OPINIÓN
En el medio de ese período está encerrado uno de los capítulos más negros de la historia argentina
En el período democrático comprendido entre el 25 mayo de 1973 y el 23 de marzo de 1976, en medio del caos y la anarquía, los distintos grupos terroristas produjeron más de 6.500 hechos de violencia, en los que murieron 1.358 personas. Solamente durante marzo de 1976 las bandas terroristas asesinaron a 56 personas. Un promedio de casi dos por día. Por eso, cuando finalmente se produjo el golpe de estado, hubo en todo el país una sensación de alivio generalizado.
La revista “Gente”, la de mayor tiraje en el país en ese momento, sacó un libro especial de 242 hojas titulado: «25 DE MAYO DE 1973 – 24 DE MARZO DE 1976. FOTOS – HECHOS – TESTIMONIOS DE 1035 DRAMÁTICOS DÍAS».
Comenzaba diciendo:
«¿Por qué este libro? En el medio de ese período está encerrado uno de los capítulos más negros de la historia argentina. Desenfrenada carrera inflacionaria, violencia, vacío de poder, descomposición social, corrupción. Este libro es una crónica cruda, seca de lo que pasó. Sin ataques. Sin acento. Este libro cuenta y muestra. Quiere ser un testimonio que viva cuando en la memoria se borren las tristes imágenes. Cuando las heridas estén cicatrizadas. Por eso este libro.»
Hoy nadie se acuerda de eso. Nos han convencido de que el drama empezó recién ese 24 de marzo. Como si esos 1.035 días de democracia fallida de los que hablaba Gente y las causas que dieron origen al golpe de estado no hubieran existido jamás. La realidad indica que el golpe de estado, tan obvio como inevitable, era esperado por todos.
Lo cierto es que con el apoyo virtualmente unánime de la inmensa mayoría de la población y sin absolutamente ninguna resistencia, las Fuerzas Armadas asumieron la conducción de la República iniciando el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Que el golpe haya sido masivamente apoyado no implica que la gestión de gobierno posterior haya sido buena, ni que episodios como ese deban conmemorarse con alegría, pero la verdad histórica incontrastable es que el gobierno de facto contó con un enorme respaldo popular que lo acompañó durante los años siguientes de gestión, llegando a su clímax durante el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978. Y eso fue porque la gente común estaba harta, asustada y desesperanzaba, y exigía orden a los gritos.
El Congreso estaba virtualmente paralizado y la justicia, aterrada y sin herramientas. La prensa presionaba y el gobierno de "Isabel" no podía manejar ni siquiera al propio peronismo sobre el que supuestamente sustentaba su poder. Mientras tanto los políticos opositores, con Balbín a la cabeza, condenaban a la subversión y admitían públicamente que no tenían soluciones para aportar.
Durante el gobierno constitucional de Cámpora dispuso la inmediata eliminación de la Cámara Federal en lo Penal y se amnistió sin condiciones a los terroristas presos y condenados por crímenes aberrantes (entre ellos la mayor parte de sus líderes), quienes de inmediato retomaron las armas y volvieron a la lucha.
Durante los gobiernos democráticos de Cámpora, Perón e “Isabel” el terrorismo subversivo alcanzó su máximo nivel de expansión y virulencia Fue entonces cuando ocurrió la masacre de Ezeiza, se incrementaron enormemente los secuestros y asesinatos, el ERP se hizo fuerte en Tucumán con la intención de proclamar allí una “Zona Liberada” y se intentaron los copamientos de los cuarteles del Comando de Sanidad, Azul, Villa María, Catamarca, San Lorenzo, Córdoba, Formosa y Monte Chingolo.
En ese período fueron asesinados los sindicalistas Rucci y Coria; el ex ministro Mor Roig; el jefe de la Policía Federal, comisario Villar y su esposa; el cónsul de los EE.UU. en Córdoba, John Egan; el general Cáceres Monié y su esposa; el juez Quiroga de la disuelta Cámara Federal en lo Penal, los profesores Genta y Sacheri; y cientos de miembros de las fuerzas armadas, policías, dirigentes gremiales, empresarios, profesionales, intelectuales, políticos, jueces, amas de casa, civiles inocentes y niños.
