CAMBALACHE 2020

OPINIÓN / POLÍTICA /

La pandemia, una expropiación y el atroz encanto de ser argentinos

Por Jorge Daniel Grispo

En 2001 Marcos Aguinis nos deleitaba con su maravillosa obra “El atroz encanto de ser argentinos”, donde trata de dar respuesta a una contradicción: ¿cómo puede ser atroz un encanto? Y es que ser argentino es una empresa cada vez mas difícil. Emociona serlo, pero se sufre por ello.

Un decreto de necesidad y urgencia en el medio de la pandemia mundial, donde más de 10 millones de argentinos seguimos sometidos al aislamiento preventivo social y obligatorio, con una crisis económica sin precedentes, que aún no nos ha mostrado su peor cara, es, cuanto menos, apresurado.

Vicentin es la principal empresa argentina de molienda de oleaginosas. Su producción alcanza las 29.500 toneladas diaria, con ventas que superan los 3000 millones de dólares, de los cuales 85% fueron exportaciones. La empresa expropiada es la mayor productora de biodiesel del país.

El DNU expropiatorio tomo como antecedentes los siguientes hechos: El pasado 10 de febrero se presentó en concurso preventivo, denunciando una deuda superior a los 99.300 millones de pesos, con 2.000 acreedores. El estado de cesación de pagos de la empresa se retrotrae –en principio– al 4 de diciembre de 2019 (situación con los elementos de juicio que tenemos a nuestro alcance es cuanto menos prematuro afirmar).

Antes de esa fecha la sociedad expropiada cedió un tercio de su activo (Renova S.A.) al grupo Glencore. Aclara el DNU, que luego de todo esto, se desato la pandemia mundial, justificando con todo este marco, el estado de “incertidumbre” un escollo para el desarrollo del proceso concursal.

Agrega el DNU que el endeudamiento financiero total de la empresa es casi 74.000 millones, siendo sus principales acreedores el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el BICE, el Ciudad de Buenos Aires, el Hipotecario, el Macro, el Nuevo Banco de Entre Ríos, el Itaú y el Nuevo Banco de Santa Fe. Treinta mil millones más son adeudados a instituciones financieras internacionales.

También se hace referencia a la iniciación de sumario administrativo para investigar los préstamos que el BNA le dio a la empresa. Se suma la existencia de una causa penal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 10, donde se investigan presuntos delitos vinculados con la empresa y el accionar de las autoridades del BNA.

En este estado de situación, el P.E.N. envió al Congreso Nacional un proyecto de Ley para la expropiación de la “empresa” Vicentin S.A.I.C. (lo que debería expropiarse son las tenencias, pero esto yerro es harina de otro costal).

Ínterin (concluye el DNU) y para “asegurar” el cumplimiento de los objetivos planteados, resulta necesaria y urgente disponer por 60 días la intervención transitoria de la empresa con el fin de asegurar la continuidad de esta, la preservación de sus activos y de su patrimonio, proteger los puestos de trabajo en peligro y evitar efectos dañosos sobre el mercado agroexportador y la economía en general, agravado todo esto por la emergencia sanitaria que vive el país.

Podemos analizar el acto expropiatorio del Estado Nacional desde muchas ópticas, pero creo que hacerlo desde la prudencia se impone, por la especial situación de debilidad de nuestras instituciones. La seguridad jurídica debe ser el principio rector. Sin ella no hay posibilidad alguna de tener un país serio.

Ni bien tomé conocimiento de la noticia, el primer pensamiento que me vino a la mente fue la idea de distracción, como si en el billar se juega una bola a tres bandas, en la jugada de “Vicentin”, una banda, quizá la primera, sea la de desviar el foco de atención de la opinión pública a otros temas diferentes a la crisis económica generada a consecuencia del encierro forzoso de la población durante los interminables ochenta y un días que estamos transcurriendo.

