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Batalla judicial en tribunal federal de Miami
Por Jay Weaver
El destino de miles de millones de dólares acumulados en cuentas bancarias, propiedades y autos de lujo de funcionarios venezolanos convictos y sus compinches de negocios se ha enredado en una colosal batalla en el tribunal federal de Miami.
Por un lado está el partido de oposición de Venezuela, que trata de recuperar grandes sumas de dinero robadas por altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro a través del soborno y esquemas financieros en el monopolio petrolero estatal.
Por otro está el gobierno de Estados Unidos, que mientras Maduro siga en el poder se niega a entregar bienes incautados a decenas de acusados de saquear a Petróleos de Venezuela y ocultar el dinero en cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa.
Pero los obstáculos jurídicos y políticos a cualquier solución son elevados.
Por un lado, Maduro ha mostrado pocas señales de perder el control de la presidencia en medio de la caída libre económica de Venezuela, a pesar de haber sido acusado recientemente de cargos de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y la petrolera nacional del país, PDVSA, fue incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro.
Además, las negociaciones secretas entre abogados del Departamento de Justicia y representantes del partido de oposición de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, sobre cómo distribuir el dinero de PDVSA no han llegado a ninguna parte. Los abogados de la oposición admitieron en una reciente declaración judicial que “no parece que tal acuerdo esté cerca de fructificar en este momento”.
Esa falta de avance ha hecho aumentar la importancia de un caso masivo de corrupción con dinero venezolano en Miami, que pudiera tener repercusiones para el futuro de los fondos gubernamentales malversados de Venezuela.
“Si no se ha gastado todo en Ferraris e inmuebles, estamos hablando de miles de millones de dólares”, dijo Russell Dallen, abogado y gerente de inversiones con negocios en el sur de Florida y Caracas, quien ha seguido la serie de encausamientos por lavado de dinero venezolano en Miami y Houston. “El dinero fue robado a PDVSA”.
El caso de Miami acusa a funcionarios de PDVSA, a empresarios cercanos al régimen de Maduro y a otros de convertir un préstamo de $40 millones a la petrolera en $600 millones de ganancias en 2014 y 2015, a través de un sistema favorable de cambio de divisas disponible solamente para personas con fuertes conexiones políticas.
De los nueve acusados en el caso, tres se han declarado culpables, entre ellos Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, quien admitió haberse embolsillado $12 millones en sobornos por ayudar a empresas fantasma a hacer préstamos falsos a PDVSA para que pudieran ser reembolsados a través del sistema preferencial de cambio del gobierno. Un juez federal ya ha permitido que el gobierno federal pierda el derecho a los millones de Ortega como parte de su acuerdo de negociación de cargos.
El año pasado, su caso individual abrió la puerta para que el gobierno venezolano participara en el caso, con la esperanza de recuperar no sólo los pagos ilícitos de Ortega depositados en el sur de Florida, sino también todo el dinero que el gobierno afirma que perdió como resultado de su conducta corrupta como alto funcionario petrolero.
Sin embargo, pronto se descubrió que el fiscal general de Maduro estaba liderando el esfuerzo para recuperar ese dinero a nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Los fiscales estadounidenses dejaron claro que la administración del presidente Donald Trump solo reconoce a Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela. Entonces, un abogado designado por Guaidó entró en escena y dijo que la oposición era el representante legítimo de Venezuela.
Pero ahora, después del fracaso de las negociaciones entre bastidores, el representante legal de Guaidó y un bufete de abogados de Washington DC han dado un giro de 180 grados en sus tácticas. En lugar de ser defensores de la república venezolana, están tratando de recuperar el dinero en el caso de Miami en beneficio de PDVSA, alegando que la petrolera nacional es una “víctima” de malversación por los llamados cleptócratas venezolanos. El Departamento de Justicia no solo se niega a reconocer a PDVSA como víctima, según la ley federal, sino que cree que la petrolera estatal ha sido “cómplice” en sobornos y esquemas financieros que han drenado a la nación de valiosos recursos para alimentos, medicinas y vivienda.
El resultado de esta disputa con fiscales estadounidenses en Miami y Washington podría tener implicaciones para los miles de millones de dólares sobre los que el Departamento de Justicia tiene la mira puesta en varios procesos de corrupción relacionados con Venezuela.
En una demanda judicial, los abogados estadounidenses de Guaidó, del bufete Arnold & Porter, describen a Ortega como un “empleado corrupto” que delinquió contra la compañía petrolera y por lo tanto PDVSA es una víctima según las leyes estadounidenses y tiene derecho a fondos incautados por el Departamento de Justicia.
“Las pruebas muestran que Ortega, entonces ejecutivo de PDVSA, se confabuló para malversar cientos de millones de dólares de PDVSA y blanquear las ganancias”, según documentos presentados al tribunal. “Ortega aceptó $12 millones en sobornos e iba a recibir aún más cuando las autoridades intervinieron; a cambio, manipuló a PDVSA desde dentro para canalizar “reembolsos de préstamos” falsos a las empresas fantasma con el fin de extraer dinero de PDVSA”.
