EL PERIODISMO EN SU JAULA

OPINIÓN

La reforma laboral incluye la derogación del estatuto del periodista, vigente desde 1944. El gremio repudia, pero es hora de eliminarlo o, al menos, modernizarlo

Por Hernán Iglesias Illa

Cuando el año pasado los nuevos dueños de Radio con Vos anunciaron decenas de despidos le pregunté a un amigo que trabajaba ahí cómo iban a financiar el costo de las indemnizaciones, que en el caso de los periodistas pueden ser hasta cuatro veces más altas que las de un trabajador normal. “Es poca guita, casi ninguno estaba en relación de dependencia”, me contestó. “Acá la gran mayoría somos monotributistas”.

Me acordé de esta conversación en estos días por el debate de la ley de reforma laboral, que votó anoche el Senado y uno de cuyos capítulos deroga el Estatuto del Periodista, creado en 1944. Asociaciones profesionales como FOPEA y los sindicatos del sector salieron en las últimas semanas a repudiar la derogación. Más de 3000 periodistas, entre ellos Marcelo Bonelli, Marcelo Longobardi y Silvia Mercado, firmaron una solicitada titulada “No a la derogación del estatuto del periodista profesional”. Su argumento principal es que la derogación significaría “un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país”.

Mi posición es que el estatuto, así como está, no le sirve a casi nadie y necesita ser reformado, en parte porque, como con el mercado de trabajo en general, ya ha sido prácticamente derogado por la realidad. Inspirado en la legislación laboral corporativa europea de los años ‘30, el estatuto original tenía previsto un ecosistema de pocas empresas grandes, con redacciones enormes y carreras profesionales de varias décadas en el mismo medio. Nada de eso existe ahora, 80 años después, cuando la fragmentación y el cambio permanente son la regla.

Pero incluso donde todavía se cumple, el estatuto perjudica más de lo que beneficia. No les sirve a las empresas periodísticas, desorientadas por cambios tecnológicos y de costumbres de la audiencia, que intentan hacer con pocos periodistas lo que podrían hacer con más. No les sirve a los periodistas amparados por el estatuto, porque encarece tanto el costo del despido que vuelve más riesgoso subir sus salarios, desde hace años inferiores a los de otros profesionales comparables. Y tampoco les sirve a los aspirantes a periodistas, encajados en un pantano de informalidad y precarización, haciendo varios trabajos a la vez con la esperanza de, algún día, conseguir un trabajo protegido por el estatuto.

Tampoco es buena esta situación, me animo a decir, para la calidad del periodismo. Es tal el riesgo de contratar a un periodista (un redactor con cuatro años de experiencia se puede llevar entre 12 y 16 sueldos brutos de indemnización), sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, que o las cosas se hacen con menos gente o se hacen con periodistas que facturan. Es difícil intentar un proyecto ambicioso y de calidad si fracasar (y todo puede fracasar, sobre todo en una industria tan inestable) cuesta tres o cuatro veces más que en un emprendimiento común.

El marco del debate sobre el estatuto no es muy distinto que la discusión sobre la reforma general. La rigidez del marco regulatorio ha generado altísimos niveles de informalidad y un estancamiento de la cantidad de puestos de trabajo, pero quienes están adentro del sistema lo defienden (porque les conviene, lo cual es una razón perfectamente racional) y quienes están afuera no saben si prefieren dinamitarlo o seguir aguantando el pluriempleo y el monotributismo hasta que les llegue milagrosamente su oportunidad.

La solicitada de los periodistas y el comunicado de FOPEA admiten que el estatuto necesita cambios y que están abiertos a discutir su “modernización”. El problema, dicen, es que esto se está haciendo sin debate. Y tienen razón: la derogación del estatuto es apenas un artículo (el 143) dentro de una amplia reforma laboral, incluido en el texto sin anuncios ni explicaciones. Su posición, sin embargo, me hace acordar a la de los productores de cine o la comunidad científica cuando el Gobierno ha empujado fuerte y a los tumbos contra el INCAA o el CONICET: sólo se han animado a admitir la necesidad de cambios cuando la amenaza disruptiva era inminente.

