OPINIÓN
Hay algo peor que una mala sentencia: una Justicia que tarda quince años en llegar y, cuando finalmente lo hace, deja a la sociedad con la sensación de que nuevamente se están burlando de ella
Por Carlos Mira
El caso Sueños Compartidos es otro capítulo de esa interminable historia argentina en la que los expedientes se eternizan, las responsabilidades se diluyen y algunos protagonistas ni siquiera llegan vivos al juicio. Hebe de Bonafini, la principal responsable del robo al pueblo, logró esquivar lo que le debería haber correspondido porque murió en 2022 sin enfrentar el debate oral.
Ahora el Tribunal Oral Federal N°5 absolvió a Julio De Vido y condenó a José López, Abel Fatala y a los hermanos Schoklender a penas de entre dos años y cuatro meses y dos años y nueve meses, todas de ejecución condicional.
Quince años para llegar a esto. Quince años durante los cuales la Argentina atravesó crisis económicas, inflación, devaluaciones y gobiernos de todos los signos. Quince años durante los cuales los ciudadanos siguieron trabajando, pagando impuestos y sosteniendo un Estado que, cuando se trata de cobrar, jamás parece tener paciencia. Pero cuando se trata de saber qué ocurrió con cientos de millones destinados a viviendas para los sectores más necesitados, la Justicia tarda una generación. Y ese es precisamente el punto que indigna: Sueños Compartidos no era dinero “peronista” ni de una organización privada. Era dinero de los argentinos, destinado a construir viviendas para personas que las necesitaban.
La corrupción, sin embargo, parece haber tenido durante demasiado tiempo una curiosa vara de medición en nuestro país. Cuando el acusado pertenece al espacio político considerado “correcto”, aparecen rápidamente los argumentos para explicar, justificar, relativizar o esperar. Cuando alguien se encuentra fuera de esa estructura, la condena política y mediática suele llegar mucho antes que cualquier sentencia judicial. Se construyó así una suerte de blindaje moral alrededor de determinados dirigentes y organizaciones, como si la pertenencia ideológica pudiera funcionar como un salvoconducto frente a la sospecha. Pero el dinero público no tiene ideología. Una vivienda que no se construye afecta a un pobre independientemente de quién gobierne, y cada peso que se desvía pertenece al contribuyente, no al funcionario ni a la organización que lo administra.
El ciudadano honesto observa todo esto con una mezcla de bronca y resignación. Paga impuestos, cumple las normas, trabaja, sostiene al Estado y debe justificar hasta el último peso de sus ingresos, mientras durante años contempla cómo quienes tuvieron acceso al poder pudieron manejar recursos públicos con una libertad que él jamás tendría. Y cuando finalmente llega la Justicia, llega tarde. Demasiado tarde. Una Justicia que necesita quince años para juzgar una causa de esta magnitud no solamente perjudica a los acusados: perjudica también a las víctimas y destruye la confianza de toda la sociedad en las instituciones.
Por eso Sueños Compartidos debería servir para recordar algo elemental: ninguna bandera política, ninguna organización social, ningún dirigente y ninguna causa ideológica puede estar por encima de la ley. Ni las Madres de Plaza de Mayo, ni el kirchnerismo, ni el peronismo, ni la izquierda, ni la derecha, ni nadie. La corrupción no se vuelve menos corrupción porque quien la comete invoque una causa noble, y la defensa de los derechos humanos no puede transformarse jamás en una patente de impunidad. Una República seria no distingue entre corruptos buenos y corruptos malos según sus ideas, ni entre ciudadanos protegidos y ciudadanos descartables según sus opiniones políticas.
El problema es todavía más profundo. Durante décadas demasiados argentinos sintieron que, si no pertenecían a determinada estructura política, sindical, empresarial o cultural, quedaban automáticamente relegados. Que para progresar había que tener amigos, que para ser escuchado había que repetir el discurso correcto y que quien no comulgaba con la fe populista podía ser apartado de la escena. Esa lógica es incompatible con una democracia liberal y republicana, porque una sociedad libre no exige uniformidad ideológica: garantiza que quien piensa diferente pueda trabajar, crecer, expresarse y competir en igualdad de condiciones.
El fallo deberá ser analizado en sus fundamentos y todavía puede ser apelado. Pero existe una crítica que excede cualquier discusión jurídica: quince años para juzgar el destino de fondos públicos constituye un fracaso institucional. Cuando una sentencia llega después de que los protagonistas envejecieron, murieron o dejaron de tener poder, la sensación de reparación inevitablemente se debilita y lo que queda es frustración, bronca y desconfianza.
La pregunta que queda flotando es sencilla y brutal: ¿cuándo vamos a tener en la Argentina una Justicia que llegue a tiempo y una ley que sea verdaderamente igual para todos?Porque los sueños eran de los argentinos, la plata era de los argentinos, las viviendas eran para los argentinos pero terminaron apropiándoselo un nconjunto de vivos que al grito de “viva el pueblo”, se la llevaron toda.
The Post
Comentarios
Publicar un comentario