Fue precisamente la presidente María Estela Martínez de Perón quien en febrero de 1975 firmó un decreto ordenando el aniquilamiento de la subversión en Tucumán, y luego, en octubre, delegó en Luder la firma de un segundo decreto para la ampliación de esa orden a todo el territorio nacional.
Frente a la creciente provocación subversiva, las Fuerzas Armadas se dejaron llevar por el clamor popular, cayeron en la trampa y tomaron el poder, entrando así en el juego de la subversión y en el de los vivillos que como siempre nos alentaban diciendo “¡Animémonos y vayan!”.
Los medios de comunicación, las cámaras empresariales, los sindicatos, la Iglesia, funcionarios del gobierno de turno, políticos de la oposición, jueces y numerosos sectores sociales habían golpeado con insistencia y desesperación sus nudillos contra la puerta de los cuarteles clamando por orden, paz y seguridad. Muchos de ellos personajes nefastos, a los que solamente les interesaban sus asuntos personales, su bolsillo, su paz y su tranquilidad y que, pasados los años, no sólo se hicieron los desentendidos de sus responsabilidades, sino que además nos apuntaron con su dedo acusador y fueron cómplices de la persecución que se desató contra aquellos que les habían devuelto, a costa de su propia sangre, la paz, el orden y la seguridad.
Ya con las riendas del poder y alentado por una ciudadanía cansada de la violencia y urgido por una solución rápida al problema, el gobierno militar optó por imponer el orden de la peor manera, persuadido de que no había otro camino diferente que continuar al margen de la ley (por entonces absolutamente inexistente) la guerra que ya se había iniciado con los decretos presidenciales, obteniendo en poco tiempo un incontrastable triunfo militar que fue jubilosamente festejado por la inmensa mayoría del pueblo argentino.
Acá hubo una guerra que, para el bien de todos, hasta de los que hoy miran para otro lado haciéndose los distraídos, se ganó.
Tampoco el golpe de estado fue el resultado de la locura de un grupo de militares trasnochados que se levantaron de la noche a la mañana sedientos de sangre, decididos matar jóvenes inocentes, a secuestrar bebés y a instaurar una dictadura sangrienta que se perpetuara en el poder, como pretenden hacernos creer. Su finalidad fue terminar con la subversión, alentada desde el exterior, y poner fin a la anomia existente, producto de la absoluta irresponsabilidad del propio Perón, que cometió el imperdonable error de consagrar como vicepresidente de la República a su segunda esposa, y se murió sin haber podido hacer lo que las Fuerzas Armadas, siguiendo sus directivas, debieron hacer después.
Aquellos que destruyeron las vías legales el 25 de mayo de 1973 e indultaron a los terroristas, y aquellos que ordenaron a las Fuerzas Armadas “aniquilar”, aun sabiendo que la justicia no contaba con herramientas legales, tienen su enorme cuota de responsabilidad en lo sucedido. Las Fuerzas Armadas no pueden quedar solas en una condena por hechos sobre los cuales, probablemente y en distintas medidas, toda la sociedad argentina tenga su cuota de responsabilidad que asumir.
Por eso y en contra de lo que sostiene la versión oficial de los acontecimientos, recalco una vez más que la subversión no surgió como una respuesta violenta a la dictadura militar, sino que, muy por el contrario, el golpe de estado y la dictadura instaurada en la Argentina, fueron parte de la legítima respuesta del Estado Nacional y de una sociedad harta ante el espiral de violencia terrorista en la que estábamos sumidos.
Los desaparecidos no fueron 30.000, ni tampoco fueron inocentes. Y la relativamente rápida solución que se le dio a esa guerra, con absoluto apoyo popular, evitó que nuestro país se convirtiera en un baño de sangre y que muchos de los que hoy hablan por los medios, critican y se rasgan las vestiduras, puedan hacerlo, porque no hubieran sobrevivido a un eventual gobierno de Santucho, Gorriarán Merlo, Firmenich, Vaca Narvaja o Perdía.
Jorge Tisi Baña
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