POLÍTICA
Antes de la apertura de sobres, cerca de Milei acusaron a la empresa belga DEME y a sus estudios de abogados de trabar el procedimiento
Por Maia Jastreblansky
Horas antes de que se abrieran los sobres en la licitación más trascendental que tiene el Estado, la concesión de la Hidrovía por donde navegan los barcos que trasladan el 80% del comercio exterior, en la Casa Rosada transmitían bronca contra uno de las empresas internacionales interesadas en el negocio.
El blanco de las críticas de los colaboradores de Javier Milei era la firma belga Dredging, Environmental and Marine Engineering NV (DEME). En la sede de gobierno aseguraron que esa firma “trabó” en todo momento el proceso con sucesivas presentaciones judiciales y administrativas para decir que el procedimiento estaba amañado y que hizo “lobby” para perjudicar a su principal competidora, la también belga Jan de Nul, que es la concesionaria actual del dragado de la vía navegable argentina.
En el Gobierno aseguraron que entre ambas empresas, de la misma nacionalidad, hay una “disputa familiar” entre privados que “se trasladó a la Argentina”. Y que DEME contrató en el país a importantes estudios jurídicos para “interferir” en la licitación de la Hidrovía con acciones judiciales y administrativas.
En el Gobierno también evaluaron durante algunas horas qué hacer con el procedimiento, luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -el órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades en el Estado- emitiera un contundente dictamen que señalaba que hay “elementos suficientes para advertir serias irregularidades en la redacción de los pliegos” de la licitación de la Hidrovía. El escrito del fiscal Sergio Rodríguez ordenó la reformulación de las bases y condiciones para participar del procedimiento.
Pero el Gobierno decidió hacer caso omiso a su resolución y avanzar igual con la apertura de sobres para conocer los oferentes y avanzar con la licitación.
Así, a las 13 del miércoles, se hizo la ceremonia. Se había presentado una única oferente. Era DEME, la que venía denunciando que la licitación estaba direccionada para beneficiar a Jan de Nul y que esta pudiera continuar con el contrato.
En la Casa Rosada, entonces, optaron por ir a fondo. Dieron de baja a la licitación y denunciaron públicamente aquello que venían sugiriendo en los pasillos del Gobierno. Anunciaron primero una conferencia de prensa y después un anuncio sin preguntas para denunciar a DEME. Hablaron el vocero Manuel Adorni y el director ejecutivo de la agencia de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor. “La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de detener el proceso con denuncias sobre una supuesta falta de transparencia que no era tal y con falsos direccionamientos a través de manifestaciones públicas, reclamos administrativos y demandas ante la Justicia”, dijo el portavoz presidencial.
El funcionario de Puertos agregó: “Llama la atención que, pese a haber más de once empresas inscriptas para participar, solo se haya presentado una única oferta. El Estado nacional dijo que dará intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue “la posible presión por parte del único oferente, DEME, sobre las restantes empresas”.
Tal como publicó LA NACION, el tamaño del contrato (la adjudicataria podría facturar hasta US$410 millones anuales por el cobro de peajes a los barcos que llevan y traen mercadería) despertó el interés de varias empresas. Además de las belgas Jan de Nul y DEME se mostraron interesadas la danesa Rohde Nielsen, y las de Países Bajos, Boskalis y Van Oord.
Si bien es raro que ninguna, excepto DEME, haya participado, es especialmente llamativo que no haya presentado ofertas Jan de Nul, que es la que puede acreditar más experiencia porque es la actual prestadora del servicio. También despetaba curiosidad en el sector por qué no se presentó Van Oord, que estaba presente en el acto de apertura de sobres. Otras empresas dicen haber desistido por considerar que la licitación estaba direccionada.
“Nosotros sabemos que operaron para vaciar la licitación”, aseguraron a LA NACION muy cerca de Milei. Y apuntaron, una vez más, al estudio Cassagne. La cuenta en X atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, @MileiEmperador, ya venía castigando a ese bufete especializado en derecho administrativo en los últimos meses y la acusaba de operar contra el Gobierno. También hubo enojo con la Sociedad Rural (SRA) y con el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud.
En la estrategia judicial de DEME, sin embargo, intervinieron varios estudios jurídicos. A las presentaciones judiciales de la firma belga las firmó el abogado Cristian Pablo Lacoste, del estudio Bunge, y la empresa también contó con el patrocinio de Marval O’Farrell Mairal. El estudio Cassagne también colaboró con aspectos de derecho administrativo.
El Gobierno anunció que va a “salir a perseguir con todo el peso de la ley” a “aquellos involucrados en este intento de sabotaje del proceso licitatorio”. Dijeron que se dará de baja la licitación y que, recién una vez que esté cerrado el proceso judicial, la agencia de Puertos y Navegación se va a poner a trabajar “en los nuevos pliegos”. Todo indica que Jan de Nul seguiría operando hasta que haya una nueva licitación.
(LA NACIÓN)
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