POLÍTICA /
Los médicos de Córdoba se sienten perseguidos y denuncian el “deterioro del sistema de salud”
Hoy vamos a recordar cuando el 25 de mayo pasado, los médicos cordobeses organizaron un bocinazo en el centro de la capital provincial, como protesta ante la imputación de varios profesionales del geriátrico de Santa Lucía por “propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. También rechazaron la reforma previsional instrumentada por el gobierno de Schiaretti, que impone un drástico recorte en las asignaciones jubilatorias de los trabajadores mediterráneos.
Y vamos a recordar que la semana que concluyó también fue escenario de multitudinarias marchas de empleados estatales contra el feroz ajuste impulsado por la gestión provincial. En ese contexto, miembros del Colegio de Médicos de Córdoba hicieron declaraciones públicas en las que blanquearon los problemas estructurales que afronta la salud provincial desde hace muchos años, pero que ahora termina generando acusaciones contra los profesionales de la salud, que son simples convidados de piedra en la distribución desigual del ingreso que instrumenta Schiaretti.
Andrés de León, presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, aseguró: “El deterioro del sistema de salud tiene múltiples causas. Se podría decir que comenzó hace más de veinte años, cuando las gerenciadoras empezaron a administrar los recursos que antes recibían los profesionales en forma directa. Pero también influyó que se hayan cerrado clínicas y que algunas especialidades, como los generalistas e intensivistas, sean recurso humano crítico. La provincia también cerró camas en este tiempo, aunque incorporó tecnología”.
Tras la realización del bocinazo del 25 de mayo se constituyó una Mesa de Entidades Médicas, integrada por varios gremios, de clínicas privadas (ACLISA) y el Consejo de Médicos, que elevó al ministerio de Salud de la provincia un conjunto de reclamos.
Carlos Amidei, miembro del Centro de Estudios de Recursos en Salud (CERSA) del Consejo de Médicos de Córdoba, subraya que “hoy el humor colectivo entre todos los equipos de salud es la desprotección. Los profesionales se sienten abandonados. Por un lado, reciben la presión de una sociedad que teme contagiarse. Por el otro, una Justicia que los criminaliza”.
También se elevaron quejas sobre el pluriempleo y las condiciones de su ejercicio. “Nosotros no elegimos andar a las corridas o cruzar como locos de una ciudad a otra. Somos víctimas del pluriempleo porque necesitamos trabajar en cuatro o seis lugares a la vez para cubrir nuestras necesidades básicas y familiares”, sostiene Rubén Cantero, de la agrupación Médicos Unidos.
El Consejo de Médicos computa que el 80 por ciento de los profesionales de la salud cordobeses tiene más de un empleo. Suman en total 15.270 facultativos, sobre un total de 19.032, que debieron inscribirse como autónomos con “matrícula A”, aunque muchos de ellos tengan un trabajo estable en un hospital o una clínica.
“Si no trabajamos, no cobramos. Olvidate de tener vacaciones”, aseguran los profesionales, que han sido convertidos por Schiaretti en mano de obra precarizada.
“Los médicos no pueden negociar aranceles con los financiadores. En los ‘80 se impuso un nomenclador nacional y la consulta médica quedó desvalorizada. Entonces se creó lo que se conoció como ‘enchufología’. Aquel que tenía un aparato podía sobrevivir”, aclaró Amidei, en referencia a las prácticas privadas de cirugías y otras especialidades específicas.
Sólo un 10 por ciento de los matriculados cordobeses (3.762 médicos) está registrado con “matrícula C”, y trabajan exclusivamente en relación de dependencia. Cabe señalar que este segmento está integrado también por residentes y concurrentes, por lo que los médicos con empleo único y estable constituyen una especie en extinción.
El gobernador Schiaretti, afirma la mayoría, administra la provincia como si continuara siendo gerente de SOCMA. Toda una definición.
Pero hagamos un poco de historia:
El hecho que disparó la movilización masiva por las calles céntricas cordobesas, durante la tarde del feriado nacional, tuvo origen el pasado viernes 22 cuando la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) estableció imputar al médico Lucas Figueroa y el director médico de la residencia, Marcelo Santiago Lazaro. Ambos son señalados como responsables del brote de coronavirus en el geriátrico Santa Lucía de la ciudad de Saldán, donde se infectaron 56 personas y fallecieron once.
“La causa penal por la que nuestros colegas se encuentran imputados, se inició a raíz de una denuncia realizada por José Andrés Ahun Frau, director General del Área Legal y Técnica del ministerio de Salud de Córdoba, es decir, es el propio poder político quien puso en marcha esta persecución judicial en nuestra contra”, indicaron los médicos cordobeses.
Además, destacaron que Tomás Díaz Reyna, de la UFES, es “íntimo amigo del señor Sebastián López Peña, juez del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que a su vez fue designado por el actual gobernador de la provincia”. En este sentido, aclararon que no van a “legitimar decisiones de personas que no demostraron idoneidad para el cargo que ocupan y que su único rol es ser el brazo ejecutor del poder de turno”.
Cabe destacar que, en octubre del año pasado, el gremio de Judiciales cordobés denunció arbitrariedades en las designaciones realizadas “por fuera de los concursos o del orden de mérito”. En tanto, desde el sector, cuestionaron el nombramiento del abogado Díaz Reyna por “no contar con concurso alguno aprobado para ningún fuero o dependencia”.
Asimismo, los profesionales de la salud también llamaron a luchar por sus derechos ante las condiciones laborales precarias que atraviesan. De esta forma, criticaron la falta de equipos de protección personal (EPP), los salarios bajos, la infraestructura hospitalaria deficiente, la falta de insumos, el exceso en la carga horaria y la explotación a médicos residentes. “El gobierno nos hizo una advertencia: que no seamos disruptivos, porque si ellos quieren nos meten presos”, concluyeron.
(Con información de www.REALPOLITIK.com.ar)
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