POLÍTICA
Tras su viaje a Cancún
Ambos regresaron de las playas de México hace unos días. Ahora deben enfrentar la situación en la arena política.
Altos funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández, luego del escándalo por el viaje a Cancún de las máximas autoridades del PAMI, echaron al número dos de Luana Volnovich, Martín Rodríguez, quien también es su pareja. El Movimiento Independiente de Jubilados Desocupados, conducido por Raúl Castells, realizó este martes una marcha para la destitución de ambos funcionarios.
La noticia fue confirmada por el periodista Marcelo Bonelli, y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Además, una fuente cercana al oficialismo dio más detalles sobre la decisión: “Rodríguez fue desplazado no por el viaje a Cancún, sino porque el Pami quedó en una situación complicada al no tener autoridades al mando por algunos días. Hubo mucho enojo interno por eso”.
El Pami es un organismo estatal con múltiples cuestiones a resolver. Muchas veces, los usuarios de la entidad reclaman permanentemente por la falta de atención en las sedes y por las demoras para conseguir turnos, medicamentos u otros insumos de primera necesidad. A su vez, la situación se agrava debido a que justo las dos únicas autoridades encargadas de firmar resoluciones no estaban presentes.
La funcionaria arribó este fin de semana, aunque primero hizo escala en Uruguay. Allí, habló informalmente con Alberto Fernández para acordar la fecha de reunión, que se tendría que haber realizado el día lunes. A pesar del hermetismo en el Gobierno, hay gran malestar dentro del círculo del presidente por dejar al organismo sin titular y por no avisar que se marchaba.
Su posible reemplazante
Sin embargo, la polémica no termina acá. Tras el despido de Rodríguez, quien asumirá en el cargo sería el extitular del Pami, Luciano Di Cesare, quien está procesado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El 9 de junio de 2016, el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, lo procesó por defraudación al Estado Nacional por la suma de $1.300.826,77, al liquidarse vacaciones de manera ilegal desde 2004 hasta 2012.
Para evadir la suma de dinero, envió la tramitación de la liquidación a un expediente de otra persona que se encontraba archivado. De esta manera, desdobló la liquidación para su ocultamiento hasta que pudo cobrarla el 9 de diciembre de 2015, cuando terminó su mandato en el Pami. Fue imputado sin prisión preventiva junto con otros dos funcionarios de Recursos Humanos y embargado por la suma de $2.000.000.
(El Intransigente)
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