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La denuncia inicial de estos hechos, fue el 15 de junio
Por Redacción
Todo comenzó cuando el subdirector de la cárcel de Bouwer, Sergio Alejandro Guzmán, fue detenido acusado de integrar una asociación ilícita, cuya finalidad delictiva habría sido falsificar informes para beneficiar o perjudicar la situación de algunos internos.
La investigación a cargo del fiscal de Instrucción de Casos Complejos, Enrique Gavier, llevó a que fuesen aprehendidos el abogado penalista Alfredo Ciocca y el ahora exempleado del Ministerio de Gobierno y Seguridad, Ramón Salas, quien fue desvinculado por la Provincia luego de que se conociera su detención.
El fiscal Gavier supo manifestar que la investigación "es incipiente". "Se están practicando actos procesales enderezados al cabal esclarecimiento de los hechos". “Por el momento puedo confirmar dentro del secreto de sumario la detención de tres personas cuyos nombres son públicos y notorios. Me estoy refiriendo concretamente al señor Salas, al señor Guzmán, y al doctor Ciocca”, detallaba.
La detención de Guzmán se recordará, fue en su domicilio particular, a la vez que se allanó la oficina de esa autoridad en el mencionado penal, indicaba un comunicado oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba informó que la denuncia inicial fue realizada el 15 de junio por el propio Servicio Penitenciario de Córdoba ante la Unidad Judicial de Delitos Económicos.
Con los tres los detenidos imputados por falsificar informes para modificar la situación de detenidos en la cárcel de Bouwer, los investigadores no descartaron que haya novedades en los próximos días: "Esto es la punta de un iceberg", aseguraban.
Sergio Alejandro Guzmán, era uno de los tres subdirectores del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse. Todos lo conocían como “Chavo” en el penal de Bouwer, donde había asumido como subdirector de Operaciones a fines de 2022.
Venía de tener funciones directivas en el área de Traslados, en la cárcel de Río Cuarto, de Cruz del Eje, de Villa Dolores y en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA).
Se crió en barrio Villa Unión y siempre mantuvo buenas relaciones en esa zona de Córdoba, una de las más vulnerables y hostiles de la capital provincial. Era muy “amiguero” con la gente de su barriada, cuentan los que lo conocen. También afirman que en el último tiempo se volvió “muy apasionado” por la quiniela.
Tras su detención, Guzmán quedó en situación pasiva el mismo miércoles y dejó de percibir la totalidad de sus haberes. Tenía un grave antecedente por el hallazgo de un arma de fuego (un revólver calibre 32 con tres proyectiles) en el Módulo MD1 del Complejo Carcelario de Bouwer, cuando dirigía ese sector en 2017.
El penalista Alfredo Ciocca tiene un muy buen concepto entre sus pares en la Justicia de Córdoba. En ese ámbito se refieren al abogado como un “laburante, caminador de Tribunales y reconocido litigante”.
“Cucho” Ciocca supo tramitar otras causas judiciales en las que hubieron implicados barrabravas de clubes cordobeses. Uno de esos casos fue el homicidio de Emanuel Balbo ocurrido el 15 de abril de 2017 durante el partido Belgrano-Talleres, en la tribuna popular Willington.
En esa causa participó Ciocca como abogado defensor de Yamil Salas, joven que recibió una condena a siete años y dos meses de prisión por haber sido partícipe secundario en el crimen de Balbo. El tío del condenado es Ramón Salas, el tercer detenido por el escándalo de Bouwer.
Ramón Salas es vecino de barrio Matienzo, es un fiel puntero político del oficialismo cordobés en la seccional 10ª, al sur de la ciudad de Córdoba. En el último tiempo trabajó políticamente para Stella Bustos Fierro, directora del CPC Villa El Libertador.
Como empleado en el ex Ministerio de Seguridad (actual Ministerio de Gobierno y Seguridad) supo realizar tareas administrativas en diferentes comisarías de la capital. Durante la pandemia, sus compañeros militantes sabían que vendía certificados Covid-19 legales para quienes necesitaran solicitar una licencia, aunque no hubo una acusación formal. También trabajó en cooperativas de vivienda vendiendo casas.
Luego de la trascendencia pública del caso, el ministerio decidió desvincular a Salas de Subsecretaría de Coordinación y Planificación, área en la que estaba contratado desde 2015.
En su cuenta de Facebook, Salas exhibe fotos con distintas figuras políticas de Hacemos Unidos por Córdoba, incluso con el gobernador Juan Schiaretti. También compartió imágenes con el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, y con Roberto Ponce, el “Loco Tito”, exjefe de la barrabrava del club de barrio Alberdi.
