OPINIÓN
Encontraron comida, suministrada por el Estado en enero, que estaba almacenada y sin entregar a los sectores más vulnerables
Por Walter R. Quinteros
Andaba dando vueltas por Facebook un cartelito que decía que en la Argentina había hambre y frío y que el dinero se gastaba en un desfile. Un vómito. Causaba vómito leer tanta supuesta ignorancia, tanta banalización y exposición vulgar que, en definitiva, no era otra cosa que la de encubrir a nefastos delincuentes.
Hace frío y la culpa es del gobierno, imagínese si hay terremotos naturales en gran escala. O que al sol se le dé la gana de salir por el Oeste. Recuerde que un presidente le echaba la culpa de todos nuestros males a la guerra entre Rusia y Ucrania y lo aplaudían.
Por estos días hemos visto a personajes que, sin que se les mueva un músculo en la cara, le reclamaban al Gobierno que entregue comida a los comedores y merenderos comunitarios, acudiendo a un juez del mismo palo político para intimar al gobierno, mientras ellos mismos, dejaban vencer los alimentos que les dio el Estado, con el claro propósito de domesticar a los beneficiarios.
Fue el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quién le ordenó al Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina, que efectúe varios allanamientos donde se secuestraron unos 3.500 kilos de alimentos vencidos.
Esta “comida podrida”, como la definió uno de los investigadores a la prensa, se encontraban en un depósito de la organización piquetera Movimiento Teresa Rodríguez de Florencio Varela. Los allanamientos de Prefectura estaban enmarcados en las 44 causas que por posibles delitos de “coacción (149 bis), extorsión y defraudación contra la administración pública” tramitan en ese juzgado y que se desprenden de más de 70 denuncias que se realizaron a la línea 134 que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, puso a disposición de las personas que eran víctimas de extorsión y presión de punteros y piqueteros para que no les den de baja al plan social que recibía por parte del Estado; para eso debían asistir a marchas, protestas y actos partidarios. También, estos execrables se quedaban con un porcentaje de los haberes que recibían de planes como el ex Potenciar Trabajo, que era administrado desde el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Asimismo se secuestraron $500.000; un revólver calibre 22; “una pistola réplica de 9 mm”; 47 equipos informáticos; “100 cajas/sobres con anotaciones, planillas de asistencia, libros contables y carpetas con material probatorio para la causa”, y, como broche de oro, marihuana en pequeñas cantidades. Le llamaban Políticas Públicas.
Debiera el gobierno, organizar un desfile de estos movmientos y sus dirigentes, para que les conozcamos las caras a estos execrables.
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