OPINIÓN
Cuando el kirchnerismo frenó la entrada de libros, el mundo editorial negoció callado. Hoy, frente a un gobierno no peronista, descubrió la indignación
Por Osvaldo Bazán
Hubo dos momentos en este siglo, en este país, en el que un gobierno nacional dispuso por resolución oficial que leer era peligroso.
Uno fue desde enero de 2012 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta que el Gobierno de Mauricio Macri derogó esa resolución en enero de 2016.
El otro, desde el 31 de agosto de 2020, durante el Gobierno de Alberto Fernández, hasta que el Gobierno de Milei la derogó en junio de 2024.
¿Cómo se llegó a este disparate?
Por el plomo.
Por el plomo de Guillermo Moreno.
El 26 de noviembre de 2010 se dictó la Resolución 453/2010 de la Secretaría de Comercio Interior, firmada por Guillermo Moreno y publicada en el Boletín Oficial el 30 de noviembre de 2010, por la cual se buscaba “eliminar los peligros derivados del uso de tintas con altos contenidos de plomo en productos gráficos”. La norma era categórica. Ahí se decía que el límite de contenido de plomo debía ser inferior a 0,06 gramos por cada 100 gramos (0,06%) de masa no volátil (norma ASTM D 3335-85a). Todos los libros —y revistas, publicaciones, folletos, fascículos, etiquetas y hasta cajas de cartón corrugado, porque a Moreno le daba lo mismo— tenían que pasar por estrictos controles para poder ser importados.
¿De qué nos salvaba el magnánimo gobierno paternalista?
Según el argumento oficial, protegía la salud y la seguridad de la población al evitar los “peligros derivados del uso de tintas con altos contenidos de plomo”. Sí, se presentaba como una norma técnica sanitaria y de lealtad comercial, aplicable tanto a fabricación nacional como a importaciones. Moreno decía que era por tu salud y gran parte de la intelectualidad argentina usaba el concepto “fingir demencia” aún antes de que éste hubiera sido creado.
En realidad, era una barrera paraarancelaria para restringir importaciones, ahorrar dólares y forzar la impresión local.
La idea era que todos los libros del mundo podían ser impresos localmente. Una idea absurda, claro, pero estamos hablando de peronismo.
Si precisabas el English File de la Universidad de Oxford para estudiar inglés; el Alter Ego de Hachette si estudiabas francés; si necesitabas por lo que fuere la monografía de fotografías de Diane Arbus de Taschen o si simplemente querías regalarles a tus sobrinitos una de esas maravillas troqueladas de Robert Sabuda, no podías.
La trampa, como siempre —no olvidar de quiénes estamos hablando—, es que no había una prohibición total de importar libros. Era un régimen de certificación obligatoria que generaba demoras, costos y trámites y, por supuesto, peajes.
O sea, prohibido prohibido no estaba; de hecho, las editoriales grandes terminaron negociando y conseguían traer tiradas menores de libros exitosos que acá fueron menos exitosos porque no llegaban los suficientes.
La cosa era así: si un librero o una editorial quería traer más de 500 ejemplares del mismo título en un mes, tenía que presentar una declaración jurada y un análisis de laboratorio del INTI u otro organismo reconocido. ¡Un análisis de laboratorio del INTI! Sencillísimo, en dos o tres meses lo tenías, después de pagarlo, claro. Si lo que traías era de menos de 500 ejemplares del mismo título, bastaba con una declaración jurada porque parece que el plomo no quiere trabajar en poca cantidad. Por menos de 500 ejemplares no mueve el culo.
La medida era tan ridícula que al comienzo se complicaron totalmente los envíos por courier a particulares. Tenías que ir a buscarlo a Ezeiza y pagar tasas adicionales si te mandaban un libro de afuera.
—¡Pero vivo en Salta!
—¿Y para qué querés un libro importado si vivís en Salta? ¡Dejate de joder! —podría haber sido la respuesta de Moreno, si le hubiera interesado dar una respuesta aunque sea con su rudimentario uso del idioma y nula capacidad para la elegancia.
Tampoco era tan grave.
Si alguna librería de alguna ciudad del interior pedía directamente por courier al extranjero algunos ejemplares, sólo tenía que hacer los kilómetros que la separaban de Ezeiza o pedir un consignatario, contratar un despachante de aduana y una empresa de transporte. ¿Se encarecía? Sí. Pero bueno, todo sea para no morirse leyendo plomo.
El precio de los libros en el año en que se comenzó a implementar la medida sanitaria que nos salvó de morir superó a la inflación, pero subieron aún más los libros impresos en Argentina. Cuando se lograban imprimir en Argentina títulos que antes venían de España, Chile, Uruguay o China, el costo de producción era de 40% a 60% más alto (papel, energía, mano de obra). Ese diferencial se trasladaba obviamente al precio de tapa. El lector pagaba más pero su salud estaba a salvo.
En el año 2011 (sin la medida sanitaria) se vendieron, según la Cámara Argentina del Libro, 106 millones de ejemplares.
