OPINIÓN
Cambiamos nuestra habitual tendencia al comentario monográfico sobre un tema para anotar aquí tres episodios diferentes de la realidad argentina
El gobierno se muestra crecientemente preocupado por el hecho de que la causa del Olivosgate salga de la jurisdicción de los tribunales federales de la Capital (Comodoro Py) para pasar a los de San Isidro.
Hay muchas posibilidades que la causa quede radicada en los estrados de la Juez Sandra Arroyo Salgado. Todas las alarmas se han encendido tanto en Olivos como en la Casa Rosada.
Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia, (foto) salió a decir que “no sería lo más adecuado”. Mena dijo textualmente: “En términos de una causa con la dimensión política que se le ha pretendido dar, me parece que no es lo más adecuado si lo que se espera es un fallo imparcial o una investigación imparcial”.
¿Perdón? ¿Qué insinúa Mena? ¿Qué Arroyo Salgado no sería un juez imparcial? ¿Y por qué no sería un juez imparcial? ¿Acaso por ser la ex esposa del fiscal Alberto Nisman? ¡Pero si el gobierno ha jurado y perjurado que no tuvo nada que ver con el caso y que el fiscal se suicidó! ¿Qué temores tiene ahora?
La única manera de sospechar una parcialidad de Arroyo Salgado es que el kirchnerismo admita que estuvo involucrado en su muerte. De otro modo no puede decirse que Arroyo Salgado vaya a ser parcial. Si el kirchnerismo es completamente inocente y no tuvo nada que ver en la desaparición física de Nisman, no debería preocuparse por la intervención de su ex esposa en una causa que no tiene nada que ver con aquella y que por competencia le corresponde.
¿O en realidad el gobierno sabe que tiene las manos sucias y sospecha que Arroyo Salgado lo sabe? De otro modo no puede entenderse esta reacción.
Otra reacción que no puede entenderse es la que tuvo el fiscal de la causa, Ramiro González, que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del DNU del confinamiento que, como herramienta de defensa, presentó el abogado Mauricio D’Alessandro para su cliente Yanina Domínguez.
Hace unos días aquí comentábamos, justamente, lo interesante que habría sido que el Congreso argentino hubiera legislado un recurso rápido de inconstitucionalidad para que los ciudadanos pudieran recurrir a él cuando la violación a la Constitución fuese flagrante.
Por supuesto ese sueño utópico de que los ciudadanos del país pudieran contar con una herramienta legal que fulminara de inmediato toda pieza legal mediante la cual el poder pretendiera atentar contra los derechos individuales, necesitaría de un paralelo convencimiento de los jueces y de la Justicia en general sobre cuál es el esquema constitucional y cuál es la jerarquía que los constituyentes les dieron a los derechos civiles en la Argentina.
Si ese personal que se desempeña en la Justicia (porque ha sido formado como el traste, porque la cultura autoritaria argentina finalmente se ha impuesto sobre lo que la Constitución dispone, o por lo que sea) no está dispuesto a defender la supremacía de las libertades públicas, es inútil lo que diga la Constitución: esas personas siempre encontraran un atajo para justificar la constitucionalidad de las leyes y de los decretos que no lo son.
Y es lo que ha ocurrido con el fiscal González (hay que ver que termina decidiendo el juez de todos modos porque lo del fiscal es solo una opinión, aunque ya da la pauta del escaso “encarnamiento” que la supremacía de los derechos individuales tiene en la gente de Derecho en la Argentina) al expedirse en contra del pedido de la defensa.
Francamente no sé cómo puede el fiscal emitir opinión en el sentido de la constitucionalidad del DNU del confinamiento cuando de la simple lectura de ese decreto por un lado, y de la Constitución por el otro, la inconstitucionalidad surge como auto evidente.
En nuestro ideal -propuesto días pasados- de nada serviría que los ciudadanos hubieran tenido una vía rápida para declarar una inconstitucionalidad flagrante cuando quienes tienen que interpretar las leyes, los decretos y la Constitución no están imbuidos del mismo espíritu que anima a la Constitución y están dispuestos hasta retorcer los argumentos para hacer pasar por constitucionales mamarrachos que no lo son.
Así, francamente, es imposible que un esquema de poder limitado como el que la Constitución organizó funcione: si los encargados de hacer efectivo precisamente ese límite (y ese límite se hace operativo cuando no se permite que disposiciones del poder pasen por encima de los derechos individuales), le permiten al poder violar esas salvaguardas, convalidándole extralimitaciones como las del DNU de Fernández, la Argentina podrá tener la Constitución que tiene, o tener la de los EEUU o la de Suiza, pero en la práctica el poder será voraz y los derechos individuales una quimera.
Por último, un hecho ocurrido fuera de la Argentina, más concretamente en California, demuestra que el mundo no está exento de que ocurran cosas. Lo que diferencia a los países es qué ocurre cuando esas cosas suceden.
En ese estado norteamericano se descubrió que el Gobernador demócrata, Gavin Newsom, participó de una reunión con su esposa y otros amigos en los mismos momentos en que instaba a toda la población a quedarse en su casa, no salir y no reunirse. Algo parecido al Olivosgate.
La diferencia es que mientras Newsom deberá enfrentar, el 14 de septiembre, un proceso de revocatoria de mandato que puede despedirlo de su cargo por la ilegalidad que cometió, el impresentable de Fernández primero negó el hecho, luego dijo que las fotos eran falsas, luego que no había habido delito y finalmente pretende arreglar la trapisonda con plata.
De nuevo, el mundo no está exento de que, quienes detentan el poder, abusen de él. Lo importante es saber -más que lo que hacen las leyes de esos países- cómo reacciona la cultura de esas naciones. Si el ambiente social es finalmente permisivo a esos abusos, tampoco habrá ley alguna que garantice la libertad y la igualdad. La Argentina es como es por cómo somos los argentinos. No hay que buscar las responsabilidades en otro lugar.
(THE POST)
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