HABLEMOS CLARO

OPINIÓN /
Cuando las palabras no convencen


Por Walter R. Quinteros


Alberto Fernández dijo: "La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación pueden darse con mucha facilidad. Hay también gente que tiene factores de riesgo".

Y recordó que: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia. "Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control".

Y le pidió a la oposición discutir del tema con "seriedad", porque "Cada dos por tres leo un tuit de Patricia Bullrich que dice que queremos indultar", apuntó el mandatario. "Acá en la Argentina algunos no hacen un análisis y dicen 'quieren liberar para buscar la impunidad'. No es eso".

Pero se "olvidó", también de mencionar que el Pacto de San José dice: Como consideración inicial, creemos que hay varios aspectos valiosos, que deben mantenerse tal como están regulados actualmente; y toda modificación a producir, si es que se adopta alguna, debe traducirse siempre en arribar a una protección más eficaz de los derechos de las posibles víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, los cambios no pueden producirse a contramano de las tendencias actuales de derecho internacional, las cuáles se dirigen hacia una mayor legitimación jurídica y jurisdiccional del individuo.

Haciendo referencias a los derechos de las víctimas. O sea que, la pifió.

Y suena todo tan raro, más viniendo de un presidente que hasta hace poco, se diferenciaba bastante de Chile y de su presidente, ahora lo pone de ejemplo por haber liberado presos, pero veamos:

Sebastián Piñera dijo Hoy promulgamos la ley de indulto general conmutativo, que conmuta o sustituye la privación de libertad en los establecimientos penitenciarios de 1.700 personas por reclusión total en los domicilios"

Quedan excluidos los condenados por crímenes de lesa humanidad, así como por terrorismo, asesinato, homicidio, abusos sexuales, tráfico de personas o asociación ilícitas, entre otros. "Esos delitos, por su gravedad, por respeto a las víctimas y por protección a la sociedad, no están incluidos", ha aclarado.

O sea, nada que ver. Alberto se equivocó. En Chile es por una ley, aquí, por impulso testicular de los jueces.

Otro que habló, el perfecto panqueque:

Sergio Massa, dijo que instruyó a la Oficina de la Víctima que depende del Congreso a que inicie juicios políticos a los jueces que otorguen esos beneficios sin consultar con las víctimas.

"Algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" al liberar presos y que podrían ser sometidos a juicio político si no cumplieron con la obligación de informar previamente a la víctima. "Las penas son para ser cumplidas", afirmó.

A diferencia de Fernández dijo que "algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" al liberar presos. "Me parece que las penas son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error", sostuvo.

Miguel Pichetto, aquel senador jefe de la bancada peronista que sostuvo a rajatabla los fueros de Cristina Fernández viuda de Kirchner, se refirio a que: "La liberación de presos es otra tragedia nacional".


Sergio Berni, Militar, abogado, político y hoy ministro de Seguridad bonaerense, también rechazó anoche las domiciliarias. "Si fuera por mí, no sale ninguno", sostuvo que: "Es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia porque las cárceles dependen administrativamente del Ministerio de Justicia y la libertad de cada uno de los presos depende de los jueces". Es "un verso" que se pueda controlar a los presos con las pulseras electrónicas. "No hay una cantidad suficiente para todos los que quieren liberar", señaló. Luego, remarcó que "los organismos de derechos humanos quieren que los presos estén afuera".


Patricia Bullrich dijo: "Esto que comenzó Cristina Kirchner y que hoy reafirma el Presidente es un camino hacia la impunidad, que deja desprotegida a la gente en sus hogares y a los presos peligrosos en libertad" "Lo que hace es disfrazar el relato del garantismo".

Paula Oliveto dijo: "Los delincuentes tienen los derechos que ellos les negaron a sus victimas. ¿A cambio de qué están liberando a presos que no están en los grupos de riesgo? Mi acompañamiento a las víctimas y el compromiso de acompañar su lucha"

Alfredo Cornejo, advirtió anteayer que "usar la pandemia como excusa para todo es gravísimo". "Acompaño a los familiares de víctimas de delitos en su reclamo contra el dictado indiscriminado de prisiones domiciliarias a delincuentes. La Justicia tiene que cuidarnos, no exponernos al delito", apuntó el legislador nacional.

Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura, le respondió hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , quien dijo que los jueces que liberan presos podrían ser sometidos a juicio político si no cumplieron con la obligación de informar previamente a la víctima. "Para poder iniciar un juicio tenemos que estar en supuesto de prevaricato o cohecho. Es decir, que el juez fue convencido a través de un método que no sea idóneo para tomar la decisión. Si no se dan esos dos supuestos, no va a prosperar ". "Obviamente, Massa o quien estime que se vea afectada la imparcialidad del magistrado, puede hacer la denuncia.

