OPINIÓN
La Argentina está en las vísperas de uno de los días más importantes de su historia institucional, probablemente desde la mismísima organización constitucional
Por Carlos Mira
Una ex presidente de la República escuchará la decisión de un tribunal de Justicia que la juzgó por la comisión de uno o más crímenes en contra del pueblo.
La sujeción de las autoridades surgidas de una elección a un orden superior al simple voto popular constituye la base misma de la democracia; la idea original en base a la cual se organizó el llamado “gobierno del pueblo”.
En efecto, la democracia NO ES el gobierno de la mayoría. Mucho menos el gobierno únicamente de quien gana unas elecciones. La democracia es el gobierno del pueblo: de TODO el pueblo. Del que gana y del que pierde.
Así como quien gana se hace del derecho de administrar y de imprimirle su sesgo a la nación durante el término de su mandato, el que pierde también tiene que tener garantizado el acceso a instrumentos que le aseguren la perdurabilidad de sus derechos y la protección de su vida, de su patrimonio y de su libertad.
Todo el pueblo también -el que gana y el que pierde- debe contar con las garantías de que el Tesoro Público estará protegido contra quienes, confundiendo su rol de servidores públicos con el de dueños de recursos que son de todos, dispongan de ellos en su beneficio personal y en contra de los intereses de la nación.
Solo un sistema que garantice el funcionamiento de estos resortes es cabalmente democrático.
Aquellos que, aprovechándose del apelativo que tiene la creencia de que quien gana puede hacer lo que quiere, alientan la idea de que la democracia es el sistema en el que solo los que ganan tienen derechos, no hacen más que sustentar la posibilidad de que surjan verdaderas “dictaduras democráticas” o lo que, más intelectualmente, Alexis de Tocqueville llamó “tiranía de la mayoría”.
Para poner en práctica un sistema verdaderamente democrático era preciso encontrar una forma de canalizar ese poder contra mayoritario que detuviera los excesos de quienes ganan y la posibilidad de que los funcionarios electos actúen, no como servidores públicos, sino como dueños del Tesoro Público.
Ese canal fue el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder que defiende los derechos del pueblo contra quienes fueron elegidos por el pueblo.
Por eso los jueces no pueden surgir de un juego matemático de mayorías y minorías electorales porque si ellos surgieran también del voto mayoritario la corriente contra mayoritaria carecería de vehículo para defenderse y todo el poder quedaría concentrado en la fuerza de quien gana, sin que nadie lo controle.
Ese sistema dejaría de ser el “gobierno del pueblo” (de TODO el pueblo) para pasar a ser sólo el gobierno de la mayoría. Por lo mismo ese sistema dejaría de ser una democracia para pasar a ser otra cosa, algo a lo que se le debería encontrar un nombre que diera a entender que, bajo ese sistema, solo el que gana tiene derechos.
Como pese a sus dificultades (parecidas a las de un motor que “ratea”) la Argentina intenta ser una democracia, la ex presidente Fernández fue llevada ante los estrados que defienden los derechos individuales y la integridad del Tesoro Público para que explique distintas inconsistencias respecto de su administración.
Es el pueblo (que en definitiva pudo haber sido el perjudicado en todo esto) el que le pide explicaciones. Si estuviéramos en EEUU este caso no se conocería como “Causa Vialidad” sino como “El Pueblo vs Cristina Fernández de Kirchner y otros” o “Los EEUU vs Cristina Fernández de Kirchner y otros”. Los norteamericanos tienen en claro que cuando actúa la Justicia también actúa “el pueblo”.
Por ese malfunction mental que los argentinos tienen respecto de la génesis del sistema en el que creen vivir (y por el inagotable bombeo de una ignorancia inducida que le conviene a quienes gobiernan) el país (o gran parte de él) creen que la Justicia NO ES parte del gobierno del pueblo y que mucho menos sus decisiones son también las decisiones “del pueblo”.
Pero lo son.
Mañana el pueblo dará su veredicto sobre la culpabilidad o la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Es al pueblo al que la ex presidente le debe sus explicaciones. No importa que el origen de su poder sea el voto mayoritario como ella pareció sugerir en una parte de su alegato (“un gobierno elegido por el pueblo no es susceptible de cometer delitos prescritos por el Código Penal porque el voto del pueblo está por encima del Código Penal”) No, señora: usted, antes que nadie, le debe explicaciones al pueblo. A la parte del pueblo que la votó y a la parte del pueblo que no la votó.
Si usted estuviera exenta de dar explicaciones sería una especie de monarca absoluta por encima de la ley, y ese no es el sistema que impera en la Argentina.
Debe constar también que el sistema va incluso en defensa de los fanáticos y cabezas de termo que creen que Cristina Fernández de Kirchner está más allá de la ley porque la votó una mayoría y como tal puede hacer lo que quiere.
Si hacer lo que quiere incluye meter la mano en el bolsillo de la gente (incluso del bolsillo de la gente que la votó) eso no es “democrático” y el pueblo debe contar con herramientas para exigir la rendición de cuentas y el eventual pago de sus responsabilidades.
La abundante evidencia aportada por la fiscalía (que actuó en representación del pueblo que pide explicaciones) hace presumir que en el caso “El Pueblo contra Cristina Fernández de Kirchner y otros” la ex presidente será declarada culpable y deberá pagar, ante el pueblo, la culpa por haberlo estafado.
(The Post)
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