POLÍTICA /
Fue anoche, a última hora. Para que no hubiera que explicar nada de nada. El cuestionado juez federal Rodolfo Canicoba Corral presentó su renuncia al cargo y la envió al Ministerio de Justicia de la Nación.
A dos semanas de cumplir 75 años y en medio de duras acusaciones en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y presuntos hechos de corrupción.
Según pudo saber Tribuna de Periodistas, no fue algo tan intempestivo sino que lo venía pensando desde hace algunas semanas. Tampoco hubo una sola razón, sino varias.
Principalmente dos: primero, el oficialismo, que prometió enviar al Senado su pliego para renovarlo en sus funciones, aún no había movido un dedo en su favor. Segundo, el hallazgo de la casa que compró en el exclusivo country San Jorge —primicia de este portal en septiembre del año pasado—, que se suma a la batería de denuncias en su contra.
A diferencia de los otros señalamientos, el gobierno le anticipó a Canicoba que, en caso de que esa denuncia llegara al Consejo de la Magistratura, no lo protegería. Fue suficiente. Por eso, decidió irse “por la puerta de atrás”, pero garantizando su propia impunidad.
No le irá tan mal: a partir de ahora le tocará cobrar una jugosa jubilación que se suma a todo lo que ya venía acopiando. Dinero blanco y dinero negro.
La noticia sorprendió porque el magistrado venía este lunes de poner fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes: el ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para el 16 y 17 de julio para escucharlos como sospechosos.
Otro juez que se va
Al arrancar 2020 había tres jueces federales que permanecían en sus cargos desde el menemismo, pero con la muerte de Claudio Bonadio en febrero y ahora esta dimisión, solo queda al frente de su juzgado María Servini, quien este año cumple 30 años en el cargo.
Fuentes judiciales informaron que Canicoba Corral presentó su renuncia con fecha del 29 de julio próximo, justo el día en el que cumple 75 años, por lo que un día después quedarán vacantes los juzgados federales 6 y 12, en este último es subrogante en reemplazo del hoy integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Sergio Torres.
En tanto, en el juzgado federal 6, donde está radicada la causa por el atentado contra la AMIA, del que el próximo sábado se cumplirán 26 años, se encuentra desde 1993.
Justamente aquel años, el entonces titular Miguel Guillermo Pons pasó a integrar un Tribunal Oral Federal y el 16 de junio Canicoba Corral fue designado para reemplazarlo.
En diciembre de 2003, la Cámara Federal apartó a Juan José Galeano de la investigación de la causa AMIA por considerar que el juez no era imparcial (dicho sea de paso, TDP viene denunciando las trapisondas de Canicoba desde es mismo año).
Fue así que tras la realización del sorteo, el expediente fue derivado al juzgado de Canicoba Corral y casi tres años más tarde, el juez ordenó la captura internacional de los siete imputados iraníes, en línea con el dictamen que había recibido del entonces fiscal Alberto Nisman (encontrado muerto el 18 de enero de 2015).
De esa manera, declaró crimen de lesa humanidad al atentado contra la mutual judía.
En 1997 el magistrado condenó a cuatro meses de prisión en suspenso a Domingo Cavallo, quien lo había acusado de ser uno de "los jueces de la servilleta", un grupo de magistrados que, según el ex ministro de Economía, respondía al entonces ministro del Interior, Carlos Corach.
Canicoba Corral había sido denunciado por su presunto enriquecimiento patrimonial y su vinculación con inmuebles millonarios, viajes en aviones particulares de empresarios, la supuesta recepción de sobresueldos de la ex Secretaría de Inteligencia y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el presunto pedido de una coima al principal acusado en esa causa, Omar "Caballo" Suárez, para otorgarle la prisión domiciliaria.
En ese último expediente, el magistrado había dispuesto el procesamiento y detención del ex titular del sindicato portuario, quien luego lo denunció en el Consejo de la Magistratura.
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