OPINIÓN
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió a marinos que forman parte de este despliegue militar frente a las costas venezolanas, que “lo que están haciendo ahora no es un entrenamiento”
Por Rosendo Fraga
Ante el Congreso, Trump dijo que Estados Unidos está en conflicto armado formal con los carteles de la droga y que los miembros de dichas organizaciones criminales “son combatientes ilegales”. El documento que se remitió al Congreso al respecto señala también que deben considerarse “acciones legítimas” los recientes ataques militares que el presidente ordenó contra las llamadas “narco-lanchas”, que produjeron cinco hundimientos de embarcaciones menores y la muerte de más de veinte tripulantes (no hubo ningún sobreviviente en estas operaciones). Calificó a los carteles como “grupos armados no estatales que atacan” a Estados Unidos.
Para diversos juristas consultados por el New York Times, la medida consolida el derecho del presidente a usar poderes extraordinarios en tiempos de guerra y para la mayoría la decisión facilita el camino para un ataque militar dentro del territorio venezolano. A su vez, el ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, denunció el “acoso militar” de aviones de combate norteamericanos que, aseguró, vuelan cerca de las costas del país. Detalló que se detectaron vuelos de cinco cazas, lo cual fue “comprobado y verificado”. Sostuvo también que “nunca habíamos visto este despliegue de F-35. Sabemos que están estacionados en Puerto Rico. Los estamos viendo. Quiero que sepan que tampoco eso nos intimida”. Sostuvo que, como respuesta, Venezuela activará una “movilización nacional” en el caso de que se llegara a una agresión mediante la declaración del “estado de conmoción exterior”, que le otorga al presidente Nicolás Maduro facultades especiales.
Para la administración Trump ha fracasado el llamado a las armas al pueblo que realizó el presidente Maduro y se evidencian fuertes reticencias a integrar las milicias armadas del gobierno.
Al finalizar la primera semana de octubre, el gobierno venezolano realizó un desfile militar en la capital, en el que desfilaron tanques y otros armamentos para mostrar el poder militar del país. Tuvo lugar después del hundimiento de las embarcaciones, que según Estados Unidos transportaban droga. Para la inteligencia estadounidense sólo “grupos limitados, pequeños y desganados” partidarios del gobierno, acompañaron el desfile. Consideran que los venezolanos están eludiendo el reclutamiento en las milicias que el gobierno de Maduro intenta organizar para enfrentar un eventual ataque estadounidense. El presidente venezolano convocó a que voluntariamente se integren los venezolanos a estas milicias.
Según las fuentes disponibles desde Washington, sólo lo hicieron empleados públicos y partidarios del gobierno. De acuerdo a lo que Trump anunció al Congreso estadounidense, ha designado a Maduro como el líder del “Cártel de los Soles”, calificado de terrorista junto con el “Tren de Aragua”, el otro cártel que recibe la misma calificación. Tras rechazar Washington un mes atrás una propuesta de diálogo de Maduro, los preparativos para una acción militar estadounidense parecen haber avanzado. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió a marinos que forman parte de este despliegue militar frente a las costas venezolanas, que “lo que están haciendo ahora no es un entrenamiento”.
La posibilidad de un ataque estadounidense circunscrito o limitado contra Venezuela parece haberse incrementado. El contingente militar desplegado, integrado por ocho destructores, un submarino a propulsión nuclear, buques de desembarco y los aviones F-35, parece haber avanzado en su nivel de alerta y adiestramiento.
A su vez, durante el mes de septiembre, las Fuerzas Armadas venezolanas realizaron un ejercicio militar en la isla de Orchila, a 160 kilómetros de Caracas. Es considerada un blanco potencial para ser ocupada por las fuerzas de desembarco estadounidenses. Por su parte, el gobierno venezolano ha informado al estadounidense que tiene el propósito de proteger la embajada de Washington en Caracas. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, sostuvo públicamente que la “policía diplomática ha estado en contacto constante” con representantes estadounidenses, para garantizar la seguridad del edificio de su sede diplomática.
Aunque los dos países rompieron relaciones en 2019, se ha mantenido una estructura mínima en la sede diplomática de Washington. José Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, que tiene a su cargo el débil diálogo con Estados Unidos, sostuvo que su país transmitió al Ejecutivo estadounidense que podrían tener lugar una operación de “falsa bandera” -para acusar de ello a Venezuela- por tres vías distintas, y en las cuales se utilizarían explosivos letales contra la embajada estadounidense. Dijo que el plan ha sido ideado por “sectores extremistas de la derecha local”. El ministro de Defensa venezolano, Padrino López, aseguró que en las últimas semanas se han activado mecanismos de defensa “acordes a la progresividad de la amenaza militar”.
En este marco, el gobierno venezolano anunció un nuevo despliegue militar en las dos regiones costeras del norte del país, donde está el principal aeropuerto, como respuesta a las maniobras militares dispuestas por Estados Unidos. Más de sesenta ONGs enviaron una carta al Congreso estadounidense exigiendo frenar la escalada militar, algo que no influirá en las decisiones de Trump.
Mientras tanto, Lula y Trump se comunicaron telefónicamente y acordaron un encuentro que todavía no tiene fecha ni lugar, pero que es un cambio en la situación política regional.
LOS ANDES
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