POLÍTICA
El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini han acordado que aplicarán mano dura para hacer cumplir el achique del Estado y el control sobre los empleados estatales
Martín Llaryora y Daniel Passerini están de acuerdo para actuar con mano dura y firmeza ante la crisis económica, disminuir los sueldos de los empleados estatales como lo dijo el gobernador y ajustar las tuercas del sistema de fiscalización como lo está intentando por medio del concejo deliberante el intendente a pesar de la férrea oposición que los representantes del consejo demostrar principalmente los que responden a Luis Juez.
En una reciente sesión extraordinaria del Concejo Deliberante se aprobó con mayoría la creación del Ente de Fiscalización y Control, un organismo encargado de gestionar las habilitaciones comerciales y reforzar la supervisión nocturna en Córdoba. El apoyo del radicalismo fue evidente, mientras que el Frente Cívico emitió votos en contra.
Esta semana también se realizó el comienzo del período de sesiones ordinarias en el poder legislativo provincial y el gobernador llevó adelante su discurso con la UEPC en las inmediaciones de la unicameral realizando una protesta mientras los delegados gremiales continúan con la amenaza de que el ciclo lectivo no comience en tiempo y forma.
Mientras tanto a nivel nacional el panorama económico parece complicarse ya que la ley de bases consiguió el dictamen en general en las últimas horas con una fuerte represión en las inmediaciones del congreso y la idea de continuar el debate en particular el próximo martes. La aprobación de la media sanción correspondiente a la cámara baja dio un resultado de 140 votos a favor con 109 votos en contra.
Hacemos Coalición Federal, el bloque de diputados que dirige Miguel Pichetto y donde hay varios cordobeses apoyó la ley de bases a excepción de la diputada Natalia De la Sota.
Es importante aclarar que uno de los puntos que modificó el poder ejecutivo por pedido de varios ediles, entre ellos los cordobeses fue que los SRT, Fadea, Dioxitex y Fabricaciones Militares, las empresas de Córdoba no serán privatizadas.
En los últimos días también se hizo efectiva la reforma en el ámbito de la salud provincial en la que la máxima autoridad le dio la potestad a los directores de los establecimientos de salud de sancionar y suspender a los empleados cuando no cumplan con las normas.
Tanto Llaryora como Passerini aplican su derecho de máxima autoridad para mantener el orden siendo una clara línea en la que el cumplimiento a rajatabla de las normas parece no negociarse.
En el ámbito municipal en las últimas horas se conoció la noticia de que el intendente encabezó la reunión con el secretario de Transporte de la Nación. Se confirmó que será creada una Red Federal de Intendentes para discutir cómo se distribuye la ayuda nacional con la intención firme de pedir más subsidios a Nación y la búsqueda de Daniel Passerini de que las principales ciudades de la provincia lo acompañen.
Seguramente como efecto dominó la aprobación o no de la ley de bases en la Cámara de Diputados y luego en el Senado condicionará las decisiones del gobernador como así también del intendente cordobés pero hay una línea muy marcada regida principalmente por la difícil situación económica de disminuir costos en todas las áreas y controlar cada uno de los empleados estatales con mano dura.
(Agencia NOVA)
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