inflación no logró estabilizarse en niveles mínimos, las promesas vinculadas a la reforma laboral y al ordenamiento macroeconómico se convertirán en un eje de cuestionamiento político.

La pregunta de fondo es si estas variables están siendo realmente consideradas por quienes diseñan la estrategia. No se trata sólo de redactar una ley o de conseguir votos legislativos, sino de comprender la profundidad del cambio cultural necesario para modificar la lógica del trabajo en la Argentina.

Porque el problema excede lo normativo. La legislación vigente consolidó durante años un modelo en el que el acto de “trabajar para alguien” se volvió un privilegio caro, rígido y difícil de sostener para el empleador. Mientras tanto, se consolidó un sistema de intermediación sindical y corporativa que, para muchos sectores, opera más como estructura de poder que como herramienta de representación efectiva.

Si el país no logra salir de ese tipo de esquema —uno que desalienta la contratación, castiga la iniciativa individual y concentra beneficios en pocos actores— cualquier intento de transformación quedará a mitad de camino. El esfuerzo cultural por revalorizar el trabajo, la productividad y la autonomía terminará diluyéndose en la inercia de estructuras que han demostrado gran capacidad de supervivencia y el presidente podrá ser juzgado a la luz de una ley que se cree “de máxima” cuando, en realidad, fue “de mínima”.

La Argentina se enfrenta, en definitiva, a un dilema de fondo: redefinir qué significa trabajar, producir y progresar en una sociedad que durante décadas organizó su sistema alrededor de la estabilidad formal y la protección estatal. Si la reforma laboral no logra modificar esa matriz, el cambio será apenas retórico. Y el país seguirá atrapado en un círculo donde el empleo es escaso, la iniciativa individual es sospechada y las promesas de crecimiento se repiten, elección tras elección, sin alterar la realidad cotidiana del trabajo.

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