POBRE ALBERTO

OPINIÓN

Jubilado, sin vivienda propia e inhibido en su patrimonio, supuesta honestidad y transparencia en crisis

Por Javier Calvo

Jubilado, sin vivienda propia e inhibido en su patrimonio, Alberto Fernández afronta su era post presidencial ya no sólo con el lastre de su mala gestión, sino con la exposición de su autopromocionada bandera de supuesta honestidad y transparencia también en crisis.

Breve repaso. El juez federal Julián Ercolini decidió la inhibición de bienes del expresidente, de su exsecretaria privada histórica, de su marido asegurador y amigo presidencial y de una treintena de personas por el escándalo de los seguros: a instancias del Poder Ejecutivo albertista, el Estado subcontrataba pólizas con comisiones tan innecesarias como multimillonarias.

El caso lo ventiló el efímero director de la Anses mileista, Osvaldo Giordano, cuando saltó en una auditoría del organismo estos seguros direccionados hacia, entre otros brokers, un tal Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto F y pareja de su secretaria, María Marta Cantero. Según los primeros testimonios, Cantero “transmitía” la conveniencia de esas contrataciones.

“Yo no pedí por nadie. Y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”, fue la primera reacción pública del mandatario saliente, que acumula varios antecedentes en eso de evitar hacerse cargo y patear las culpas hacia su alrededor. En especial si se trata del género femenino.

A nadie debería sorprender el vínculo de Fernández con el mundo de los seguros. Fue desde ese planeta donde empezó a edificar constructivos lazos para su carrera político-estatal, cuando estuvo seis años al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación durante la primera gestión de Carlos Menem. Ese sistema parece haberlo cobijado para siempre, en sus escalas por el Bapro duhaldista, la jefatura de Gabinete kirchnerista y la Presidencia.

Sin embargo, ese tránsito donde se entremezcla el interés público con los negocios privados no necesariamente se tradujo en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, las últimas de las cuales fueron ya solicitadas por el juzgado de Ercolini.

Así, de acuerdo a la que en teoría describe su estado contable al dejar la Casa Rosada, Alberto F apenas declaró a diciembre de 2023 un patrimonio neto de unos 14 millones de pesos. Incluía la deuda que tiene con su amigo broker Martínez Sosa, por $102.240, y excluía cualquier inmueble.

La presunta orfandad inmobiliaria de Fernández se ha transformado en un clásico. Vivía de prestado en Puerto Madero, en un piso de su amigo Enrique ‘Pepe’ Albistur. Y alquila ahora en Madrid vivienda para él, su pareja Fabiola Yañez y su pequeño hijo Francisco. Al respecto, gente que conoce al expresidente se divide entre quienes deslizan que el nuevo hogar madrileño es otra gentileza de algún amigo y los que sostienen que el contrato de renta de la residencia no estaría a su nombre.

En los papeles, además, Alberto F tuvo en 2022 el atinado gesto de traspasar la propiedad del departamento de 175 metros en el que vivía su exesposa Marcela Luchetti, en el barrio de Recoleta, de la que se había divorciado hacía muchos años pero sin separación legal de bienes.

Fuentes judiciales revelan que han puesto la lupa sobre los movimientos y bienes de una sociedad anónima de la que Fernández se declara acreedor. Se trata de Inmueble Callao 1960, la S.A. que armó décadas atrás con su socia y amiga Marcela Losardo (su exministra de Justicia y su exembajadora en la Unesco) para asesoramiento jurídico. Se supone.

Sería conveniente y esclarecedor, acaso, que a Comodoro Py sea citado un viejo íntimo del exmandatario, que podría poner luz en relación a su derrotero patrimonial y de nexos extra políticos. Se trata de Juan Manuel Olmos, ahora a cargo nada menos que de la Auditoría General de la Nación y legendario lugarteniente en las sombras de Alberto F. En los tribunales federales de Retiro lo conocen muy bien. Demasiado.

Semejante nivel de vida austera del saliente jefe de Estado argentino, tal vez lo llevó a apurar el inicio del trámite para obtener la pensión vitalicia de privilegio por haberse sentado en el sillón de Rivadavia, como hicieron todos y todas quienes lo antecedieron. Con premura, la gestión ante Anses la comenzó el 6 de diciembre, cuatro días antes de pasarle la banda presidencial a Javier Milei. Hace una semana el organismo le aprobó el trámite, por lo que cobrará un retroactivo de más de $30 millones y una jubilación mensual de $7 millones. No es tanto en euros. Pobre Alberto.

(PERFIL)