Consumadas las detenciones de Ramón Salas y el abogado Alfredo Ciocca, desde el entorno del Loco Tito creen que estas dos personas frenaron las reiteradas denuncias que familiares de Ponce realizaron por una sucesión de hechos ocurridos entre marzo de 2021 y mayo de 2023, en los que ellos consideran que quisieron asesinar al exjefe de la barra de Belgrano.
En resumen: Guzmán, Ciocca y Salas, habrían pedido sumas en pesos y dólares a los presos y sus familiares para falsificar informes de conducta, que les permitían mejoras en sus condiciones de alojamiento en sus celdas.
Pero la secretaria de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba Cecilia Lanzarotti, supo indicar a los medios que Guzmán no tenía atribuciones para decidir “externaciones” de internos, así como tampoco las distintas modalidades de libertad.
Tampoco tenía entre sus funciones evaluar la conducta de los presos, que en el Servicio Penitenciario de Córdoba es una función que está a cargo de un Consejo Correccional, un organismo técnico criminológico integrado por psicólogos y médicos.
También el fiscal Enrique Gavier investigó y elevó a juicio la causa contra René Alejandro “Chancho” Sosa, acusado de liderar una banda que integraban otras cinco personas, entre ellas el guardiacárcel Mauro Casado, primo del concejal Diego Casado.
Según la investigación, Sosa lideraba una banda que cometía estafas virtuales, sobornaba a guardias penitenciarios, además de comandar una banda narco en el exterior.
Los acusados habrían montado en la cárcel lo que denominan un call center tumbero para cometer estafas tras ingresar no menos de 300 celulares al Complejo Carcelario de Cruz del Eje.
Estos vínculos entre los personajes de estas causas son los que el fiscal Gavier investiga para resolver las implicancias y responsabilidades. En esa oportunidad, se aportaron “elementos probatorios con relación a dicha causa”, según precisó el organismo en su cuenta de la red social Twitter.
Las detenciones se registraron el mismo día en el que comenzó en la Cámara 10ª del Crimen un juicio contra René Alejandro “El Chancho” Sosa, acusado de liderar una banda que habría ingresado cientos de teléfonos celulares al penal de Bouwer para revenderlos y cometer estafas telefónicas.
Y otras 20 personas fueron detenidas, entre ellas tres altos jefes penitenciarios del penal de Villa María, acusados de integrar asociación ilícita dedicada a las estafas telefónicas desde ese establecimiento carcelario, sumando así a ésta causa.
Los nuevos detenidos por orden del fiscal de Instrucción, Enrique Gavier, son el director del Establecimiento Penitenciario Número 5 de Villa María, Andrés Américo Aciar, el subjefe de Operaciones Edgar Ezequiel Arroyo, y el jefe de Seguridad Néstor Gómez. Los tres están imputados como presuntos integrantes de una asociación ilícita.
“Dichos funcionarios fueron dispuestos a situación pasiva por disposición de la Dirección General de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad provincial”, precisó un tuit del mencionado organismo.
Minutos después de las 10.30 el fiscal Gavier confirmó a Mitre Córdoba que hay 20 personas detenidas, entre ellas familiares de los internos, y que se las investiga por la supuesta comisión de estafas telefónicas. Además precisó que se secuestraron durante el operativo "material probatorio, dinero en efectivo, armas y vehículos".
Recordemos que el fiscal Gavier había expresado días atrás que la carátula provisoria es por “asociación ilícita” aunque "hay otros delitos en investigación". La finalidad de esa banda habría sido falsificar informes para beneficiar la situación de algunos internos en el penal de Bouwer. El funcionario judicial evitó dar más detalles sobre el expediente debido al secreto de sumario. La investigación se inició por una denuncia realizada por el Servicio Penitenciario de Córdoba el pasado 15 de junio.
Y ahora
El director de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) Julio Heredia fue separado de su cargo acusado de supuestos beneficios a otro alto jefe que fue detenido días atrás, Sergio Guzmán, exsubdirector del penal de Bouwer.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba informó en su cuenta de la red social X que “la decisión del pase a situación pasiva del exdirector Julio Heredia se dispuso por incumplimiento de sus funciones”. Además precisó en otro posteo que “en su reemplazo, ocupará el cargo como nuevo director el alcaide mayor técnico superior Gabriel Sebastián Dávila”.
Fuentes de la cartera de Justicia indicaron a Cadena 3 que se inició una investigación interna ya que se habría determinado que “Guzmán salió varias veces para ser trasladado a un consultorio interno, ya que tiene hipertensión” y en una de ellas se constató que “ingresó sin justificación alguna en la oficina del director Heredia”.
(Con información suministrada por PERFIL CÓRDOBA)
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