OPINIÓN
Por Juan Ignacio Segura
La reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 por parte de la Corte Suprema de Justicia intenta traer nuevamente “equilibrio” en la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, conforme lo ordena el artículo 114 de la C.N.. El espíritu del fallo busca restablecer el orden perdido con el dictado de la norma en cuestión, restableciendo el número de veinte miembros dispuesto por la Ley 24.937, en el que abogados y académicos tenían la responsabilidad de ser el equilibrio con las fuerzas políticas partidarias. El equilibrio, según la propia Corte en el antecedente “Rizzo”, consiste entonces en la imposibilidad de que alguno de los cuatro estamentos pueda llevar adelante acciones hegemónicas o controlar al Consejo de por sí y sin necesidad de consensos con otros estamentos.
Más allá de la composición del cuerpo, hemos visto cómo desde los inicios mismos del Consejo los diferentes partidos políticos han intentado y logrado torcer ese equilibrio constitucional mediante la imposición de candidatos propios en los estamentos de la abogacía. Así, fueron colocando “abogados” que abiertamente respondían a colores políticos y pocas veces a los intereses de la colegiación. El aparato partidario impuso a los colegios, foros y consejos de Abogados de todo el país, los consejeros que mejor respondían a sus intereses propios y la abogacía organizada, por acción, omisión o falta de poder político apartidario, perdió peligrosamente esos espacios de equilibrio.
En octubre se renuevan los cuatro miembros que corresponden a la abogacía y ya podemos ver cómo más de un candidato se pasea por el país visitando colegios de abogados y comités partidarios al mismo tiempo; disertan con la misma soltura en unidades básicas y en foros profesionales sobre federalismo. Las tensiones político partidarias ya se encuentran al servicio de la abogacía… ¿O viceversa?
Desde nuestro espacio, vemos con preocupación el destino del equilibrio que la Corte intenta traer nuevamente al ruedo. El ataque partidario a los espacios de la abogacía se encuentra a la orden del día y, como referentes de la colegiación, no podemos permitir que esto suceda nuevamente.
La Federación de Colegios de Abogados deberá consensuar rápidamente con sus miembros integrantes los candidatos que mejor reflejen los intereses del ejercicio profesional. Esos candidatos deberán tener como objetivo claro que representan a la colegiación; deberán velar por consolidar la participación de la abogacía en la comisión de selección de magistrados; deberán interiorizarse por las realidades que viven todos los matriculados del país más allá de las fronteras de CABA y de la Provincia de Buenos Aires; deberán entender que la política partidaria puede acompañar a la abogacía, pero no al revés. En definitiva, deben ser conscientes de que la abogacía y el equilibrio constitucional del que hablamos son los únicos referentes políticos a los que deben responder.
(Infobae)
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