Con los datos disponibles y las pocas explicaciones que se brindaron, no se logra comprender el verdadero sentido de la grave medida tomada por el Poder Ejecutivo Nacional. Vicentin no es una empresa productora de alimentos, sus negocios son bien diferentes a esto. Poner en jaque el derecho de propiedad amparado por la Constitución Nacional es de extrema gravedad, por donde se lo mire o se pretenda justificar.

Hablar de empresa testigo es un eufemismo en la actualidad. Sobra información pública desde el Banco Central para sacar una radiografía a cualquier empresa exportadora. Ni que hablar de la información en poder de la AFIP.

A lo anterior se suma que la empresa expropiada se encuentra sometida a un proceso judicial, concurso preventivo de acreedores, donde el juez, como director del proceso, tiene a su alcance todas las herramientas legales para garantizar el debido tratamiento de todos los derechos en crisis, en especial, el de los acreedores alcanzados por la cesación de pagos de la empresa concursada y sus trabajadores.

Incluso, dadas las circunstancias, la propia ley concursal prevé que el juez del concurso puede ordenar la intervención (art. 17 de la Ley de Concursos y Quiebras) de la compañía aún con la extrema medida de disponer el desplazamiento del directorio.

Un interventor designado ad-hoc por el P.E.N. se superpone con la noción de administración de la empresa concursada, en donde no son desplazados sus administradores societarios, salvo, como dijimos, que por fundadas razones lo disponga el juez del concurso. Esta superposición del P.E.N. con el poder judicial, es grave. Colisiona con el concepto de seguridad jurídica.

¿Cómo responder hoy a un cliente con una empresa concursada que nos consulte si ésta puede serle expropiada? Las reglas de juego deben ser claras y todos tenemos que cumplirlas.

La incertidumbre que generan este tipo de medidas es difícil de apaciguar. Poner en jaque la seguridad jurídica en una nación que, como la nuestra, está por entrar en la peor crisis económica de toda su historia, podría ser calificado de temerario. De nuestros gobernantes y políticos necesitamos certezas y conductas dignas de ser seguidas.

Como decía Aguinis, los defectos que arrastramos de generación en generación, desnuda a los corruptos, denuncia el facilismo, el doble discurso y la queja estéril, y no se detiene ante los tabúes ni las ideologías. Nos cautiva con su inteligencia al describir las razones por las que debemos apostar por la esperanza.

Vincentín es una empresa que esta (“ba”) en un proceso concursal que es dirigido por un juez de la nación, con todas las facultades necesarias para llevar la reestructuración de la deuda a buen puerto, y si ello no fuera posible, se abriría un proceso de cramdown, donde los terceros interesados en adquirir la empresa podrían participar y competir por adjudicarse la misma. Y si todo esto no sucediera, la liquidación es el remedio legal que nuestra Ley prevé como final.

La seguridad jurídica es, en nuestro país, continuamente postergadas por razones de “necesidad” y “urgencia”. El juez del concurso queda hoy relegado a un segundo plano y con él, las reglas de juego vigentes hasta el día de ayer. Hoy todo es diferente. Y, eso es precisamente lo que nos parece apresurado y peligroso para las instituciones de nuestra nación.

El trafico de angustias existenciales nos ha puesto en modo “supervivencia”. Nuestros políticos se manejan con el espejo retrovisor en lugar de ver el parabrisas. Esto nos genera un estado inflamado que chupa la sangre de los que producen bienes y servicios, a la vez que se convierte en una fábrica nada envidiable de pobres que año tras año se van sumando a las mamas del Estado. En este esquema de situación es muy difícil sostenerse.

Los verdaderos valientes toman las decisiones aún con el futuro incierto. La pandemia es una gran oportunidad de cambio, pero advierto con pesar que la estamos perdiendo. La seguridad jurídica es demasiado importante para el futuro de nuestra nación, no la convirtamos en un párrafo más del tango que en 1934 escribió Discépolo: CAMBALCHE.

(Infobae)