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Con Alberto Fernández, el INCAA le otorgó un subsidio de 18 millones a una película porno
La película, que presentó su primera parte en 2018, se prepara para lanzarse nuevamente a la pantalla grande nacional en los próximos meses, pese a no haber conquistado al público y narrar una historia poliamorosa cargada de escenas eróticas y sexo explícito.
Se trata de “Las hijas del fuego”, una película de Albertina Carri, hija de Roberto Carri y Ana María Caruso, ambos militantes de Montoneros desaparecidos el 24 de febrero de 1977, durante la última dictadura militar.
La producción, protagonizada por Érica Rivas, Sofía Gala, Disturbia Rocío, Mijal Katzowitz, Violeta Valiente, Rana Rzonscinsky, Canela M., Ivana Colonna Olsen, Mar Morales, Carla Morales Ríos, Javier Lorenzo, Andrés Ciavaglia y Cristina Banegas, se estrenó en 2018, luego de haber recibido un subsidio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante la gestión de Nicolás Batlle por 9 millones de pesos a través del Fondo de Asistencia para la Reactivación de Rodajes.
Apenas unas 7.589 personas vieron la película, generando una recaudación de unos 368 mil. La proyección narra la historia de un grupo de mujeres que buscan romper los estereotipos de las formas hegemónicas de erotismo y se reparten en diversas escenas de sexo explícito en distintas locaciones.
Algunas postales de “Las hijas del fuego”.
Pese al escaso público obtenido en 2022, el gobierno nacional de Alberto Fernández decidió refrendar su decisión y volver a financiar, a través del INCAA, la segunda parte de la película, titulada “Las hijas del fuego II. Caigan las rosas blancas”, a través de un nuevo subsidio de 9 millones de pesos. Pero la polémica no terminó allí. En 2023 recibieron un refuerzo de 4 millones para el salario de las actrices, probablemente por efecto de la inflación.
La gestión de Nicolás Batlle en el INCAA ha sido objeto de una larga serie de críticas debido a numerosas irregularidades que apuntan a un manejo inadecuado de los recursos públicos. Un ejemplo de esto es la situación de más de 650 proyectos cinematográficos financiados por el estado que permanecen inconclusos, representando un derroche de fondos y generando gastos adicionales sin contrapartida. Además, se han evidenciado casos de sobreprecios en las adquisiciones realizadas por el organismo y gastos excesivos en eventos innecesarios, como brindis de fin de año en contextos de crisis económica.
Estos incidentes reflejan una gestión cuestionable y poco transparente, que ha suscitado preocupaciones y cuestionamientos tanto hacia la institución como hacia su desempeño. Sin dudas, iniciativas de este tipo vuelven a poner el foco sobre el financiamiento de emprendimientos audiovisuales y su aporte real a la cultura argentina.
(www.REALPOLITIK.com.ar)
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