LA MONEDA ESTÁ EN EL AIRE

EDITORIAL

Nuestro sistema es la división de poderes

Por Walter R. Quinteros

Alberto Fernández quiere pasar a la historia, ya lo hizo desde sus horripilantes maniobras políticas. Va por más. Ahora buscó apoyo en los gobernadores "aliados" para impulsar el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

En el texto dado a conocer esta tarde, indican los firmantes que "se solicita el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".

El texto incluye a todos los miembros del máximo tribunal. "Asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, que se describen en los apartados siguientes, se solicita se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti", agrega el texto.

En la firma del documento lo acompañaron Axel Kicillof por Buenos Aires; Raul Jalil de Catamarca; Jorge Capitanich de Chaco; Mariano Arcioni de Chubut; Gildo Insfrán de Formosa; Sergio Ziliotto de La Pampa; Ricardo Quintela de La Rioja; Alicia Kirchner de Santa Cruz; Gerardo Zamora de Santiago del Estero; Gustavo Melella de Tierra del Fuego; y Osvaldo Jaldo de Tucumán.

Algo para tratar de entender de qué se trata.

La decisión que toma Alberto Fernández, se toma por trascendidos obtenidos a partir de hackeos y, espionaje ilegal, que pusieron bajo la lupa a Juntos por el Cambio y a miembros de la Justicia. La aparición de "conversaciones" entre Marcelo D’Alessandro, funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, con distintos operadores judiciales y empresarios. Pero no cabe duda que la "vendeta" viene por el fallo de la coparticipación con CABA. 

Figúrese algo así como que la Corte Suprema, aparece como no amiga ni obsecuente con el presidente.

En el documento sostienen que la Corte Suprema "ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional".

"Los hechos que aquí se enunciarán exponen una situación anómala en la que la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes".

Finalmente, anuncian que en el documento se desarrolla "el grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", esto es en referencia al fallo sobre la coparticipación que benefició al Gobierno porteño.

"Este fallo de la Corte Suprema implica arrogarse facultades legislativas que no le corresponden, ya que, sin pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión, ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente", sostienen con respecto a la medida que dispuso que el Estado Nacional entregue nuevamente a CABA el 2,95% de los fondos coparticipables.

"Se deja al completo descubierto que la Corte se arroga facultades que no le son propias y se extralimita en sus competencias y atribuciones. El Máximo Tribunal, al fin de cuentas, está instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional, cómo distribuir los recursos, cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos", añaden.

Y finalmente, los firmantes denuncian que "resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal.

En el documento señalan al artículo 53 de la Constitución nacional "como una de las causales habilitantes del juicio político al que se hallan sujetos los miembros de la Corte".

Nuestro sistema es: Representativo, republicano y federal.

Representativo: significa que el pueblo gobierna por medio de representantes que elige por el voto.

Republicano: se basa en la división, control y equilibrio entre los tres Poderes:

El Poder Legislativo: que hace las leyes. (Póngale que a usted no le favorezca).

El Poder Ejecutivo: que ejecuta las leyes. (Póngale que usted se sienta perjudicado).

El Poder Judicial: que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias. (Póngale usted que acude aquí por la desgracia causada. Es la última palabra).

Mire, más fácil que la tabla del uno.

Federal: permite que convivan dos clases de gobiernos, los gobiernos provinciales (ya que cada provincia se gobierna a sí misma) y el gobierno federal, que abarca todo el territorio de la Nación. Este sistema permite el control y cooperación entre ambos.

División de Poderes

Poder Ejecutivo: Está a cargo de un un ciudadano o ciudadana con el título de "Presidente de la Nación Argentina" y representa a nuestro país ante los demás Estados. Es elegido por el pueblo. Dura 4 años en su cargo y puede ser reelegido cuando termina su mandato. Luego, ya no puede ser vuelto a elegir hasta que pasen por lo menos 4 años.

Poder Legislativo: Es el Congreso de la Nación, que está compuesto por dos Cámaras: una de Diputados de la Nación y otra de Senadores que representan a las provincias y a la CABA. Son elegidos por el voto del pueblo.

Poder Judicial: Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los demás tribunales inferiores.

Los jueces y juezas no son elegidos por el voto popular sino por un sistema especial en el que interviene el Consejo de la Magistratura. Los jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son elegidos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Conservan sus cargos mientras dure su buena conducta.

Nosotros, y por ejemplo los jubilados que le iniciamos juicios al Estado para poder así regularizar nuestro sueldo y que acudimos a la Corte Suprema para que se efectivice, también podríamos opinar exactamente lo contrario a lo que señala este documento. Ya que el mal desempeño sería del presidente y los ministros que incumplen con esta decisión que nos favorecía. 

A ellos, no les "hackeamos" sus celulares, ni les realizamos "espionajes ilegales".

Ellos —el presidente y estos once gobernadores—, en síntesis, no solo se han rebelado contra aquel fallo de la Corte. Nos hace pensar entonces que cualquier ciudadano que llegue a presidente crea que, le asiste el poder de negarse a cumplir las leyes y cada fallo judicial. 

Entre nosotros y hablando desde la mesa de un bar: A un presidente no le asiste ningún Poder Divino. Imagínese un simple intendente.

Nosotros esperamos que se vayan todos. Tal vez, el que venga, cumpla las leyes.

Para eso hemos optado en nuestra Constitución, por la división de Poderes.

La moneda está en el aire.

Cae en las elecciones.