OPINIÓN
Hay una verdad incómoda que la Argentina viene evitando mirar de frente desde hace más de una década: quienes dicen defender al trabajador son, en los hechos, los principales responsables de su empobrecimiento
Por Carlos Mira
Sindicatos, izquierda y kirchnerismo conforman un triángulo perfecto de hipocresía política que, bajo el disfraz de la justicia social, montó un sistema diseñado para no crear trabajo, no generar riqueza y perpetuar la dependencia.
Los números no opinan. Desde 2011, la Argentina no crea empleo privado genuino. No uno. Catorce años de estancamiento laboral en un país que creció en población, en informalidad y en pobreza. ¿El resultado? Un mercado laboral raquítico, un Estado hipertrofiado y millones de personas condenadas a la precariedad o al asistencialismo eterno. Pero claro, para los autoproclamados “defensores del pueblo”, el problema nunca fue ese. El problema siempre fue el empresario, el mercado o alguna entelequia neoliberal que les permite esquivar su propia responsabilidad.
La consecuencia directa de esta parálisis es devastadora: menos trabajadores registrados implica menos aportantes al sistema previsional. Y menos aportantes significa jubilaciones inviables. Lo que hoy se presenta como una “defensa del jubilado” es, en realidad, la demolición sistemática de su futuro. No hay sistema previsional que sobreviva si cada vez menos gente trabaja en blanco. Pero de eso no se habla. Es más cómodo agitar consignas que hacerse cargo de la matemática básica.
Mientras tanto, el nivel de vida de los argentinos se desplomó como nunca en los últimos veinte años. La pobreza se multiplicó, las villas miseria se quintuplicaron y el ascenso social pasó a ser un recuerdo nostálgico. La Argentina que supo integrar, progresar y generar oportunidades fue reemplazada por un país fragmentado, con generaciones enteras condenadas a vivir peor que sus padres. ¿Y quiénes gobernaron durante la mayor parte de ese proceso? Exacto: los mismos que hoy se rasgan las vestiduras contra una reforma laboral que ni siquiera leyeron.
Porque ese es otro punto central de esta farsa: se opusieron a la reforma sin conocer una sola línea del proyecto. Gritaron “inconstitucional” como quien grita “fuego” en un teatro lleno, sin argumentos, sin análisis, sin siquiera el pudor de disimular la ignorancia. La palabra “inconstitucional” se convirtió en un amuleto mágico para frenar cualquier cambio que amenace un statu quo que los beneficia.
Y cuando se les pidió diálogo, silencio. No hubo un solo pedido serio de reunión, una sola propuesta alternativa, una sola intención genuina de discutir cómo generar empleo formal en el siglo XXI. Nada. El único interés fue bloquear, trabar, judicializar. Porque discutir implica arriesgar privilegios, y eso es lo único que no están dispuestos a hacer.
Mientras tanto, la llamada “industria del juicio” sigue funcionando a pleno. Más de 650.000 juicios laborales en trámite. Un sistema en el que el trabajador, paradójicamente, termina recibiendo apenas el 45% de lo que se sentencia. El resto se lo reparten abogados, peritos y engranajes de una maquinaria perversa que vive del conflicto, no de la solución. Ese es el verdadero negocio. Ese es el curro que nadie quiere tocar.
Y sin embargo, los mismos de siempre siguen repitiendo el verso de que “defienden al trabajador”. Lo explotan políticamente, lo usan como bandera, lo convierten en rehén. Lo mantienen atrapado en un sistema que desalienta la contratación, castiga al que emprende y premia al que litiga. Lo empobrecen mientras dicen protegerlo.
La verdad es brutal, pero necesaria: no se oponen a la reforma laboral por amor al trabajador. Se oponen porque una Argentina que genere empleo, que formalice, que crezca y que premie el esfuerzo, les quita poder. Les quita relato. Les quita negocio.
Y eso es, en el fondo, lo único que realmente defienden.
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