OTRA MÁS DEL KIRCHNERISMO

OPINIÓN

La tragedia del fentanilo contaminado sigue su curso sin que las autoridades judiciales que tiene en a su cargo la investigación den señales que está a la altura de las circunstancias

Por Carlos Mira

El juez Ernesto Kreplak en la provincia de Buenos Aires parece ausente y sin la convicción ni la autoridad para avanzar en reclamar las responsabilidades que corresponden a las autoridades de los laboratorios involucrados.

Kreplak además lleva sobre sus hombros una carga clave: es el hermano del ministro de Salud de la provincia -Nicolás Kreplak- que es la supuesta autoridad de aplicación que debería fiscalizar los fármacos que están en el mercado.

Las consecuencias de la circulación de esta sustancia en procesos médicos relacionados básicamente con la anestesia, ha provocado ya más de 90 muertos, más que el atentado a la AMIA, a la embajada de Israel o que la tragedia de Once. Hasta ahora solo el espanto de Cromagnon lo supera.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires que es donde se ha esparcido con mayor virulencia el efecto de esta mala praxis parece ausente de toda intervención.

Rápido para adjudicarse la compra de aparatología médica que casi inmediatamente se comprobó había sido adquirida, en realidad, por el gobierno nacional, aquí aparece actuando (o no actuando) como si nada ocurriera.

La situación es por demás bizarra desde el punto de vista investigativo porque el juez competente debió excusarse poco menos que de inmediato siendo que su hermano es nada menos el que el ministro del area en la provincia, uno de los principales personajes sobre los que la investigación, justamente, debería recaer.

La situación está generando un estado de zozobra generalizado en la población que se siente sometida a una gigantesca ruleta rusa en donde no se sabe cuándo y contra quién va a salir el próximo disparo.

Personas que debían exponerse a intervenciones tontas han terminado saliendo muertas de los sanatorios por los que este veneno circulaba.

Mientras los nuevos directivos del laboratorio aparecen con vinculaciones estrechas con el PJ de la provincia (Sebastián Nanini -de él se trata- fue apoderado de varias listas del PJ bonaerense y letrado de la ex esposa de Lázaro Báez), por otro lado aseguran que cuando quede segura la adquisición del 99% de las acciones del laboratorio van a dejar de producir fentanilo.

El kirchnerismo acaba de rechazar en Diputados la creación de una comisión investigadora del caso. Con la misma velocidad que impulsa la creación de una que investigue a Milei por el caso Libra, bloquea la iniciativa del PRO y de Silvana Giudici para que el Congreso investigue qué ocurrió con el apoyo político que se huele detrás de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, las compañías cuyas autoridades de aquel momento, encabezadas por Ariel García Furfaro, fueron las que viajaron a Rusia en la comitiva oficial para distribuir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V durante el gobierno de Fernández-Kirchner.

“Que quede claro, entonces, que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo”, denunció la diputada Silvana Giudici, tras el retiro del quórum en la Cámara de Diputados para formar una comisión parlamentaria que investigue a fondo las implicancias sanitarias y políticas de este desastre.

Hasta el 11 de mayo pasado en que la ANMAT les retiró la autorización para producir la droga, realizaban millonarios negocios a través de licitaciones públicas en los municipios del conurbano bonaerense y otras provincias del país, de varios colores políticos, pero sobre todo ligados a los denominados “barones del conurbano” y obras sociales sindicales.

Paradójicamente la complicidad legislativa kirchnerista con esta mala praxis tuvo escasa repercusión pública porque ese día, en la última sesión del 7 de agosto, la oposición le asestó un nuevo revés político al presidente Javier Milei al aprobar, con el apoyo de más de los dos tercios de los presentes, el proyecto de ley que declara la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica y que le ordena al Poder Ejecutivo aumentar los salarios del personal y de los médicos residentes del Hospital Garrahan, en conflicto desde hace varios meses por falta de financiamiento. Poco antes, y también por una contundente mayoría, la Cámara Baja le había dado luz verde al aumento del financiamiento universitario.

Ver este nivel de bajeza y de uso político de la cuestión sanitaria por parte del kirchnerismo que azuza la demagogia con la cuestión del Garrahan pero que protege a asesinos preterintencionales porque hacían negocios con ellos, no hace más que confirmar el tipo de material del que está hecha la banda que hundió al país en la miseria en la que se encuentra hoy.

El proyecto de Giudice proponía indagar no sólo en las causas inmediatas de la tragedia, sino también en los vínculos políticos y empresariales que permitieron la circulación masiva de un medicamento letal en hospitales públicos y privados de varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y CABA. El kirchnerismo dejó sin quórum el recinto y la votación no pudo llevarse adelante.

La pregunta es ¿cuál es el límite de ésta organización criminal enquistada en el poder para seguir haciendo negocios, demagogia y, al mismo tiempo, empiojar todo lo que pueda la gestión del gobierno que heredó el desastre generado por ellos? ¿Y cuál es el papel de la Justicia en mucha medida cooptada también por ellos?

Mientras está anomalía llamada kirchnerismo no sea borrada de la faz de la Tierra, la Argentina no va a poder operar con normalidad y, al contrario, “su” normalidad será que la mismísima vida de ciudadanos inocente depende la suerte de una ruleta rusa manejada por los dedos de un conjunto de mafiosos.

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