El bufete de Arnold & Porter declinó comentar sobre su decisión de sustituir a PDVSA por la república venezolana en sus esfuerzos por recuperar dinero a nombre del partido de oposición y de Guaidó. Según una presentación judicial, esa decisión estratégica fue tomada por el fiscal general especial de Guaidó, José Ignacio Hernández.
“El fiscal general especial concluyó que la República no es el solicitante apropiado para el reconocimiento de la condición de víctima y la restitución, sino que el solicitante apropiado es PDVSA”, dice la presentación, señalando que era esencial “proteger los bienes del pueblo venezolano”.
Para los fiscales estadounidenses, PDVSA, incluida su filial estadounidense Citgo, es sinónimo de corrupción, aunque la petrolera controlada por el gobierno no ha sido acusada en ningún caso de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos.
En respuesta a la medida de la oposición venezolana en el caso de Miami, los fiscales federales dijeron que PDVSA, sin importar quién la controle, no puede recibir ninguna parte del dinero incautado en casos de lavado de dinero de Estados Unidos contra funcionarios y cleptócratas venezolanos porque la entidad no cumple los requisitos de “víctima” según las leyes estadounidenses y “participó en la conducta corrupta generalizada”.
“El hecho de que el gobierno no haya acusado a PDVSA de un delito en relación con el esquema o la haya identificado como confabulado no acusado en los documentos de encausamiento presentados contra los acusados en estos casos no tiene importancia”, escribió el fiscal federal miamense Michael Nader en una presentación judicial.
Para probarlo, Nader dijo en una declaración judicial que durante la última década en los casos de Miami y Houston “12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, ocho funcionarios de PDVSA que recibieron sobornos y un intermediario se han declarado culpables en relación con las investigaciones sobre corrupción en PDVSA en curso en Estados Unidos”.
Además de Ortega, son: Edoardo Orsoni, ex asesor jurídico general de PDVSA y una de sus filiales; Abraham Shiera y Roberto Rincón, contratistas de PDVSA; José Luis Ramos, ex gerente de compras de PDVSA; Javier Alvarado Ochoa y César Rincón, ex altos funcionarios de la filial de adquisiciones de PDVSA, Bariven.
El año pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también impuso sanciones a PDVSA y Citgo, con sede en Houston, para frenar el flujo de ingresos petroleros al gobierno de Maduro. También es significativo que el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck Zaiden El Aissami, ex vicepresidente, fue sancionado por la OFAC en 2017 y acusado el año pasado en el tribunal federal de Nueva York por cargos de infringir la una ley federal antinarcóticos y las sanciones relacionadas del Tesoro.
Los fiscales también señalaron que otros países, entre ellos España, Portugal y Suiza, han abierto casos penales contra funcionarios de PDVSA y sus asociados.
Pero Dallen y otros observadores legales no estuvieron de acuerdo con la posición del gobierno de Estados Unidos, diciendo que PDVSA es una víctima porque Ortega violó su deber fiduciario a la compañía petrolera nacional a un costo de cientos de millones de dólares.
“Si Estados Unidos va a seguir procesando a la gente por aceptar sobornos en violación de sus deberes fiduciarios, entonces el gobierno debe ser honesto sobre todo el proceso”, dijo el ex fiscal federal Joseph DeMaria, abogado defensor de Miami que ha representado a empresarios venezolanos. Señaló que en el infame caso federal de Nueva York que acusaba a funcionarios de la organización internacional de fútbol, la FIFA, y otros asociados por soborno y corrupción, un juez federal concluyó que la organización era una víctima.
“Si hubiera habido un juicio, el gobierno tendría que probar que Ortega violó su deber fiduciario a PDVSA y luego, al igual que en el caso de la FIFA, el asunto quedaría claro. Pero en este caso tienen una declaración de culpabilidad y el gobierno trata de escabullirse alrededor de los elementos del delito y salir ganando siempre: condenar a Ortega y también negar la condición de víctima de Venezuela.
“Si el gobierno realmente quiere privar al pueblo venezolano del dinero, necesitan presentar sus pruebas al tribunal en una audiencia para probar que PDVSA en sí es un coconfabulado”, dijo DeMaria.
Dallen, quien también es abogado y observador cercano de los asuntos venezolanos, concordó.
“Esto no es un delito sin víctimas”, dijo Dallen. “Los accionistas de PDVSA son el pueblo venezolano, y les robaron su dinero. Arrasaron con el dinero y ahora hay gente en Venezuela que se muere de hambre”.
La jueza federal de distrito Kathleen Williams, quien preside el caso de Ortega, pronto decidirá si debe celebrar una audiencia sobre el esfuerzo de PDVSA para recuperar ese dinero en el caso de Miami.
Si eso falla, la legislación aprobada por el Congreso el año pasado podría proporcionar una alternativa para que el líder de la oposición venezolana recupere los fondos malversados a PDVSA. La ley, impulsada por uno de los críticos más fuertes de Maduro, el senador federal floridano Marco Rubio, proporcionaría alivio al pueblo venezolano mediante el establecimiento de un fondo para administrar los activos incautados a los cleptócratas “que podría devolverse a un futuro gobierno democrático en Venezuela”.
(El Nuevo Herald)
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