LA LEY BASES Y EL PANORAMA CORDOBÉS

POLÍTICA

Los envíos a Córdoba registraron hasta el 29 de enero pasado una caída real del 11,1%, mientras la diputada Natalia de la Sota, volvió a tomar distancia ayer del oficialismo provincial que lidera el gobernador Martín Llaryora

Por Redacción

El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que las transferencias automáticas (coparticipación y leyes especiales) cerrarán el mes con una merma del 12,2% para el conjunto de provincias, que equivalen a 277.150 millones de pesos.

Las cifras confirman así la tendencia que ya se venía observando en el cierre de 2023 y particularmente tras los cambios dispuestos en el impuesto a las Ganancias, aún en la gestión de Alberto Fernández e impulsadas por Sergio Massa. 

Esos cambios en un tributo clave para la coparticipación, derivaron en una baja real en los giros nacionales que, en el caso de Córdoba, representan seis de cada 10 pesos que recauda regularmente, reveló el diario Comercio y Justicia.

La caída que se mantendrá en los próximos meses toda vez que por ahora los gobernadores no lograron neutralizar el impacto de Ganancias con la distribución de otros tributos por ejemplo el impuesto PAIS. 

El martes último y tras reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, los gobernadores salieron a difundir que el Gobierno había accedido a coparticipar el 30% de ese impuesto, sin embargo, ya bien entrada la noche fue el propio Gobierno el que, mediante un comunicado, aseguró que no estaba en los planes esa medida. 

Descartada esa posibilidad, las provincias deberán resignarse a gestionar con esos recursos, al menos por ahora. En ese marco, el gobernador Martín Llaryora contradijo al portavoz presidencial. “Adorni les mintió a todos los argentinos y desinformó sobre lo que fue un tema central en una discusión en la que él no estuvo presente”, indicó Llaryora.

Por su parte, un trabajo de la consultora Politkón Chaco precisó que las transferencias discrecionales sufrían una merma real de 64,2%. 

Las caídas se traducirán en un ajuste obligado para las provincias porque son consecuencia de la caída del nivel de actividad que se verifica en la recaudación de impuestos nacional, que además se replica en el pago de tributos locales.

Históricamente, estos “faltantes” se cubrían con ayudas del Gobierno central, que justamente son las que Javier Milei está dispuesto a cortar para obligar a las provincias a poner sus números en caja.

A Córdoba, se le habilitaron en forma discrecional 2.881 millones de pesos, que descontando la inflación significa una disminución de 43,4%. El mayor flujo de estas transferencias discrecionales fue otorgado a través de los convenios para financiar el Fondo Docente.

Así, el gobernador Llaryora deberá revisar la política de gastos y eventualmente ajustar en diferentes áreas para poder transitar sin contratiempos los meses por delante.

Por lo pronto, ya renegoció la paritaria con los estatales atada a la recaudación y no a la inflación como había acordado el ex gobernador Juan Schiaretti con los gremios en 2023. El acuerdo que rige para el primer trimestre fue aceptado por el SEP y otros gremios. Sin embargo, la UEPC lo rechazó de plano y será un escollo duro de superar.

En otro orden la diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, volvió a tomar distancia ayer del oficialismo provincial que lidera el gobernador Martín Llaryora, al anunciar que votaría en contra del proyecto de ley ómnibus que se debate en la Cámara baja.

Cabe recordar que sus pares del interbloque Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, sí acompañan la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.

Al respecto, confirmaron que votarán en general la ley también denominada “Bases”, aunque habrá artículos en particular a los que se opondrán. Sobre el particular, De la Sota advirtió a través de la red social X que “la `Ley Bases´ propone ajuste y recortes que perjudican a los sectores más vulnerables. Afecta a las provincias y busca privatizar empresas públicas sin el debido debate legislativo. También, persigue cambios profundos en leyes que merecen un tratamiento serio y responsable”.