EDITORIAL
Nada, absolutamente nada para los kirchneristas, es gratis
Por Walter R. Quinteros
Juan Grabois nació en San Isidro, Buenos Aires, el 23 de mayo de 1983, es abogado, traductor de inglés, licenciado en ciencias sociales, escritor, dirigente social y político argentino. Fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -actual UTEP- y del Frente Patria Grande. Además, es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Trabaja como docente de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La mamá es médica pediatra y el papá, un exdirigente peronista.
Grabois funda en el año 2002 el Movimiento de Trabajadores Excluidos.
El 24 de noviembre de 2005 se promulgó la Ley 1.854, conocida como Ley de Basura Cero, con un artículo de inclusión del trabajo cartonero que impulsó. Fue Coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares impulsado por el Papa Francisco desde el 2014. Entre el año 2014 y 2016 vivió en San Martín de los Andes, Neuquén. Allí contribuyó al desarrollo regional de la CTEP. Fue Coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares impulsado por el Papa Francisco desde el 2014.
En agosto de 2018 acompañó a Cristina Fernández de Kirchner a su presentación ante los tribunales de justicia alegando que existía persecución política contra la expresidenta para evitar que se presente a elecciones y tapar la situación socioeconómica del país.
El 29 de octubre de 2018 lanza el Frente Patria Grande.
En las elecciones del 2019 forma parte del Frente de Todos.
En octubre de 2020, junto a trabajadores e integrantes de proyectos sociales, puso en marcha el Proyecto Artigas, ingresando al casco principal de la estancia Casa Nueva, ubicada a un kilómetro y medio de la entrada a la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz en la provincia de Entre Ríos. Actualmente, sigue en litigio en la justicia civil la causa por la sucesión de Luis Félix Etchevehere.
En el 2022 publicó su último libro, “Los Peores”.
En marzo del 2023 Grabois lanzó oficialmente su candidatura a presidente bajo la consigna "Argentina Humana". Eligió como compañera de fórmula a la licenciada en Sociología, Paula Abal Medina, cayendo ante la fórmula Massa -Rossi.
El 27 de junio 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaba un planteo de Juan Grabois contra una sanción disciplinaria que le aplicaron por su ejercicio como abogado, en el marco de un juicio oral en el que se juzgaron hechos ocurridos en 2004 durante la toma de una comisaría en el barrio porteño de La Boca. La sanción disciplinaria había sido impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, en el marco del alegato de defensa de Ángel Borello, que se encontraba imputado por la toma de la comisaría junto a Luis D’Elia. Por aquellos hechos, D’Elía fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de atentado a la autoridad agravado, lesiones leves cometidas en perjuicio de un miembro de la entonces Policía Federal Argentina, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación. Esa condena fue confirmada por la Corte Suprema en el año 2020. Por su parte, tanto Ángel Borello como Luis Alberto Bordón fueron absueltos. Para el tribunal, las expresiones de Grabois durante el alegato de defensa de Borello habían sido “provocativas, contrarias al orden y al decoro debido” .
El 2 de agosto del 2023, en las últimas semanas de campaña electoral, Juan Grabois fue a buscar el apoyo de Alicia Kirchner a Santa Cruz, quien lo recibió en la Casa de Gobierno provincial.Conformando una muestra más de que el dirigente del MTE defendía la misma agenda ajustadora que proponía su oponente Sergio Massa.
El 19 de diciembre 2023, a través de un comunicado, Juan Grabois confirmó que las organizaciones de las cuales él es su máximo referente no se sumarán a la movilización del 20 de diciembre contra el “Rodrigazo” de Milei-Caputo y las amenazas coercitivas de Bullrich-Pettovello. “Ni el partido Patria Grande, ni La Poderosa, ni el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ni la Unión de Trabajadores de la Economía Popular convocan a la marcha de mañana”. El comunicado también informa que Juan Grabois participará y que formarán “una comisión permanente que oficiará como veedora de los Derechos Humanos”.
