OPINIÓN
En primera persona
Por Christian Sanz
En mis casi 30 años de periodista, pocas veces he sido actor principal de una noticia de relevancia. No sé si es bueno o malo, solo sé que ello es así.
Logré ser protagonista principal en puntuales cuestiones: el haber sido promotor de la denuncia que metió preso a Amado Boudou, o haber investigado la muerte del hijo de Menem, o haber avanzado más que nadie en el triple crimen de General Rodríguez, o haber desnudado los misterios detrás de la muerte de Lourdes Di Natale, entre otras cuestiones.
En esas oportunidades, me convertí en el personaje relevante de la noticia. Y derivó en millones de llamados telefónicos de colegas hambrientos de primicias.
Me ocurrió incluso el hecho de haber sido puesto en riesgo por la extinta Agencia DyN hace 16 años, en el marco de la muerte de la ya mencionada Lourdes Di Natale.
Todo ello viene a cuento de lo que me ocurrió este ingrato jueves, cuando agencia Noticias Argentinas —donde tengo el honor de trabajar— publicó un cable acerca de una querella que me inició en su momento el otrora jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia, por haberlo relacionado con el mundo narco en un tuit (no es chiste).
Nuevamente me ocurrió lo que sucede en estos casos: docenas de llamados de colegas que se interesaban en saber qué había ocurrido. La mayoría ni siquiera sabía que yo había sido enjuiciado. Porque este tipo de litigios, de índole privada, no suelen ver la luz pública.
Y acá viene lo importante: Roncaglia me hizo esa querella en 2018 por presuntos “daños y perjuicios”, en sede civil. Sin embargo, jamás le dio impulso.
Incluso mostró desinterés manifiesto en impulsar la querella, lo cual provocó el sobreseimiento en favor de mi persona, por “desestimiento tácito de la querella”, según el fallo de marras. En buen romance, el expolicía nunca impulsó la demanda como debía hacerlo.
Y cuando se dio cuenta de que la Justicia me había liberado de culpa y cargo, se apuró a apelar. Pero lo hizo a destiempo —cuando habían vencido los plazos— y a través de un escrito que carecía de firma.
Acaso por ello, mi abogado, Alejandro Sánchez Kalbermatten, estaba seguro de que la apelación no le sería concedida. Pero se equivocó.
A pesar de lo que dice el Código Procesal, la Cámara de Casación justificó tal “animalada” en el marco “de la digitalización de los expedientes ocurrida a gran escala y de manera inexorable a partir de la pandemia de COVID 19 (donde) se generan situaciones que deben ser analizadas con la mayor cautela posible en resguardo del debido proceso”. O sea, ¿qué tiene que ver la robótica con el dulce de leche?
En realidad, no debería sorprender. Los que firmaron son tres jueces híper cuestionados: Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky.
Ello explica todo.
(© Tribuna de Periodistas)
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