El mejor argumento

El mejor argumento a favor de mantener el estatuto es que protege la libertad de expresión de los periodistas. Si para una empresa es fácil despedir a un periodista que no escribe o dice lo que quieren los dueños, esto puede generar autocensura, un clima de trabajo irrespirable y, también, peor periodismo. No tengo una solución clara para eso. Quizás se podría pensar en una indemnización especial para estos casos, que el periodista pueda reclamar fácil (no a lo largo de varios años de juicios). Pero admito que es un punto complejo.

Sin embargo, lo cierto es que la gran mayoría de los despidos en el periodismo son por razones económicas, como en cualquier sector. Y, leyendo a algunos periodistas en estos días, es difícil no pensar que, para muchos, la discusión sobre su libertad convive con la expectativa de una indemnización generosa. En el gremio circulan desde hace décadas las historias de los periodistas que compraron sus departamentos con indemnizaciones pagadas a tiempo. Cuando cerró la primera versión de Perfil, en 1998, y los departamentos en CABA todavía valían menos de mil dólares el metro cuadrado, por ejemplo, decenas de periodistas que hoy rondan los 60 años se convirtieron en propietarios instantáneos después de apenas un año (o menos) de trabajo. Esas historias mantienen un poder casi mítico, a pesar de que hoy esos cálculos ya no existen (los salarios en dólares son más bajos, el metro cuadrado cuesta el doble) y que muchas empresas se han negado a pagar esas indemnizaciones o lo hicieron después de años tras ultimátum judicial. Las de Sergio Szpolski, por ejemplo, que cerró todo su tinglado kirchnerista en 2015 e hizo todo lo posible por no pagar lo que le correspondía por el estatuto.

En cualquier caso, lo que me interesa mostrarles a mis colegas de tribu es que la indemnización del estatuto funciona también como una jaula de oro, en el sentido de que te protege por abajo pero también te pone un techo por arriba. Un amigo me contaba el otro día su experiencia reciente en un medio digital importante: empezó facturando y después lo efectivizaron con un sueldo razonable pero que, en estos años de alta inflación, se fue licuando. Cuando decidió irse le pagaron la indemnización correspondiente (incluidos los años en “negro”), pero sobre la base de un sueldo en términos reales mucho más bajo que el inicial. Uso esto como ilustración de la idea de que, para una empresa periodística, aumentar un sueldo no es sólo un gasto extra presente, sino también futuro: el de los 12 o 16 o los que fueran meses de indemnización. El incentivo a contener los aumentos de sueldo, por lo tanto, es doble. Los sueldos bajísimos que cobran hoy los periodistas (excluidas las estrellas de radio y televisión, que tienen contratos por fuera del estatuto) se explican menos por la supuesta maldad de los empresarios que por una estructura de incentivos bastante clara.

Nadie puede garantizar que sin el estatuto los sueldos de los periodistas serían automáticamente más altos, porque los medios enfrentan muchos otros problemas, además del costo salarial. La lógica de los incentivos, sin embargo, sugiere que sí. Que, manteniendo lo demás constante, sin el estatuto y su hermosa indemnización, habría 1) más periodistas en relación de dependencia (menos informalidad) y, 2) sueldos más altos.

Un último punto. El estatuto consolida la identidad de trabajador que había en los ‘40: asalariado, industrial, homogéneo, poco diferenciado. El periodismo, sin embargo, se ha transformado en estas décadas en una actividad creativa, profesional, altamente diferenciada. Más allá de si la derogación ocurre o no (el proyecto de ley le pone una fecha de 180 días, lo que daría margen para negociar), siento que el estatuto es una protección para los periodistas pero también un obstáculo para su desarrollo. Tal vez la pregunta no sea si el estatuto protege o frena. Tal vez la pregunta sea qué tipo de profesión quieren (queremos) ser. Entiendo el valor de la protección ante posibles abusos y creo que se le puede encontrar la vuelta para mantenerla. Pero quizá, 80 años después, el estatuto está protegiendo más la memoria de una época que las necesidades del periodismo actual y (si sobrevive) del que viene.

Revista Seúl