EDITORIAL
La trampa, antes que la Ley
A pesar del "aviso" del pueblo en las urnas y, en las pasadas elecciones, estos políticos siguen como en todos lados de este bendito país, haciendo de las suyas.
En esta última semana del 2021, en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, un conjunto irresponsable de legisladores volvió atrás el sistema que impedía la reelección de intendentes por más de dos períodos.
Indignante.
La Sra Cristina Fernandez de Kirchner autorizó una sesión del Senado para sancionar la ley del impuesto a los bienes personales que será más gravoso para los ciudadanos honestos y previsores con sus ahorros.
Indignante.
Porque la convocatoria de la cámara no tenía quórum. Como prevé el artículo 15 de su reglamento interno, ésta debió darse por terminada de inmediato ya que habían pasado los treinta minutos de su convocatoria.
Pero Cristina lo hizo. La dio por comenzada cuando ya habían pasado 10 minutos de ese límite gracias a que apareció una senadora por La Rioja, Clara Vega, que la gente votó como de Juntos por el Cambio y que luego, ya elegida, formó un bloque unipersonal separado del bloque de la coalición por la que alcanzó su banca, nos aclara el periodista Carlos Mira.
"Las evidencias de la nulidad de la sesión quedaron expresamente patentes en las fotografías de los relojes y de los miembros presentes cuando ya se había cumplido el tiempo máximo previsto por el reglamento de funcionamiento del Senado", dice.
"El famoso dicho popular se invirtió esta vez: en lugar de hacerse la ley y luego la trampa, aquí se hizo primero la trampa y luego la ley".
"Parece mentira que en el lugar en donde se da nacimiento a las leyes no se respeten las leyes, ni siquiera aquellas que los propios cuerpos del Congreso se dan a sí mismos para funcionar".
Sabemos que la oposición hizo pública la truchada. Y dejó constancia de la ilegitimidad de la sesión para elevar todo a la Justicia. Sin embargo, los especialistas que siguen habitualmente estos temas, comentan que la Justicia rechaza este tipo de planteos sobre la base de que las cuestiones reglamentarias de otro poder debe resolverlas ese poder y que no son de competencia judicial.
Indignante.
Porque si es así, quiere decir que una fuerza con la suficiente falta de escrúpulos podría forzar un avasallamiento de las normas internas, conseguir sus objetivos políticos y los ciudadanos contra los cuales las eventuales normas dictadas en contradicción el Derecho no tendrían defensa de los jueces.
Inconcebible. ¿Dónde está entonces el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución si la “política” argentina ha instalado la “tradición” de que los “trapitos” de un poder no pueden ser “lavados” por la intervención de otro?
Pero creo que se trata solo de un "tire y afloje" en apresurados comentarios.
El poder judicial ha sido organizado para controlar a los otros dos poderes. Máxime cuando un poder -nada menos que el que hace las leyes- viola la ley para sancionar una norma.
Imagínese si la Justicia local nos da la oportunidad de ajustar cuentas con los gobernantes que hemos elegido porque estamos encuadrados dentro de la Ley Electoral. O algo así.
Indignante.
Volviendo al impuesto a los Bienes Personales, éste estaba destinado a desaparecer según la promesa del Estado durante la administración Macri.
En ese momento para alentar el blanqueo de capitales, se prometió una baja gradual de las alícuotas hasta su desaparición.
Ahora, el estado estafador incumple su promesa y no solo no continua con el programa de descenso paulatino de las alícuotas sino que las incrementa.
La Argentina es el único país que combina este robo con otros seis impuestos que directa o indirectamente afectan el patrimonio de los ciudadanos.
Por la aplicación combinada de esta estafa, en cinco años el Estado le roba a los ciudadanos el 40% de su acervo patrimonial.
Carlos Mira nos dice sobre el tema: "¿Cómo es posible que los impuestos obliguen a los contribuyentes a vender parte de su patrimonio para pagar los impuestos que gravan su patrimonio? A ver si nos entendemos: una persona previsora, responsable (es decir todas las cualidades que, por supuesto no caracterizan al Estado) ahorra -sometiéndose, quizás, a una serie de sacrificios personales- para tener una seguridad o para darle una tranquilidad a sus hijos, y el Estado lo obliga a desprenderse de esas posesiones en base a lo que no es otra cosa que un atraco con la pátina de la ley".
Es más, en una movida propia del odio de clases que impera en la Argentina, si esa persona decidió llevar sus ahorros a jurisdicciones más responsables y donde la seguridad jurídica está garantizada, pero tuvo la honestidad de declarar ese patrimonio a las autoridades nacionales será castigado en exceso.
Indignante.
De ser así, desde ya le pronostico, amigo lector, una lluvia de demandas judiciales producidas por particulares damnificados.
Y vamos de nuevo: Su Majestad, la Justicia, ¿se dignará a atender esos reclamos entonces? ¿O, meterá la pata y saldrá con eso de que no se mete en reglamentos de otro poder?
De ahí surge la importancia entonces de admitir la presentación del bloque opositor a la trampa de la sesión en el senado, de la ilegitimidad de la sesión.
Como dice Carlos, se trata de "regalitos de fin de año".
Comentarios
Publicar un comentario