OPINIÓN / POLÍTICA
Por Christian Sanz
La expropiación de Vicentin sigue siendo un sinsentido de la política de Alberto y Cristina. Amén del rechazo social que ha generado la acción, hasta este momento, nadie ha logrado explicar con claridad cuál es el motivo por el cual el oficialismo quiere avanzar sobre la firma agroalimentaria.
Se presume que las razones deben ser bien elocuentes, porque ninguna de las marchas de las últimas semanas ha logrado desactivar las intenciones del incipiente kirchnerato.
Lo cierto es que quedarse con Vicentin es un pésimo negocio: se trata de una empresa súper endeudada y con dificultades financieras de diverso tenor.
A su vez, el argumento de “soberanía alimentaria” tampoco resulta convincente: quienes saben del tema aseguran que el agronegocio, lejos de ser sinónimo de soberanía y seguridad alimentaria, está asociado a la dependencia, con relevantes costos sociales, económicos y ambientales.
Solo resta una posibilidad para tanta persistencia K: el control de los muelles que construyó Vicentin en los puertos rosarinos y que administra a través de su subsidiaria Terminal Puerto Rosario S.A.
Uno de ellos es el de Planta Renova-Timbúes, ubicado a orillas del Río Paraná. Se trata de un puerto con 2 muelles de cargas de aceite, harina de soja y/o cereales, con capacidad de 13 millones de toneladas anuales y 365,000 toneladas de almacenaje y puerto de barcazas con capacidad de descarga de 9.000 toneladas/hora.
Sin embargo, el interés en esas estratégicas dársenas portuarias podría ser otro: allí están ubicados los grandes laboratorios procesadores de droga que llegan desde Bolivia. Son puntos neurálgicos que la DEA catalogó como "zona roja" de ingreso y egreso de cocaína. Principalmente los puertos de Rosario, San Lorenzo y San Martín, tal cual dijo a este cronista a mediados de los años 90 Michael Levine, entonces jefe de la agencia antinarcóticos de EEUU.
La historia se remonta a los años setenta y la sabe describir con gran precisión el colega Carlos Del Frade: “El negocio paraestatal del narcotráfico apareció a fines de la década del 70, a partir de un acuerdo entre las dictaduras de Hugo Banzer y Jorge Rafael Videla. El primer cargamento llegó en abril de 1978 a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario. A partir de ese momento, se establece la ruta de la cocaína desde Bolivia y la ruta de la marihuana a través del Paraná, que siguen siendo las mismas desde hace 40 años”.
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