IGUALITOS A LOS NUESTROS

 POLÍTICA

En Uruguay, sindicalistas deberán devolver 400 mil dólares previstos para formación y capacitación y que gastaron en cenas “en lugares nocturnos” o compras en supermercados

(Sede del Inefop. Foto: Walter Paciello | Presidencia)

URUGUAY- Varias entidades vinculadas al mundo sindical y empresarial deberán devolver el equivalente actual a poco más de US$ 400.000 al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) que les fueron aportados por ese organismo, pero que terminaron siendo destinados a fines apartados de la normativa.

La resolución fue confirmada este martes en los resultados de un estudio de seguimiento que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) realizó sobre un análisis que esa misma oficina había efectuado en 2020 y que había corroborado graves irregularidades en los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2019, los tres últimos años gobierno del Frente Amplio. Entre ellas, que en el 90% de las rendiciones de cuentas presentadas por las instituciones beneficiarias del Inefop presentaban gastos totalmente por fuera del marco legal vigente.

Se trata de dineros que forman parte del Fondo de Reconversión Laboral -que se nutre con el aporte de trabajadores y empleadores privados que, según la ley vigente, tienen que ser destinados a la "cooperación y asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva". También a la "promoción del empleo juvenil".

Pero, según el estudio, gran parte de ese dinero terminó siendo derivado a gastos tales como “pagos de cenas en locales nocturnos en la madrugada” o a abonar los honorarios profesionales de abogados en litigios ajenos al instituto. También a reiteradas compras en supermercados, alquiler de vehículos, servicios de catering y almuerzos, honorarios en clínicas odontológicas y médicas, suscripciones de prensa o salarios de funcionarios no vinculados a las instituciones relacionadas.

En concreto, las organizaciones involucradas deberán reintegrar un total de $ 16.940.000 por gastos observados a cuenta de futuros desembolsos, con cargo al presupuesto de los años 2023 a 2025. Así lo confirmó a El País el director general del Inefop, Pablo Darscht. Será, precisó, a descontar de nuevos proyectos o con fondos propios. "Asumieron un compromiso y lo están cumpliendo", aseguró.

Entre los principales beneficiarios de estos fondos se cuentan el Pit-Cnt -a través del Instituto Cuesta Duarte, que cuenta con personería jurídica- y las cámaras de Comercio y de Industrias.

Debilidades significativas

La auditoría realizada en 2020 -que había sido difundida en su momento por el semanario Búsqueda- había detectado que el sistema de control implementado por el Inefop presentaba significativas debilidades, que terminaron por impactar negativamente en las finanzas del instituto, derivadas en este tipo de pagos por fuera de la normativa y que, lejos haber sido observados, fueron convalidados y aprobados por las autoridades de entonces, que a su vez liberaron nuevas partidas, retroalimentando así un sistema ineficiente.

También que las transferencias bancarias realizadas a las instituciones se hacían con una sola firma por parte de una gerencia, sin contar con la firma de otro jerarca del Inefop que las avalara. Además, quien efectuaba las transferencias era también la encargada de controlar e informar las rendiciones de estas entidades.

En cuanto al sistema de gestión, se constató que no permitía realizar consultas directas sobre las transferencias realizadas, teniéndose que aplicar otro recurso como la utilización de planillas Excel o tablas dinámicas para obtener la información, lo que no garantizaba su confiabilidad.

El análisis de seguimiento efectuado comprobó que la actual dirección del instituto aprobó un reglamento operativo y de rendición de gastos, así como guías con procedimientos a aplicar. Además, se contrató a una consultora para la reestructura de la gerencia de Administración y Finanzas y se pasó a exigir doble firma para aprobar las transferencias bancarias, con límites a transferir para cada persona habilitada.

(EL PAÍS)