LA RUTA DE LOS ABOGADOS

OPINIÓN

¿Dónde terminará la investigación por el atentado a la vida de la vicepresidente?

Por Carlos Mira

Y pregunto “dónde” y no “cómo” porque lo que parece haberse abierto aquí es una caja de Pandora que nadie sabe hacia dónde saldrá disparada.

Hace una semana uno de los tantos abogados que tiene Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, afirmó en un tweet (que luego sugestivamente borró) que el intento de homicidio podría tener sus raíces en lo que él llamó “tropa propia”.

Ayer el acostumbradamente desencajado ministro de Justicia, Martin Soria, dijo que para avanzar en la investigación debía seguirse la ruta de los abogados.

Sabag Montiel y Brenda Uliarte tienen defensores oficiales, pero Nicolás Carrizo (quien aparece como el líder de la Banda de los Copitos) nombró a un abogado privado, aparentemente de prestigio, que se llama Gustavo Marano.

¿Quién le paga a Marano? Parece difícil que un vendedor ambulante de copitos de azúcar pueda hacer frente a esa erogación. Quizás Soria tenga razón y deba seguirse la ruta de los abogados.

Máxime cuando otros letrados empiezan a estar sugestivamente ligados al caso.

Uno de ellos es Franco Bindi. Bindi es el abogado del periodista de Crónica Tomás Méndez que, según estarían a punto de revelar datos del teléfono de Brenda Uliarte, estuvo en contacto con ella varias veces antes del 1 de septiembre. Es más, Sabag Montiel apareció en varios “reportajes” callejeros que hizo el periodista de esa señal de noticias cercana al oficialismo aparentemente de modo espontáneo con “transeúntes”.

Pero lo curioso del caso es que Franco Bindi desempeñó un rol protagónico en el “operativo puf” con la que se pretendió apartar al juez Casanello de la causa conocida como Ruta del Dinero K en donde se investigaba a Lázaro Báez por lavado de dinero.

Otro de los abogados cuyo nombre empezará a escucharse seguido a partir de aquí es el de José Manuel Ubeira, quien fue designado por Cristina Kirchner como su letrado patrocinante al presentarse ella como querellante particular en el caso.

Lo extraño es por qué la vicepresidente nombró a este abogado cuando trabaja desde hace años públicamente con otros que atienden sus casos penales.

Y más extraño es cuando se averigua quién es Ubeira.

Este abogado es el socio principal del Estudio al que entró a trabajar Juan José Ribelli, el comisario acusado y condenado por ser parte de la conexión local del atentado a la AMIA, que salió de la cárcel luego de que, estando allí, se recibiera de abogado. Hoy Ubeira y Ribelli son socios.

Otro de los presos, acusado de ser quien vendió la camioneta para la voladura de la mutual judía, Carlos Telleldín (también convertido en abogado) estuvo a punto, según dicen algunas fuentes, de convertirse en letrado de Brenda Uliarte. Telleldín había sido, a su vez, quien acusó a Ribelli de ser quien participó en la venta de la Traffic.

¿De dónde sale esta extraña conexión entre abogados que patrocinan o estuvieron a punto de patrocinar a alguno de los involucrados en el crimen con el abogado designado por su principal víctima? Es un misterio que sería interesante que la investigación aclare.

El punto es que las esperanzas de que eso ocurra son bajas. Al contrario, lo mas probable es que todo termine, como siempre en la Argentina, en una ensalada en la que nadie entiende nada y dónde todo se pierde.

Cómo se perdieron los datos del teléfono del principal sospechoso mientras lo manipulaban manos de policías federales. O como se perdió el rastro de las huellas en el arma o el seguimiento que la jueza Capuchetti ordenó hacer a las conversaciones telefónicas de Brenda Uliarte ni bien se conoció su relación con Sabag, al día siguiente del atentado.

Esas escuchas también tenían que ser hechas por la policía federal que depende de Aníbal Fernández. Pero cuando la jueza quiso tener respuestas sobre lo que ella había ordenado se enteró de que su orden no se había cumplido: nadie en la policía había escuchado lo que Brenda habló después del atentado y hasta que quedó detenida.

Por eso, quizás por una vez en la vida, el atribulado ministro Soria tenga razón y una buena idea para la investigación sea seguir la “ruta de los abogados”.

Tal vez ese camino conduzca a un destino muy diferente del que el gobierno desea plantar según el cual una conspiración fascista de medios, jueces y políticos opositores estuvo detrás del atentado.

Nadie sabe por qué Dalbón borró su tweet en donde advertía que quizás había que buscar al culpable cerca de casa. Pero tal vez haya sido justamente por eso.

(The Post)