POLÍTICA
Y avanza con el achique de la planta estatal de Córdoba
Por Yanina Passero
Con la recaudación en caída y la promesa vigente de sostener la presencia del Estado en tiempos de recesión, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presiona sobre los gastos corrientes de su administración: descontará el día de paro al personal estatal que adhirió a la medida dispuesta por la CGT y afina el plan de retiros en la planta permanente.
La adhesión a la segunda huelga contra las medidas tomadas por el presidente Javier Milei encontró amplio eco en el arco gremial cordobés. De la docena de asociaciones sectoriales que tienen vinculación con el gobierno provincial sólo la Unión del Personal Superior, dirigida por el histórico Domingo Ovando, prestó servicios este jueves.
Ante la consulta de Letra P, fuentes oficiales del Panal ratificaron que se avanzará con las quitas salariales a quienes no se presentaron a trabajar.
Llaryora elige las batallas según su conveniencia y aprovecha las oportunidades que emanan del contexto. Apoyó la masiva marcha en defensa de la educación pública que, como quedó claro, asoma como un valor intocable para la ciudadanía cordobesa. Sin embargo, cuando la CGT está de por medio, la postura cordobesista se torna más violácea.
“Un paro no es una crisis. Un paro es un paro; favorece a Javier Milei”, dijo sobre la primera medida cegetista de enero.
Esta visión de centro sobre las tensiones que atraviesan el mundo del trabajo también tuvieron su correlato en el Congreso. La bancada Hacemos Coalición Federal, con Miguel Ángel Pichetto a la cabeza y que integra el sub-bloque de Llaryora, se mostró activa en el capítulo sobre la reforma laboral que adopta medidas, alguna de ellas muy conocidas en Córdoba. Por ejemplo, el fondo de cese laboral que tiene entre sus principales impulsores a Uecara del interior, el gremio de los peajes y la construcción que comanda el presidente del Partido Laborista de Córdoba, Gustavo Rossi.
Este proyecto de reconversión general que plantea el sector es visto con buenos ojos por el cordobesismo, que asume como necesidad acomodar el funcionamiento estatal al contexto. En concreto, el diálogo es permanente.
El doble juego de Martín Llaryora
El anfitrión del Pacto de Mayo cultiva ahora el perfil bajo y elige desmarcarse de Milei de manera cuidada. Lo hace desde la gestión con obra pública, inversión social e incentivos a la producción. Con todo, ese esfuerzo necesita algunos reacomodamientos internos para hacer el plan sostenible cuando los ingresos propios cayeron un 15% real en abril, comparado con el mismo mes de 2023.
Letra P confirmó que el gobierno notificó al personal estatal en condiciones de jubilarse para que inicie el trámite y se produzca la vacante. La disposición alcanzó a 3.280 agentes en condiciones de pasar a retiro, de los cuales 2.600 son parte del cuerpo docente.
Como era de esperarse, se abre un nuevo foco de conflicto con el gremio estatal más grande. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechaza la disposición por considerarla “arbitraria” y que “atenta contra los proyectos pedagógicos”, aunque el trasfondo es económico porque una persona jubilada cobra menos dinero de bolsillo.
Nuevo punto de tensión gremial en Córdoba
Con la última reforma de Juan Schiaretti, en plena pandemia, quienes aportan a la Caja de Jubilaciones provincial ya no reciben el 82% móvil. La cifra se contrajo a los 72 puntos, producto del rojo y la contracción de las partidas que enviaba la Nación, hoy en cero.
De hecho, la merma en los ingresos provinciales se explica casi en su totalidad por este rubro. En abril la caída alcanzó un 21% según cifras oficiales.
Por otra parte, el diferimiento que existe entre el personal activo y pasivo a la hora de cobrar las subas acordadas en la mesa paritaria hacen que la carrera contra la inflación sea aún más empinada.
En el Panal defienden la medida porque permitiría una gestión adaptada a los nuevos procesos nuevos con la incorporación de tecnología, la racionalización de los recursos humanos conforme a los servicios y para equilibrar la inversión en salarios.
Desde esta óptica, la iniciativa forma parte de un elemento más para contener los efectos de la crisis sobre la gestión. Apenas asumió, Llaryora tomó algunos recaudos. Por ejemplo, aumentar los aportes estatales para financiar la obra social del personal público (Apross) y logró cerrar acuerdos paritarios atados a la recaudación y que toman sólo la mitad del índice de inflación de cada mes.
(LETRA P)
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