OPINIÓN
Es la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU. Es sobre el Cambio Climático y reúne en la ciudad brasileña de Belém a delegaciones de 194 países
Por Walter R. Quinteros
La conferencia se desarrolla sin la presencia mayoritaria de jefes de Estado y con expectativas moderadas respecto de sus resultados. En el desarrollo de la nota veremos el por qué.
Sin embargo, el simbolismo de realizarla en la puerta de entrada a la Amazonia y el impulso de Brasil como anfitrión colocaron en el centro del debate la urgencia de acelerar la transición energética y la descarbonización global, así como la necesidad de "mecanismos financieros" capaces de sostener este esfuerzo.
Cuando aparecen sintagmas como "mecanismos financieros", la cosa se complica, porque cada punto de la implementación ya despiertan dudas. Veamos: Son tres temas que buscan la implementación de compromisos previamente asumidos, con el objetivo de mantener viva la meta del límite de +1,5 °C establecida en el Acuerdo de París. Al ritmo actual, las políticas vigentes proyectan un calentamiento de +2,5 °C para finales de siglo, lo que subraya la brecha entre lo prometido y lo necesario.
El presidente brasileño Lula da Silva destacó que realizar la conferencia en Belém era un acto político y simbólico que reconoce a la Amazonia no como un territorio abstracto, sino como un espacio donde conviven cerca de 50 millones de personas, incluidas 400 comunidades indígenas. Para Lula, situar la Conferencia en el corazón de la región amazónica, es recordarle al mundo que el bioma amazónico es parte esencial de la solución climática.
Les propuso fortalecer la cooperación global mediante la creación de un Consejo Global del Clima ligado a la Asamblea General de la ONU, con el fin de asegurar mayor coordinación y responsabilidad política entre los países. Pero suena a más burocracia ya que habla de conformar otra comisión dentro de comisiones y organizaciones. Más cargos, más sueldos.
Y más allá de las declaraciones y gestos políticos, todos sabemos que ante estas situaciones surge siempre la discusión de cómo financiar la transición energética en un contexto de urgencia climática creciente. Es para destacar entonces el mecanismo presentado por Brasil, la Coalición Abierta para la Integración de los Mercados de Carbono. Si prestamos atención, esta iniciativa busca armonizar y conectar distintos sistemas de comercio de créditos de carbono que hoy operan de manera fragmentada en el mundo.
Se trata de una propuesta que se fundamenta en fijar precios del carbono como instrumento central para estimular la descarbonización, internalizando los costos ambientales de las emisiones y orientando las decisiones de empresas, consumidores e inversores hacia opciones de menor huella climática.
Ante este panorama, los grandes emisores —especialmente empresas de energía, transporte e industrias pesadas—, deberán asumir una responsabilidad directa en su proceso de descarbonización y estar sujetos a un mercado regulado.
La coalición, voluntaria y abierta a nuevos miembros en cualquier momento, pretende crear un espacio de cooperación donde los países que lo deseen puedan alinear estándares, fomentar la liquidez del mercado de carbono y mejorar la transparencia de las transacciones.
Tenemos entonces que más allá de la Conferencia de las Partes en Belém, (COP30) Brasil busca ofrecer un mecanismo práctico que acelere la implementación del Acuerdo de París, apoyándose en un marco financiero capaz de generar incentivos económicos claros para reducir emisiones.
La propuesta brasileña también incorpora mecanismos destinados a garantizar que la transición energética sea justa. Entre ellos se incluye la redistribución de ingresos generados por la venta y asignación de cuotas de descarbonización, así como un proceso de reciclaje de ingresos para compensar las desigualdades entre países y dentro de cada sociedad. Y esto es clave para evitar que los países de menores ingresos queden rezagados en la transición o asuman cargas desproporcionadas frente a los grandes emisores históricos.
En paralelo a la integración de los mercados de carbono, la COP30 discute una ambiciosa meta de financiamiento global, que es la de movilizar 1,3 billones de dólares anuales para 2035 provenientes de todas las fuentes públicas y privadas.
En consonancia con el editorial publicado ayer, titulado Sobre basurales y economía circular, y que habla del reciclaje que son rechazar, reducir, reutilizar, reparar y reciclar. En este frente de acción propuesto en Belém nos encontramos que para llegar a los 1,3 billones hay aquí también el uso de cinco "r": Reponer. Reequilibrar. Redirigir. Renovar. Remodelar.
Pero nos encontramos ante un tipo de control sobre el que propone instrumentos innovadores como impuestos internacionales al carbono, gravámenes al transporte aéreo y marítimo, canjes de deuda por acción climática y una reforma profunda de la arquitectura financiera internacional. ¿Le sirve a la economía de los países? ¿Es aplicable? Porque la mayor parte dependerá del sector privado, los bancos de desarrollo y la cooperación multilateral.
El éxito de la Conferencia en Belém, dependerá de la voluntad política de los países para traducir compromisos en medidas concretas que permitan sostener un futuro compatible con la meta de +1,5 °C. ¿Aceptarán los países altamente industrializados? Porque cuando se habla de regular mercados se habla de impuestos, y cuando se habla de impuestos, se habla de caja. Cuando se habla de caja, se habla de "destinos" de los fondos. Cuando se habla de fondos para sostener esfuerzos, se sostienen más dudas que certezas.
En fin.

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