Saque usted, sus propias conclusiones.

(La Gaceta Liberal)






l titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones , le respondió hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , quien dijo que los jueces que liberan presos podrían ser sometidos a juicio político si no cumplieron con la obligación de informar previamente a la víctima.

"Para poder iniciar un juicio tenemos que estar en supuesto de prevaricato o cohecho. Es decir, que el juez fue convencido a través de un método que no sea idóneo para tomar la decisión. Si no se dan esos dos supuestos, no va a prosperar ", dijo en diálogo con Radio La Red.


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"Obviamente, Massa o quien estime que se vea afectada la imparcialidad el magistrado puede hacer la denuncia, pero eso no va a ser motivo para que el juicio pueda prosperar", explicó.











El titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones , le respondió hoy al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , quien dijo que los jueces que liberan presos podrían ser sometidos a juicio político si no cumplieron con la obligación de informar previamente a la víctima.


"Para poder iniciar un juicio tenemos que estar en supuesto de prevaricato o cohecho. Es decir, que el juez fue convencido a través de un método que no sea idóneo para tomar la decisión. Si no se dan esos dos supuestos, no va a prosperar ", dijo en diálogo con Radio La Red.


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"Obviamente, Massa o quien estime que se vea afectada la imparcialidad el magistrado puede hacer la denuncia, pero eso no va a ser motivo para que el juicio pueda prosperar", explicó.






Hasta el momento han salido 753 presos de las cárceles bonaerenses y más de 200 de las federales, mientras crecen los reclamos de excarcelaciones.


Lugones reiteró que si los jueces reciben "pedidos de liberación de presos que están dentro del grupo de riesgo", deben analizarlos. "Si está en riesgo su vida como consecuencia del Covid-19, buscaremos la forma de que pueda seguir en su casa", apuntó.

"Los jueces no van a hacer locuras. Los presos tienen que entender que vamos a ser razonables", señaló.

Massa se diferenció ayer del Presidente. Dijo que "algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" al liberar presos. "Me parece que las penas son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error", sostuvo.


Tras el contagio de dos presos de Villa Devoto con coronavirus y un motín carcelario que continuó con huelga de hambre, el presidente Alberto Fernández se mostró comprensivo del reclamo de los reclusos para obtener excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la epidemia.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reaccionó en forma diferente y dijo que hay magistrados que otorgan esos beneficios de manera irresponsable y que por ello les cabe el juicio político.

Las dos posturas se conocieron ayer, cuando ya suman mas de 750 los presos que recuperaron la libertad en la provincia de Buenos Aires y son más de 250 los liberados en las cárceles federales, según lo que estiman las autoridades. Pero los detenidos están negociando para lograr mas libertades.








Massa, menos contemplativo, dijo que instruyó a la Oficina de la Víctima que depende del Congreso a que inicie juicios políticos a los jueces que otorguen esos beneficios sin consultar con las víctimas.

"Algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable" al liberar presos y que podrían ser sometidos a juicio político si no cumplieron con la obligación de informar previamente a la víctima. "Las penas son para ser cumplidas", afirmó.

Con respecto al pedido de excarcelación de Ricardo Jaime que hizo la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragalla, Alberto Fernández sostuvo que no le llamó la atención a su funcionario y dijo que la libertad no es un pedido del Gobierno, sino que "hay una posibilidad procesal". E indicó que fue la defensa de Jaime la que pidió la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos.

Massa se diferenció con una posición más dura que Fernández; "Me parece que las penas son para ser cumplidas porque es el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error", dijo.

El presidente de la Cámara baja agregó que de lo contrario "se rompe el principio de acuerdo de convivencia social del acuerdo".

Massa detalló que instruyó a la Oficina de la Víctima, que depende del Congreso, para iniciarles juicio político a los jueces que no den vista a la parte víctima del delitos y procedan a la liberación de los detenidos.

El presidente de la Cámara explicó que la obligación de notificar a la víctima está prevista en la ley. Dijo que había jueces que lo estaban haciendo, pero que otros, de manera "absolutamente irresponsable", incumplen esta obligación.

La polémica se acrecentó en las últimos días porque trascendió un audio de Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, en el que ratifica la intención de lograr la mayor cantidad de liberaciones posibles y explicó que todos los días se presentaban entre 100 y 150 pedidos en favor de detenidos.

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