En 2024 denunció y advirtió sobre la entrada de sicarios desde Paraguay por la falta de gendarmes en la frontera. Decía que Patricia Bullrich estaba utilizando a los gendarmes que debían controlar las fronteras para sofocar las protestas ciudadanas contra el gobierno.
El 21 de febrero 2024, el gobierno de Javier Milei puso la lupa en una multimillonaria caja que manejaba Fernanda Miño, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat. Miño es una referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). La auditoría estaba a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que investiga el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que se financia con el 9% del impuesto PAIS. Si bien la auditoría aún está en proceso, se estima que las cooperativas de Grabois y otros piqueteros, como Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, se beneficiaron con unos 24 mil millones de pesos los últimos cuatro años. Según fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años.
La auditoría señaló que un gran porcentaje de las obras fueron nada más que veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, a cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP. Durante la gestión de Alberto Fernández, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat formaba parte del organigrama del entonces Ministerio de Desarrollo Social. En la administración de Mauricio Macri, dependía de Infraestructura. Desde el 10 de diciembre, el Gobierno decidió trasladarlo a la Secretaría de Hacienda.
El 21 de marzo 2024 el fiscal federal Guillermo Marijuán lo imputó por un presunto fraude al Estado nacional en la construcción de viviendas en la localidad bonaerense de Luján. También fueron imputadas otras seis personas, entre ellas el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación Juan Zabaleta y el intendente de Luján, Leonardo Boto.
El 30 de marzo 2024 Juan Grabois escribió un artículo, en el cual llama a Javier Milei a abrir un diálogo con la oposición y también se pronuncia a favor del sostenimiento de la “gobernabilidad” libertaria. Cuente conmigo para eso”, le dijo al presidente, y se encargó de dejar claro que quería que no lo molesten.
¿Qué implica para el pueblo, al cual Grabois dice defender en un texto que es todo un pronunciamiento político, que el gobierno pueda llevar adelante sus propósitos? Se preguntan en Prensa Obrera en la edición de la mañana siguiente.
El 3 de mayo 2024, el fiscal Carlos Stornelli lo imputa junto a la militante de su espacio Fernanda Miño, que estuvo al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana; a la senadora kirchnerista Fernández Sagasti y, a Jorge Tanús, que fue presidente del BICE Fideicomisos durante el gobierno de Alberto Fernández. A todos se los acusa de irregularidades en el manejo de los fondos para un plan de viviendas durante el período 2020-2023. En los fundamentos señalan que habrían destinado "fondos por hasta USD 1.000.000.000 en los últimos tres años y habrían sido destinados para beneficio propio o para campañas políticas". ¿Y las casitas?
"Resulta objeto de investigación la presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023", reza el dictamen que fue entregado a la jueza María Servini.
"A partir de una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, se habría advertido que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo 400 obras de las 6.517 asignadas", se detalla.
Grabois dijo, través de un extenso posteo en la red social X, que “entre las decenas de denuncias truchas que distintos personajes me fueron haciendo a lo largo de los años, me entero por los medios -nunca me llegó una notificación formal y en la causa hasta el momento no hay nada ya que el juzgado ni siquiera se ha declarado competente- que un fiscal de Comodoro Pygs [SIC] me honra con un supuesto “pedido de imputación”, es decir, que hay una investigación abierta sobre algún imaginario “curro”.
Las preguntas que nos quedan por hacer son:
¿Dónde están esas viviendas, Juan Grabois?
¿Dónde el balance de USD 1.000.000.000 de los últimos tres años?
Y como suponen los fiscales...
¿Fueron destinados para beneficio propio o para la campaña electoral?
¿O para quién..?
Porque nada, absolutamente nada para los kirchneristas, es gratis. Mucho menos el relato de la Justicia Social que llevó a enriquecerlos.
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