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Trump está dispuesto a seguir usando el instrumento militar contra Venezuela, aunque no sea en el ámbito terrestre
Por Rosendo Fraga
En los primeros días de septiembre se amplió la presencia militar estadounidense en el Caribe, frente a Venezuela. Pese a ello, el escenario probable sigue siendo que no se realicen operaciones estadounidenses relevantes en territorio continental venezolano. El lema de “No más botas en el terreno” sigue vigente en la política militar de Trump.
El presidente es consciente de que tiene que limitar las operaciones al ámbito naval, aéreo y cibernético. La confusa destrucción de un buque pequeño con personal venezolano que supuestamente transportaba droga quizás sea una medida más de impacto mediático que militar. Hay un uso desproporcionado de la fuerza en cuanto al objetivo a alcanzar, lo que ha generado dudas y debates sobre el origen y alcance de la operación.
Pero Trump está dispuesto a seguir usando el instrumento militar contra Venezuela, aunque no sea en el ámbito terrestre. Como parte de estas operaciones, aviones de combate estadounidenses sobrevolaron el territorio de Puerto Rico, donde la inteligencia norteamericana presume que actúan carteles de la droga. También aviones venezolanos se acercaron a los estadounidenses, en una actitud militar amenazante. Trump entonces insistió en su decisión de derribarlos si se repetía el episodio. Latinoamérica, que estaba fuera del conflicto global articulado alrededor de Ucrania y Gaza, ha pasado a tener un lugar de mayor prioridad para el Departamento de Estado. En los últimos días su titular, Marco Rubio, visitó a la presidente mexicana, Claudia Sheimbaum, para asegurarle que las tropas estadounidenses no iban a ingresar a México sin coordinación previa con las mexicanas. Luego visitó Ecuador y se reunió con el presidente Daniel Noboa, quien ratificó su disposición a permitir la entrada de tropas estadounidenses en su país para combatir los carteles de la droga.
Mientras tanto, el Jefe del Pentágono, Peter Hayes, visitó el mayor buque de desembarco de la Armada norteamericana. Fue otra señal respecto a la disposición de emplear el poder militar sin limitaciones, aunque esto es poco probable que suceda. Al mismo tiempo continúa el debate respecto al buque con matrícula civil venezolana que fue abatido por la Armada norteamericana, donde murieron sus once tripulantes. La discusión no sólo se plantea en el ámbito interamericano, sino dentro de la misma política estadounidense. Desde el partido demócrata se dice que la operación se desarrolló al márgen de las normas vigentes, es decir las reglas de empleo que determinan el uso de la fuerza en una operación de este tipo. Dicha regulación establece que primero el buque debe ser advertido para que cese su tránsito y luego es abordado. El paso siguiente es inspeccionar a los tripulantes y la carga del buque para determinar si hay o no vinculación con el narcotráfico y, de acuerdo a ello, proceder o no con la detención de los tripulantes y la incautación de la carga. Una operación como la que tuvo lugar en el sistema de seguridad estadounidense corresponde, según la concepción demócrata, a la Guardia Costera y no a la Armada, que tiene una capacidad militar mucho mayor en cuanto a armamento y alcance.
Mientras tanto, Estados Unidos sigue adelante con su acción diplomática en apoyo de la operación militar contra la acción de los carteles de la droga en el Caribe. Estados Unidos y Brasil compiten en la región con dos posiciones diferentes. La potencia sudamericana critica a Washington por el despliegue militar en el Caribe, al cual considera innecesario en cuanto a su dimensión y violatorio de la soberanía de los países.
Gradualmente, la administración Trump fue sumando, en apoyo a su postura, a países como El Salvador, Honduras y Panamá en América Central; otra media docena del Caribe, como Trinidad Tobago; y en América del Sur ha sumado a Guyana, una ex colonia británica que tiene un conflicto territorial con Venezuela. Buques de baja envergadura del Reino Unido y Francia participan de la operación militar estadounidense. En esta región Ecuador y Paraguay se sumaron también a la posición estadounidense, como lo hizo además Argentina. Colombia es el país sudamericano que adoptó la postura más firme en contra de la operación estadounidense. Brasil lo hizo también, pero con un lenguaje diplomático menos confrontativo, como caracteriza a la diplomacia brasileña. Hasta el momento, Uruguay y Chile mantienen una posición similar a la de Brasilia. Como es lógico, los aliados de Venezuela se oponen frontalmente a la presencia militar estadounidense en el Caribe: Cuba, Nicaragua y Bolivia, cuyo gobierno tiene pocas semanas por delante. Estados Unidos y Brasil también están discrepando respecto a la situación de Haití. Washington pretende que se despliegue allí una fuerza multinacional para combatir las bandas vinculadas al narcotráfico, mientras que Brasilia mantiene la posición de que es poco conveniente hacerlo en este momento.
La tensión militar en el marco internacional da relevancia al despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe. Tanto en la guerra entre Ucrania y Rusia como en la que tiene lugar entre Israel y Hamas en Gaza, Estados Unidos no tiene tropas en el terreno. Se limita al apoyo aéreo, una participación naval limitada y actividades de inteligencia en el ciberespacio. Sería una paradoja que en este contexto llevara una guerra militar al territorio venezolano y no es lo probable que así sea.
LOS ANDES
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