OPINIÓN
“No se pueden invocar las razones de supervivencia del Estado para negar los derechos que son los que justifican la existencia del Estado”
Varias cuestiones judiciales se han eslabonado en los últimos días en instancias perentorias de definición. Algunas de ellas, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, han sido pospuestas.
Entre ellas la decisión sobre los fondos arrancados de la coparticipación federal correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, cuando Alberto Fernández sin mediar siquiera un aviso de cortesía manoteó más de 30 mil millones de pesos del año 2020 en plena pandemia aduciendo que debía recaudar fondos para solucionar un amotinamiento por motivos salariales que estaba protagonizando la policía de la provincia de Buenos Aires.
Conociendo la calaña de los actores no cuesta mucho trabajo sospechar que todo aquello -más allá de las penurias que sufre todo policía- fue armado justamente como una pantalla “tragable” para asaltar las arcas de Rodríguez Larreta.
Todo el mundo recuerda el show armado en Olivos con la presencia de varios gobernadores en donde Fernández notificó el atraco poco menos que en vivo y en directo, por televisión y con representantes del GCBA en la Quinta Presidencial.
El jefe de gobierno recurrió a la Corte (que tiene jurisdicción originaria exclusiva en estos casos) pero mientras tanto el manotazo siguió vigente a todos los efectos prácticos. La cifra acumulada y actualizada al día de hoy sacude obviamente cualquier presupuesto público.
Según corrillos de tribunales, todo parecía indicar que la Corte se expediría en estos días sobre el fondo de esa cuestión y, según las mismas fuentes, se iba a inclinar por disponer que el gobierno federal restituya los fondos a la Ciudad y desde ahora en más vuelva a respetar los términos de la coparticipación vigentes al momento del robo. Sin embargo postergó la decisión.
En el mismo sentido se expidió respecto de una causa que podríamos entender derivada de ésta, ya que para suplir los fondos manoteados, Rodríguez Larreta aumentó la alícuota de los Ingresos Brutos en la ciudad y creó un tributo a las transacciones con tarjeta de crédito que fueron objeto de reclamo judicial. Ese reclamo llegó al máximo tribunal que acaba de pasar para más adelante su laudo respecto de la cuestión.
Muchos hablan de un juego político de la Corte, a lo que el notable abogado constitucionalista Alejandro Fargosi, ex consejero de la Magistratura, respondió en mi programa de radio de ayer recordando una extraordinaria cita de la Corte Suprema de los Estados Unidos que siempre demuestra por qué ese país es lo que es. Dijeron los jueces norteamericanos: “No se pueden invocar las razones de supervivencia del Estado para negar los derechos que son los que justifican la existencia del Estado”. Contundente: la repetida recurrencia de muchos jueces de la Argentina (incluida la mismísima Corte) en refugiarse en una supuesta supremacía del Estado para deteriorar la calidad de la protección de los derechos individuales, tiene, en EEUU, un contraste feroz: la existencia del Estado sólo se entiende justificada para proteger derechos civiles. Si no hace eso no sirve para nada y su existencia no tiene justificativo. Por lo tanto, cada vez que entren en conflicto los intereses del Estado y los de un particular, la Justicia siempre deberá priorizar los derechos de las personas por encima de cualquier supremacía estatal. La Argentina sería un país probablemente muy distinto si esos principios hubieran tenido la acogida que debieron tener aquí, teniendo en cuenta las fuentes y la escuela jurídica a la que pertenece la Constitución.
La otra cuestión que tiene en ascuas al normal desenvolvimiento institucional del país es el alzamiento contra el orden constitucional que encabezó Cristina Fernández de Kirchner al insistir con la fraudulenta designación de Claudio Martín Doñate como un consejero usurpador para representar una supuesta segunda minoría del Senado en el Consejo.
Como sabemos el kirchnerismo como fuerza política ya tenía un representante en ese cuerpo. Por la vía de una división artificial del bloque, la vicepresidente aspira a robar otro para acaparar una especie de representación por mayoría y minoría. La Corte ya le dijo que eso era un ardid fraudulento no viable y mandó a designar a Luis Juez. Kirchner desafió al cuerpo volviendo a nombrar a Doñate. Nadie sabe si éste será removido de los fundillos del traste por la policía, si Rosatti se negará a tomarle juramento o si el conflicto se dirimirá a las trompadas en la calle entre el usurpador y Luis Juez.
El otro tema judicial que se dirige a su recta final es la causa de Vialidad Nacional. Hoy hablaron los primeros cinco imputados por orden alfabético dando sus palabras finales antes del veredicto. La semana que viene será el turno de Kirchner. Todavía la vicepresidente no confirmó si hará uso de ese derecho. Recordamos que se trata de eso: un derecho; no una obligación. Naturalmente las tendencias histriónicas de la viuda de Kirchner hacen pensar que no dejará pasar por alto la posibilidad de desarrollar otro teleteatro al mejor estilo de Andrea del Boca. Pero no hay nada seguro hasta ahora.
Terminado el turno de las “últimas palabras” el tribunal quedará listo para dar a conocer la parte resolutiva de la sentencia, es decir aquella parte en donde se expide sobre la condena o absolución de todos los imputados y sobre la extensión de las penas.
Y finalmente el otro caso que desde hace días viene amenazando con producir una novedad es el de Hotesur-Los Sauces. La vicepresidente pidió que la Cámara de Casación confirme el increíble sobreseimiento que sobre ella y sus hijos dictó el tribunal de primera instancia sin siquiera abrir la causa a prueba, mientras que el fiscal Mario Villar pidió que dicho fallo se revoque y que la causa se eleve a juicio oral. Los rumores de tribunales también indican una inminente decisión en el sentido que solicitó el fiscal por fallo dividido, pero hasta ahora la decisión final no se ha conocido.
Es hora que la Justicia deje de especular y juegue sus cartas de acuerdo a los únicos antecedentes que debe tener en cuenta a la hora de las decisiones: el enorme peso de las evidencias.
(The Post)
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