POLÍTICA
Los incómodos vínculos del kirchnerismo con el narcotráfico
El kirchnerismo siempre intentó mostrarse como un movimiento político comprometido con la justicia social y la inclusión, pero detrás del relato progresista se esconde una trama mucho más oscura: sus múltiples conexiones con el narcotráfico.
Como reveló oportunamente Tribuna de Periodistas, desde los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner hasta la actualidad, las denuncias, investigaciones judiciales y vínculos personales de dirigentes K con redes de tráfico de drogas se multiplican y trazan un mapa preocupante.
Uno de los casos más emblemáticos es el de “Los narcoaviones de Lázaro Báez”, empresario estrella del kirchnerismo y principal contratista del Estado durante la “década ganada”. Investigaciones periodísticas y judiciales revelaron que parte de su flota aérea fue utilizada para traslados sospechosos de dinero y drogas entre Santa Cruz y Buenos Aires.
Aunque las causas se dilataron, los informes de inteligencia de la época advertían sobre la utilización de empresas K como fachada para operaciones de lavado vinculadas al narcotráfico.
Otro episodio que dejó al descubierto la penetración del narcotráfico en los círculos kirchneristas fue el Triple Crimen de General Rodríguez, en 2008. Los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina —vinculados al tráfico de efedrina— tenían contactos con funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y aportaron dinero a la campaña presidencial de 2007. El caso destapó la ruta de la efedrina, que convirtió a la Argentina en una plataforma regional para el narcotráfico, bajo la mirada permisiva del poder político.
También sobresale el escándalo de la “narcocausa de Itatí”, donde fueron detenidos el intendente kirchnerista Natividad “Roger” Terán y su vice, Fabio Aquino, acusados de integrar una red de contrabando de marihuana desde Paraguay. El caso fue un golpe demoledor para la imagen del kirchnerismo en el norte del país y evidenció cómo el narcotráfico había infiltrado estructuras municipales, policiales y judiciales bajo su gestión.
El vínculo con el narcotráfico también aparece en figuras cercanas al poder. La exministra de Seguridad Nilda Garré fue señalada por su falta de acción frente al avance narco en Rosario y el conurbano bonaerense, y por haber permitido el crecimiento de las organizaciones criminales durante su gestión.
Del mismo modo, la exembajadora en Venezuela Alicia Castro y otros dirigentes K fueron mencionados en informes internacionales por su relación con operadores vinculados al cartel de los Soles, una red del narcotráfico militar venezolano.
Se suman personajes de la talla de Aníbal Fernández y Sergio Massa, que confirman que los lazos entre el kirchnerismo y el negocio de la droga no son hechos aislados, sino parte de una estructura sistemática de poder y encubrimiento.
Mientras tanto, el discurso K insiste en culpar a otros sectores políticos del avance del narcotráfico, cuando los datos, las causas judiciales y los testimonios apuntan con fuerza hacia su propio entramado. Detrás de la retórica “nacional y popular”, se esconde un entramado de dinero sucio, complicidades estatales y silencio político que facilitó el crecimiento del narcotráfico en la Argentina.
Hoy, en el contexto de lo ocurrido con José Luis Espert y Fred Machado, la sociedad exige respuestas: ¿Cuánto sabía realmente el kirchnerismo sobre las redes narco que operaban bajo su protección? ¿Cuántos de sus dirigentes se beneficiaron directa o indirectamente de ese negocio?
Las respuestas a esas preguntas podrían revelar el costado más oscuro de un proyecto político que, bajo la bandera de la justicia social, permitió que la droga envenenara a un país entero.
Tribuna de Periodistas
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