En el año 2012 (cuando ya estábamos protegidos por el Guillo Moreno) se vendieron 96,9 millones de libros.
Sí, un 9% menos.
Y fueron más caros.
El gran comprador de libros era en ese momento el Estado —y se imaginan que un gobierno en manos del peronismo direccionaba ideológicamente las compras; el espíritu de Raúl Apold nunca dejó de estar presente—.
Fueron meses en donde los libros entraban en cuentagotas y había cientos de miles esperando para entrar sin saber si algún día podrían desembarcar.
Bueno, hubo una excepción.
Hernán Casciari había impreso en España el número de octubre de 2011 de Orsai y claro, como todos, no pudo entrar al país. Pero armó un hashtag #LiberenaOrsai y el jefe de Gabinete de Ministros del momento, Aníbal Fernández, le contestó por X “¿Orsai? Todo ok” y se liberó el número 4 de la revista.
Fue la única liberación puntual sin ningún tipo de condicionamientos y nunca sabremos si fue por la visibilidad del proyecto, por afinidad, por gestión de crisis mediática o por las tres cosas a la vez. Lo cierto es que todos estuvieron prohibidos, menos Casciari, que calificó al hecho simplemente como “un malentendido” después de recibir el tuit “con onda” de Aníbal Fernández.
Las importaciones de libros cayeron en un 45% desde el 2011 al 2012 y, si bien se imprimió más en Argentina, las exportaciones casi no subieron, con lo cual la idea de afianzar una industria gráfica coso nunca se concretó.
Todo quedó en fuegos de artificio; sólo funcionó mientras existió la prohibición. Ninguna imprenta se puso a hacer libros de arte clásico o material académico en alemán.
Pese a lo absurdo de la situación, las quejas, si bien existieron, no fueron coordinadas ni estentóreas, a diferencia de lo que ocurre ahora con quienes denuncian el proyecto de Ley del Libro.
Hubo claro, reclamos moderados y diplomáticos de la Cámara Argentina del Libro (CAL) y de la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y tuvieron que aceptar acuerdos de compensación de importación/exportación. Todos arreglos opacos, todo chanchullos en oficinas oscuras. Algunos escritores y opositores —Beatriz Sarlo, Gabriela Massuh— dieron su opinión y, en las redes, los lectores usaron el hashtag #liberenloslibros para protestar por no conseguir lo que precisaban o tener que ir a Ezeiza a buscarlo y pagar un dinero extra.
Como la palabra “bibliodiversidad” no existía, el hecho de que algunas librerías hubieran visto caer su catálogo de 90.000 títulos a 70.000 no movió el amperímetro. Pasó, estaba pasando y nadie se quejaba; esa pérdida efectiva y medible de oferta no ofendió a casi ninguno de los que ahora ponen el grito en el cielo por la hipotética posibilidad de que eso quizás ocurra.
La Fundación El Libro, por ejemplo, en los años del plomo librero no emitió un solo comunicado oficial. Sí hubo declaraciones de su titular Gabriela Adamo con algunos lamentos, pero no fue un rechazo frontal e institucional como sí ocurre ahora. Más evidente es la diferencia en la Federación Argentina de Librerías (FALPA) de la que es imposible encontrar una queja en los años K y, sin embargo, es una de los actores más vehementes del rechazo.
Ahora se unieron en bloque férreo y con gesto adusto —a diferencia de aquella vez— todas las cámaras del sector: la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), Federación Argentina de Librerías (FALPA), Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), Fundación El Libro, otras cámaras provinciales y de papelerías. Ese frente unido contra lo que consideran una masacre al mundo editorial no se dio cuando un millón de libros no podían entrar al país porque —según Moreno— si los leíamos, nos moríamos.
Un importante número de escritores consagrados y no tanto decidieron ahora enfrentar al monstruo estatal pero no dijeron una palabra en los tiempos del plomo librero. Los editores medianos y pequeños en aquella oportunidad reclamaron, pero de manera diplomática y en muchos casos terminaron arreglando sistemas de compensación entre socios. Otra vez, el contubernio opaco.
Con la prohibición de Guillermo Moreno hubo una palabra que no se escuchó: la del entonces secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia.
Con el proyecto de la Ley del Libro hay una palabra que no se escucha: la del actual secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.
¿Qué significa esto?
¿Por qué antes apenas y ahora tan vehementes?
¿Es más peligroso para la bibliodiversidad el temita del precio que el temita del plomo?
¿Van a cerrar más librerías de barrio ahora que cuando se achicaban los catálogos?
¿Es más fácil negociar con Moreno silbando bajito que gritarles a los funcionarios mileístas poniendo cara de malos?
¿Significa que todo es postureo y sobreactuación?
¿Es pavloviano silbar bajito ante el peronismo y gritar valentía frente a no peronistas?
No estoy opinando sobre la Ley del Libro, eso está claro.
Pero después de tantos años de psicopateo progre, uno ve una queja y desconfía.
Lo único que sí tengo claro en todo esto es que no se detectó plomo en uno solo de los libros de Moreno.
Revista Seúl
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