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Un inequívoco mensaje político con limitados efectos procesales
Por Paz Rodríguez Niell
La decisión de la Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo, de renunciar a seguir siendo acusadora en las causas que investigan los negocios hoteleros de la familia Kirchner tiene la fuerza de un mensaje político que no podría ser más inequívoco.
La OA, que es el Gobierno, decide retirarse de las principales causas que investigan por corrupción a la vicepresidenta, las que hurgan en sus negocios personales. Hotesur, y sobre todo Los Sauces, son los casos que más preocupan al kirchnerismo, expedientes donde además de Cristina Kirchner están procesados sus dos hijos.
La presentación de la OA es todo un símbolo. Como cuando el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, pidió oficialmente que los jueces le otorgaran la prisión domiciliaria al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y la excarcelación a Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, socio y amigo de Néstor Kirchner. Hay centenares de presos en peligro real por el avance del coronavirus. Pietragalla decide pedir por Martín Báez, que no estaba siquiera en la lista de presos en riesgo que el propio Gobierno había presentado.
"No es lo mismo varios acusadores que uno", dijo a LA NACION esta mañana un funcionario judicial vinculado a la investigación de Hotesur y Los Sauces, crítico de la decisión del Gobierno.
Pero lo central en este asunto no es procesal. Las causas no se caen porque la OA salga de escena. No solo tienen un fiscal, sino que también es querellante en estos expedientes otro organismo público, la Unidad de Información Financiera (UIF), que además es la especialista en temas de lavado de dinero, como recuerda Félix Crous, titular de la OA, en los escritos de renuncia a las querellas.
Crous pareció adelantar su decisión cuando, en enero, dijo a LA NACION que la OA no abandonaría las querellas de los casos que estaban "en juicio". Ni Hotesur ni Los Sauces lo están, pese a que Hotesur fue elevada al tribunal oral hace un año y tres meses y Los Sauces, hace un año y siete meses.
La decisión de Crous se materializa en un momento en el que no se avecinan grandes decisiones en estos casos. En Hotesur ni siquiera está decidido qué prueba se aceptará para el día que efectivamente empiece del juicio. Si es que empieza. Hace tiempo, mucho antes del fenómeno del coronavirus, que funcionarios judiciales y dirigentes políticos apuestan a que estos juicios nunca comenzarán.
(LA NACIÓN)
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