ESTOS SON MIS CANDIDATOS

 OPINIÓN

Si no les gustan, tengo otros

Por Vicente Massot

Como un director técnico de cualquier equipo de fútbol —profesional o amateur, de primera división o de la tercera de ascenso— Javier Milei “movió el banco”, o sea, procedió a hacer los primeros cambios en el ámbito del Poder Judicial desde que ocupó el sillón de Rivadavia, en diciembre del año pasado.

La nominación de Ariel Lijo para reemplazar a Elena Highton de Nolasco, que había renunciado a su cargo el 30 de septiembre del 2021, produjo el efecto de una bomba.

Pocos conocían lo que venía planeando en secreto el jefe del Estado y todavía nadie sabe, a ciencia cierta, quién llevó el nombre de ese juez a la Casa Rosada. Están quienes lo sindican a Mariano Cúneo Libarona. Otros insisten en traer a comento el nombre de Ricardo Lorenzetti, y hasta se ha echado a correr el apellido de un empresario, socio de Freddy Lijo, que fue uno de los principales aportantes a la campaña electoral de La Libertad Avanza.

Por supuesto, también cabría considerar la posibilidad de que haya sido el presidente —sin necesidad de seguir el consejo de alguno de sus conocidos— al que se le ocurrió adelantar la candidatura de marras. Si bien el tema no resulta intrascendente, de todas maneras, lo importante no es saber quién fue sino por qué Milei escogió a uno de los magistrados más cuestionados de Comodoro Py.

Mientras que Manuel García Mansilla —el otro abogado propuesto para integrar la Corte en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumplirá la edad jubilatoria a fines de 2024—es un profesional intachable y un jurista de nota, Ariel Lijo no reúne ninguno de los dos requisitos que deberían primar a la hora de escoger a un futuro integrante de la Corte Suprema: por un lado es un camarista del montón, sin lauros académicos de nota ni calado intelectual reconocido; por el otro, su desempeño en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal deja mucho que desear.

Es uno de esos funcionarios que sirven tanto para un fregado como para un barrido, siempre a disposición del poderoso de turno. Merecería figurar en el libro Guinness de los récords por su capacidad para procrastinar. En eso de posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades de su juzgado, pocos le ganan.

En tren de conjeturar respecto de un tema con tantas aristas, no sería de extrañar que en Balcarce 50 haya primado un criterio puramente realista, dejando de lado las objeciones que pueda merecer el magistrado en cuestión. Es conveniente entender que, para convertirse en ministro de la Corte, se requiere el voto de 2/3 de los senadores presentes en la sesión convocada a esos efectos. Esto supone sumar cuarenta y ocho voluntades.

Tarea bien difícil, a menos que el candidato propuesto sea bien visto por buena parte del arco político. En semejante orden de cosas, los méritos intelectuales y la índole moral de Lijo pasan a segundo plano y, en cambio, cobran vigencia los lazos que ha tejido durante años con distintas personalidades del mundo empresario, político, sindical y económico, unido a las excelentes relaciones que mantiene con buena parte del peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo y el Pro.

Dada la actual relación de fuerzas en el Senado de la Nación —recuérdese que el oficialismo apenas cuenta en ese cuerpo con ocho representantes— le resultaría literalmente imposible a Javier Milei elegir a dos juristas de envergadura para ocupar los lugares de Highton y de Maqueda.

Esto es así porque la decisión última estará en las manos de los treinta y tres senadores de Unión por la Patria. Aun si se lograse aunar a todos los integrantes de la Unión Cívica Radical, Haciendo Cambio Federal, Pro y La Libertad Avanza —cosa harto improbable— de nada serviría.

Lijo es el candidato ideal del establishment político. Le viene a éste como anillo al dedo y es por eso que, así como su nombre levantó críticas en los ámbitos académicos, no mereció ningún reparo en los espacios partidocraticos. A veces, para abrirle la puerta a un señor hay que dejar pasar a un impresentable.

Esta es la explicación realista y conviene no hacerse los distraídos y convertirse en puristas dispuestos a rasgarse las vestiduras por algo que es común entre nosotros. Lijo no tendría ninguna posibilidad de acceder a la Corte Suprema si la Argentina fuese similar a Suiza, Alemania o el Reino Unido en punto al respeto a las instituciones.

Pero estamos lejos de parecernos a cualquiera de esos países. Aquí se han sentado en el máximo tribunal de justicia inmorales de la talla de Eugenio Zaffaroni —capaz de defender la teoría de que abusar de una menor requiriéndole una fellatio no constituía delito, en tanto y en cuanto ese acto repugnante se hiciese con las luces apagadas— y Enrique Petracchi, que, para no perder su lugar en la Corte y congraciarse con el kirchnerismo, cambió de parecer como de camisa a la hora de declarar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La mayoría de quienes hoy se agravian como señal de rechazo a Ariel Lijo —empresarios, periodistas y abogados— no dijeron esta boca es mía cuando se trató de personajes con peores antecedentes.

Hay otras explicaciones, por supuesto. La más trajinada en estos días ha sido la que le adjudica a Ricardo Lorenzetti un papel protagónico en la nominación. Tres hechos le dan peso a la versión: por de pronto, la amistad que los une desde antiguo; el segundo se refiere a la buena vecindad existente entre el actual ministro de la Corte y el presidente de la Nación, y el tercero es el ánimo de revancha que anida en Lorenzetti desde que perdió el lugar de privilegio en el máximo tribunal de justicia. Desde entonces juró venganza y ahora, si acaso Lijo consiguiese el nombramiento, mejorarían sus chances de volver a la titularidad de la Corte. Si son habladurías o reflejan la realidad, vaya uno a saberlo.

Por último, no han faltado los que aseguran que, al presidente de la república, lo único que le interesa es que los futuros miembros de la Corte comulguen con las ideas expresadas en la ley ómnibus y el decreto 70/23. Sería insensato de su parte que nombrase a garantistas o estatistas para cubrir las dos vacantes que se han abierto. Por lo tanto, estaría dispuesto —si no se consiguiesen los votos necesarios para catapultar a la Corte a Lijo y a García Mansilla— a darle un espaldarazo a dos magistradas del interior del país que, con seguridad, no serían objeto de ningún cuestionamiento por su falta de idoneidad —como el primero de los nombrados— o por sus ideas conservadoras —como el segundo.

Los movimientos en el banco judicial no acabaran aquí. En el curso del año, y más allá de cuanto suceda con los dos candidatos a ministros en danza, el gobierno tendrá que cubrir otras vacantes de singular importancia jurídica y política: al menos tres en la Cámara de Casación Penal, la del procurador general de la Nación y dos en las cámaras federales. Todavía hay mucha tela para cortar.

Hasta la próxima semana.

(Notiar)