La decisión del gobierno de Mauricio Macri de traspasar el Programa de Protección a Testigos e Imputados a la Justicia es resistida por los jueces.
Tanto en Comodoro Py como en el Palacio de Justicia ya hubo reuniones para definir cómo responderle al Poder Ejecutivo si el decreto finalmente se firma.
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, es la que deberá hacerse cargo del programa, según el borrador del decreto que llegó a manos de los jueces.
"No fuimos consultados. Solo informados informalmente por el ministro y no tenemos capacidad para hacernos cargo de esto".
En la Cámara relataban que el Gobierno les avisó de la idea la semana pasada, horas antes de la nota de LA NACION que hizo público que el plan ya estaba en marcha.
En la Corte advertían ayer, además, que toda esta discusión podría volverse abstracta en menos de un mes, cuando Alberto Fernández sea el nuevo presidente, ya que con otro decreto, podría dar marcha atrás con la medida.
Q&P / Fuente: LA NACION / Foto: A24
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