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Durante las últimas horas, a golpes de puño, con palos y amenazas, ocho menores redujeron a cuatro trabajadores y se fugaron por la puerta trasera del Castillito, uno de los varios centros que se ubica en el predio Nueva Esperanza, cuyo máximo responsable es el ministro Andrés Larroque
Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad.
Lamentablemente, las fugas e incidentes graves y bochornosos son tan cotidianos en el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA) que ya casi dejan de ser noticia. Sin embargo, parece que el sistema penal juvenil se esfuerza por seguir en el podio de las malas noticias.
Hace algunas horas, aprovechando la oscuridad de la noche, ocho peligrosos delincuentes menores de edad lograron su libertad, vulnerando nuevamente la escasa seguridad provista por el gobierno bonaerense, que incluye también a personal policial destinado al predio. Nuevamente, la sociedad queda expuesta a la violencia e inseguridad con el agravante de que ni siquiera puede obtener la esperanza de justicia.
Laura Sporetti.
Cada semana, las víctimas de diversos delitos sufren al enterarse de que sus victimarios vuelven a andar sueltos por la calle, listos para reincidir en matar, robar o violar. Aquellos funcionarios que deberían estar ocupados en ser más eficientes aparentemente sólo se ocupan de maquillaje y de responder en los tribunales por una avalancha de citaciones judiciales.
Tal es el caso de la directora provincial de Institutos Penales, Laura Sporetti, quien debería presentarse ante los tribunales por la fuerza pública. Increíblemente, a pesar de la cantidad de incidentes que superan incluso la ficción, en gestiones anteriores era impensable la permanencia en sus cargos de los planteles directivos. No obstante, esta gestión tiene características cuasi mafiosas y acostumbra, casi siempre, huir hacia adelante.
Así las cosas, en lo que respecta al OPNyA, sólo puede esperarse el peor de los desenlaces. Es un cóctel explosivo que da muestras diarias de absoluto colapso y del que, a su vez, los trabajadores del sistema también son rehenes, con tareas insalubres, peligrosas y sueldos que en promedio no superan los 500 mil pesos mensuales. La única razón por la que esto no ha estallado por el aire es la connivencia de los gremios tradicionales, como ATE y UPCN, que sólo se ocupan de mantener el statu quo.
Finalmente, el agua ingresa cada día por nuevos agujeros y el OPNyA, que capitanea Andrés Larroque, es evidentemente un barco que se hunde.
(www.REALPOLITIK.com.ar)
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