OPINIÓN
Se necesitan profesionales honestos y capacitados para procurar resolver el desastre legado por el kirchnerismo y que deberemos pagar todos los argentinos
La historia argentina se puede explicar siguiendo la larga línea de empréstitos y deudas que fue tomando el país desde tiempos de Rivadavia. No por casualidad Sarmiento, en un encendido discurso en el Congreso y haciendo referencia a la Argentina de su tiempo, sostuvo parafraseando el himno: “Se yergue sobre la faz de la tierra la gran deudora del Sur”.
Desde entonces hasta acá, los desafíos más grandes de cualquier gobierno han pasado y pasan principalmente por qué hacer con la deuda soberana. Vimos de todo: desde Avellaneda, quien proponía salvar el buen nombre de la Nación con el sudor y el mayor esfuerzo de todos los argentinos, hasta el peronismo en su versión kirchnerista, que optó desde 2001 por una repetición de incumplimientos seriales que se inauguró festivamente con un discurso para el olvido.
Para no variar y repetir como un ciclo de eterno retorno nuestros avatares, el principal escollo del actual gobierno sigue siendo el mismo. Se ha manifestado en tres grandes tópicos: el déficit fiscal, para el que se propuso un ajuste heterodoxo de 5 puntos del PBI; la deuda a los importadores del Banco Central, para lo que se intenta implementar un discutible plan de canje por bonos emitidos por la autoridad monetaria, y, por último, una sentencia internacional que por US$16.000 millones pende como espada de Damocles sobre todos los argentinos gracias a lo que el inepto e irresponsable de Kicillof consideró “estúpido”.
Para tomar dimensión, el reclamo del fondo Burford por la estatización de YPF equivale a más de la mitad del ajuste propuesto, que es de US$25.000 millones. Todas cifras astronómicas. De allí que una de las mejores ocurrencias del Presidente haya sido crear un impuesto con el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, principal factótum de lo que resultó, como no podía ser de otra forma, un gigantesco desastre para el país. Sigue la línea de la vieja Roma, en la que las leyes llevaban el nombre de su autor, quien era responsable hasta con su vida por eventuales efectos deletéreos de su creación: todo senador pensaba muy bien antes de proponer algo, hasta los más populistas. Un modo de terminar con la cultura de la irresponsabilidad, en la que nadie se hace cargo de los errores; basta recordar el impuesto PAIS y el aporte solidario: paguen todos, sin ningún destino ni rendición de cuentas.
Lamentablemente, no todo se reduce a una cuestión de buena denominación ni a originalidades. Enfrentamos un problema mayúsculo, los tiempos son perentorios y los recursos, inexistentes. El argumento histórico del peronismo en su versión kirchnerista para justificar sus incumplimientos fue siempre la dificultad de un acreedor extranjero para ejecutar la sentencia. Es un viejo principio de derecho internacional público basado en la buena fe y la buena relación entre los países y contemplado en la Foreign Sovereign Inmunity Act de Estados Unidos, que solo se pueden embargar bienes de un país que estén en el giro comercial. De allí que uno de los mayores logros de un acreedor extranjero en aquellos tiempos fue embargar la Fragata Libertad. Pero todo cambió, especialmente desde que el antecesor de la actual jueza Preska, Thomas Griesa, reinterpretó la cláusula conocida como pari passu. La jueza siguió esa línea y, para otorgar al país el beneficio de que no se ejecute la sentencia mientras se apela a la Cámara, dispuso que se pongan como garantía las acciones que el Estado nacional ostenta en YPF y créditos que tiene por la construcción de la represa Yacyretá.
Limitado el radio de picardía procesal internacional, las opciones están lamentablemente acotadas. La de no cumplir es negociar un pago razonable para el país. Los criterios son los de siempre en estas situaciones: postergar los pagos y reducir el monto, utilizando bonos. El problema es que con esas garantías en juego, el margen de maniobra también está reducido. Estamos ante un callejón en el que la salida se angosta. Para peor de males, el gobierno actual empezó con el pie izquierdo: designó como subprocurador del Tesoro de la Nación, para lidiar con este tema, a Andrés de la Cruz, quien hasta hace días fue socio del bufete americano Cleary Gottlieb, con dos antecedentes muy negativos en la materia: el primero es que históricamente actuaron durante todo el período kirchnerista como defensores del país con las estrategias políticamente más erradas y contumaces, justamente ante Griesa y Preska: la peor carta de presentación. Pero lo más grave es que De la Cruz fue el abogado de la familia Eskenazi en la transacción que permitió la escandalosa compra de acciones de YPF sin poner un centavo. Menudo conflicto de intereses.
Todo tiene que ver con todo, afirmó una expresidenta de la Nación. Eso repiten otros como el dirigente Gustavo Gutiérrez, quien, con esa típica actitud de denunciante al voleo, sostiene sin muchos fundamentos que los funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio fueron cómplices del kirchnerista, argumentando para ello que el juez Ariel Lijo no avanzó en la causa penal que tiene sobre este y otros temas vinculados con YPF y que se habría planteado el Discovery en el juicio de forma tardía. Olvida Gutiérrez el principio de división de poderes y el derecho procesal, que indica que hay etapas y plazos para plantear las cosas, incluyendo el Discovery. Claro está que este tipo de actitudes, figuronas e infundadas, flaco favor le hacen a la claridad de los temas.
Todo esto no tiene que ver con todo, sino con impericia, corrupción e ignorancia política de un grupo de funcionarios que hizo muy mal las cosas para que hoy los argentinos enfrentemos las consecuencias. Es un tema complejo y avanzado el que hereda el actual gobierno. No basta con poner nombres creativos a los impuestos y mucho menos con designar profesionales con serios y palmarios conflictos de intereses para resolver de la manera menos perjudicial posible para el país semejante entuerto.
(LA NACION / Editorial)
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