OPINIÓN
El Mundial de Cristina Kirchner recién empieza y el veredicto en el juicio de la obra pública no es tan grave para ella ni tan significativo para quienes quieren verla presa
¿Seis años de prisión por una maniobra de corrupción estructural sostenida durante 12 años? ¿Condenada 14 años después de la primera denuncia? ¿Con la posibilidad de seguir discutiendo larguísimos meses en otras instancias antes de que pueda afirmarse definitivamente que es culpable? ¿Y para no ir presa nunca porque no hay más veleta que la Justicia y porque, en el peor de los escenarios, podría (si quisiera) tener fueros o incluso, por su edad, cumplir la pena en la comodidad de su hogar? ¿Qué es lo tan grave para Cristina Kirchner? ¿Qué es lo tan significativo para quienes la creen culpable?
Ni siquiera es cierto eso de que el Poder Judicial tuvo coraje porque, por primera vez, se animó a ir contra el poder cuando todavía está en el poder. Hay que dejar de ser tan chupamedias por dos años, chicos. ¿Qué poder? Cristina tiene la segunda peor imagen del oficialismo después del presidente y, salvo que ocurra un milagro, el Gobierno tiene las elecciones de 2023 completamente perdidas. El poder real hoy está afuera del Estado, no adentro. Así que muy lindo todo, pero esto de coraje no tiene nada. Coraje hubiera sido avanzar en 2011-2012, cuando la entonces presidenta gobernaba con el 54% de los votos.
Es una condena. Un golcito. Y apenas el primero en mil años de escándalos alrededor del poder kirchnerista. El vaso de impunidad está casi completamente lleno. Mirá. Los Kirchner gobernaron Santa Cruz en forma ininterrumpida desde 1991 (y antes, a partir de 1987, Río Gallegos). Julio De Vido, el que para los jueces que condenaron a Cristina tuvo una “limitada intervención” en la corrupción de las obras viales de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que no tenía “un interés particular para procurar -para sí o para un tercero- un lucro indebido con fondos del erario público” (se me ríen las medias, en serio) manejaba la obra pública kirchnerista ya desde la época de la intendencia.
O sea, administraron fondos públicos rodeados de escándalos y acusaciones de corrupción ¡desde 1987! ¡Pasaron 35 años antes de que llegara una condena! Y es apenas eso. Octavos de final. Todavía faltan cuartos (Casación), semis (recurso extraordinario para ir a la Corte) y la final (recurso de queja directo ante la Corte). Y, si pierde en la final, siempre queda la posibilidad de intentar ganarlo en el escritorio ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Por lo demás, hasta la final es casi como si la condena no existiera: no vas en cana, no estás inhabilitada para ejercer ningún tipo de cargo público. Ni siquiera te sacan la guita. A lo sumo seguís con algún embargo modesto para que la gente no piense que la Justicia es tan boluda de dejar que te desapoderes de los bienes que dice que te choreaste.
¿Un par de ejemplos de los escándalos de estos 35 años? En Santa Cruz se acusó a los Kirchner de usar el banco público para repartir préstamos a los amigos, incluyendo a empresas constructoras. En 1996, el banco estaba quebrado: había prestado 252 millones de dólares de los cuales 180 eran incobrables. ¿Qué amigos? Por ejemplo, un miembro del Tribunal de Cuentas al que le fue tan bien que terminó siendo juez del Tribunal Superior. ¿Qué empresas? Las que absorbería Lázaro Báez a partir de 2003. El mismo Báez que había arrancado como empleado de ese mismo banco provincial y que había sido ascendido a gerente con la llegada de Néstor a la gobernación.
Un caso paradigmático fue el de Gotti, la empresa que se terminaría quedando Báez vía Ernesto Clarens, el financista que le prestaba dinero para terminar obras públicas y luego cobraba los certificados del gobierno provincial. La financiera se llamaba “Invernes” (se decía que por “Inversiones Néstor”, pero Clarens lo desmintió en la causa de los cuadernos). Kirchner tenía vínculo con Gotti desde su época de intendente. Ya como Gobernador, se dijo que la benefició con la mayoría de los contratos de obra pública, que le pagaba sin certificados de obra y que la favorecía con préstamos irregulares del banco público.
De esas épocas son también las denuncias de apropiación ilegal de tierras fiscales. Se acusó a los Kirchner y a sus amigos de quedarse con terrenos públicos a precio vil para luego venderlos por millones. La investigación estuvo a cargo de la fiscal provincial Natalia Mercado, sobrina de los Kirchner y quien también, según se dijo, había sido beneficiada con la maniobra inmobiliaria. Trancu. La jueza, no menos elegante, era una abogada que intervino como suplente (Andrea Askenazi Vera) y que, según denunció el subrogante que la reemplazó, les ordenaba a los empleados del juzgado que le dieran las causas políticas, que ella luego se encargaba de dejar morir.
¿Pasó algo con todo esto? Nada. Nunca pasó nada. En 2003 los Kirchner llegaron al ámbito nacional y, casi desde el inicio, fueron abrumadoras las sospechas de que se estaban enriqueciendo con dineros públicos. Y tampoco pasó nada. Nunca. Por casi 20 años.
Los imputaron tres veces por enriquecimiento ilícito. Todos los jueces los sobreseyeron y los fiscales no apelaron. El primer caso, por el período 1995-2004, lo llevó Julián Ercolini, el mismo que terminaría elevando a juicio la causa Vialidad (la de la condena de esta semana). El fiscal (Eduardo Taiano) no apeló y alguien denunció (no formalmente) que le habían secuestrado al hijo. El segundo caso, por los períodos 2005 y 2007, lo investigó Rodolfo Canicoba Corral. También los sobreseyó y el fiscal (otra vez Taiano) no apeló.
El juez del tercer caso, por el período 2008, fue el inefable Norberto Oyarbide. La Oficina Anticorrupción se negó a investigar. El magistrado sobreseyó con un informe técnico de peritos de la Corte que solo habían accedido a los papeles de trabajo del contador personal de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien sería detenido en 2017 por lavado de dinero. El fiscal (sí, Taiano) no apeló. Y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Guillermo Noailles (que reemplazó a Manuel Garrido cuando el procurador Esteban Righi le recortó sus funciones) tampoco apeló. Righi había sido designado por Kirchner en 2004 a pesar de que su estudio de abogados lo había defendido en la primera causa de enriquecimiento ilícito.
El resto es historia más reciente. La ruta del dinero, Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, el gas natural licuado, los documentos históricos, el traslado de diarios y muebles a Santa Cruz, los corredores viales, los subsidios a empresas de transporte, la compra de dos millones de dólares, el Memorándum con Irán, el dólar futuro y, claro, Vialidad, la de la condena.
Casi 35 años, 20 causas y una condena. La mayoría ni siquiera pasaron la fase de grupos para discutir la prueba en un juicio. Tres casos (dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces) llegaron a octavos, pero cuando los equipos salieron a la cancha la terna arbitral dijo “nah, mejor no lo juguemos”.
Solo uno de los partidos que llegaron a juicio se jugó. De Vido ganó. Cristina perdió. ¿Pero cuánto perdió? ¿Qué perdió? ¿No ser candidata el año que viene porque la ensuciaron? ¿No es, acaso, una buena excusa para no presentarse a una elección que ya está perdida? ¿Ir presa? No. ¿Qué le decomisen los bienes? No. ¿Perder? Perder es estar detenido sin condena en una cárcel de mala muerte como el 60% de los presos en la Argentina. Eso es perder.
(Infobae)
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