OPINIÓN
“Cada provincia dictará para sí una Constitución … que asegure su régimen municipal…”
Por Walter R. Quinteros
El asunto —nos decían los muchachos peronistas que ya no saben de dónde sacar dinero para sus arcas—, era solucionar el problema ambiental y contribuir a la inserción social.
Tomá.
Pero no, los que vemos el bosque y no nos quedamos contemplando el árbol de las mentiras y engaños, vemos que se trata de más presión tributaria, más inflación, de muy pocos controles y, lo fundamental, de una nueva caja política.
Tomá.
La mano viene desde aquel 28 de octubre en que el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para "tratar de reducir los residuos generados por los envases de productos de consumo".
Cuando los nabos dicen que "tratarán de tratar" es que es un afano seguro.
Amigo lector, esta llamada "Ley de envases" es lo más parecido a un impuesto adicional sobre el consumo que una ley que sirva para reducir la generación de residuos o mejorar la inclusión social, por que agregaría un nuevo tributo a los ingresos brutos, a los consumidores y por lo tanto, aumento de precios.
Tomá.
¿Pensó usted que viene envasado? En Argentina casi un tercio de todo lo que se consume está envasado. Dice el periodista Fausto Spotorno de Perfil que, "el 70% está integrado por alimentos y bebidas; el resto son electrodomésticos, productos de limpieza, farmacéuticos, productos de tocador, etc. Todo viene en un envase".
Muchos de estos productos pueden ser afectados varias veces por esta “tasa” que quiere cobrar el Gobierno a través de este proyecto de envases: es un impuesto en cascada que comienza a cobrarse a nivel mayorista. Eso significa que cuando un productor compra insumos en el mercado mayorista que estén envasados lo va a tener que pagar y luego su producto final nuevamente va a tener que pagar dicha tasa si tiene un envase. Obviamente, esto puede repetirse si el producto final a su vez también es adquirido como insumo. El impacto de esta medida desde el punto de vista recaudatorio sería de 100 a 120 mil millones de pesos por cada punto aplicable sobre el valor mayorista del producto. Para ponerlo en perspectiva, se podría recaudar con este impuesto unos 300.000 millones de pesos que equivale a todo lo que ha gastado el Gobierno en obra pública durante los últimos 12 meses.
Tomá.
La idea del Gobierno es que los fondos recaudados vayan a grupos de recicladores urbanos.
Si, claro.
Pero la ley no aclara quiénes serían esos grupos, cómo se conformarían, qué características tienen o quiénes son si quiera. Tampoco qué tareas deberán hacer o cuáles serán los incentivos para recuperar el material. Lo que deja un espacio muy grande para qué esto se transforme en una caja política adicional en la que se terminen distribuyendo fondos a grupos políticos “disfrazados” de recicladores, sin que se resuelva el problema de la basura.
O sea, otro afano más.
Pero mire este otro dato por demás interesante que nos entrega la periodista Mónica Filippi, de Tribuna, donde señala que este nuevo impuesto será centralizado en el Ministerio de Ambiente de la Nación. Y, también cuestionado por Diego Cabot en La Nación y que en este medio se publicara.
La recaudación va a parar a manos del ministro Juan Cabandié.
Cerrame la ocho.
Vamos a este dato.
Pero su mayor deficiencia es que viola la Constitución que asigna dicha función a las provincias.
¿Cómo?
Por que la gestión de los residuos en cada ciudad o pueblo es responsabilidad de los municipios. Comprende las tareas de barrido, limpieza, recolección, reciclado y deposición de los residuos.
A los fines de preservar el medio ambiente es necesario que cada una de las municipalidades modernicen sus sistemas de gestión de residuos apuntando a potenciar mecanismos de reducción, reutilización y reciclaje.
Tomá.
Sin embargo, el gobierno nacional propone sancionar una ley creando un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER) que se financiará con una Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) manejada desde el Ministerio de Ambiente nacional.
Si, claro.
La tasa se fijará por kilo de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado. El Ministerio de Ambiente se erige en el coordinador de los Sistemas Locales de Gestión Integral de Envases de todo el territorio nacional. Estos, dicen, que serán los municipios y las organizaciones de trabajadores del reciclado.
En la Argentina hay unos 2.170 municipios.
El Ministerio de Ambiente de la Nación asiste financieramente con un programa nacional a 70 de estos municipios.
Esto significa que el Ministerio de Ambiente llega a apenas el 3% de los municipios.
Es imposible manejar desde una oficina en la Capital todos los municipios del país. Pero lo más grave es que el proyecto plantea crear un nuevo impuesto para que el gobierno nacional se arrogue funciones locales que tiene expresamente vedadas por la Constitución Nacional.
El Artículo 5° de la Constitución no deja dudas al establecer que “Cada provincia dictará para sí una Constitución … que asegure su régimen municipal…”. En este sentido, el proyecto entra en abierta violación de la Constitución.
Tomá.
La apropiación del gobierno nacional de impuestos para invadir responsabilidades provinciales y municipales es una de las causas de la decadencia argentina.
Este accionar aumenta el déficit fiscal pero fundamentalmente baja la calidad de la gestión pública. La razón es que diluye las responsabilidades de las autoridades locales ante los fracasos y contamina el sistema político a través del sometimiento de voluntades usando la distribución discrecional de estas “ayudas”.
¿Qué pregunta se hará al respecto la municipalidad de Cruz del Eje y la empresa que nos cobra por el supuesto reciclado?
¿Puede haber ilusos libre pensadores que el dinero va a llegar para que los administre un sindicato de recicladores locales o algo parecido?
Causa gracia...
En definitiva, el dinero va a ir a manos de los camporistas sin control y estos antecedentes no deberían ser ignorados.
A la hora de abordar un tema estratégico como es el cuidado del medio ambiente el Congreso tiene la oportunidad de reencauzar el tema rechazando la idea de crear otro impuesto para centralizar en el gobierno nacional funciones provinciales y municipales.
Esto, además de extremadamente ineficiente, viola la Constitución.
(Con datos de Perfil / Tribuna de Periodistas / La Nación / LN+)
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