OPINIÓN
Detrás del anhelo de mejorar la Justicia aparece la voluntad “contra viento y marea” de concretar el plan de impunidad para Cristina, sus hijos y adláteres
Observamos con inmensa preocupación que el país asiste a una situación que se aleja de manera escandalosa del marco que debe imperar en un Estado de Derecho. Nos referimos a la convocatoria a una marcha por el dirigente piquetero Luis D’Elia para sacar a los miembros de la Corte Suprema, que luego fue apoyada por el viceministro de Justicia Martín Mena quien convoca a la gente a unirse a la manifestación.
Sostiene: “Siempre estoy a favor de la manifestación popular de la gente, cuando sin intermediarios le dice a los poderes hegemónicos su opinión y límites…”. Critica el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura, se queja por la falta de sanción de los proyectos del poder ejecutivo destinados a reformar la justicia y la ley sobre el régimen de la Procuración General de la Nación. Por último, señala que el Poder Judicial no funciona. El presidente Alberto Fernández apoya la marcha.
Quien pide por la Justicia es un condenado por la toma de una comisaría que fue procesado por la celebración del Memo de entendimiento con Irán. Esta actitud se encuadra en el delito de sedición que contempla el artículo 22 de la Constitución, pues está convocando a una reunión de personas que se atribuirá los derechos del pueblo para que peticione en su nombre.
El titular del PEN olvida que el artículo 109 CN le prohíbe ejercer funciones judiciales. Se trata de una barrera que le impone la Ley Fundamental con el objeto de asegurar la independencia de la Justicia y la separación de poderes. Sucede que en el peronismo y con mayor énfasis en su versión K, anida la creencia de que nadie se encuentra por sobre el Presidente y que por lo tanto como representante de la voluntad popular, no puede verse limitado por los magistrados que no han sido electos por el voto popular. En suma, la Corte debe avalar las decisiones del Ejecutivo.
Detrás de este anhelo de mejorar la Justicia aparece la voluntad “contra viento y marea” de concretar el plan de impunidad para Cristina, sus hijos y adláteres. La ex Presidenta ha interpuesto varios recursos extraordinarios para que la Corte detenga procesos en trámite y evitar así la celebración de juicios orales. Es una pretensión que desconoce la jurisprudencia del alto tribunal que no interviene en los casos en los que no ha se ha dictado sentencia definitiva.
La destitución de los ministros de la Corte está prevista en la Constitución y requiere de la intervención del Congreso. La Cámara de Diputados acusa e inclusive puede dictar la suspensión del magistrado y luego el Senado juzga. En ambas etapas se debe contar con los dos tercios de los miembros presentes.
En un sistema de separación de poderes éstos deben actuar de manera armónica y equilibrada. Ninguno debe prevalecer sobre los otros. La principal razón de ser de este postulado es el cumplimiento de la función de control. De conformidad con el pensamiento de Monstequieu cada poder recibe una esfera de competencia que se relaciona con su función y a ésta se agregan ciertas facultades destinadas a fiscalizar la actividad de los otros órganos. Ello impedirá que alguno de ellos se imponga sobre los otros con el riesgo de afectar los derechos de las personas. Es un resguardo de la libertad que nos reconoce el edificio institucional propio de una República democrática.
El sostén de Fernández a quienes pedirán que los miembros de la Corte Suprema sean echados es un ataque mortal a este principio. Aunque éstos no satisfagan las pretensiones del Frente de Todos, sus decisiones se ajustan a derecho. Los ministros han sido propuestos por el Ejecutivo y han recibido el acuerdo del Senado. Es decir que se han desempeñado de conformidad con lo establecido en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes.
El “vicepresidencialismo” reinante, invierte el orden establecido en la Constitución al subvertir el rol del titular del Ejecutivo que se desplaza a favor del Vicepresidente. Así, Alberto Fernández continúa satisfaciendo a los sectores de su coalición que responden fielmente a Cristina (Instituto Patria, La Cámpora, etc.).
El apoyo a una manifestación contra la Corte pone de manifiesto el autoritarismo de su desempeño; que se complementa con el aval al dictador Daniel Ortega quien celebró su nueva asunción, junto a Mohsen Rezaí, considerado el autor intelectual del atentado terrorista más grave que sufrimos en la Argentina, la voladura de la AMIA, en presencia del embajador argentino en Nicaragua y de los presidentes Diaz Canel y Maduro.
No quedan dudas sobre la alineación de la política exterior argentina a favor de estas dictaduras que violan los derechos de sus ciudadanos, encarcelan a opositores, periodistas, intelectuales, a manifestantes y los someten a tratos inhumanos en cárceles que son verdaderas mazmorras. El canciller Cafiero y el embajador Capitanich deben rendir cuentas por haber faltado a su obligación de denunciar in situ al causante de la muerte de 85 argentinos.
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