DELARACIONES POLÍTICAS DESAFORTUNADAS

OPINIÓN

La frase “en la próxima elección se elige un modelo de país” no es democracia: es el disimulo de una secesión

Por Carlos Mira

Hay declaraciones políticas que pueden ser simplemente desafortunadas. Otras revelan, sin maquillaje, la naturaleza de un proyecto político. Lo ocurrido en los últimos días con Ricardo Quintela y Agustín Rossi pertenece, a mi juicio, a esta segunda categoría.

Quintela fue explícito al dirigirse a quienes evalúan invertir en la Argentina: les advirtió que no se entusiasmaran porque un eventual regreso del peronismo al poder podría implicar nacionalizaciones y expropiaciones. Sus palabras fueron inequívocas.

No estamos hablando de una interpretación periodística ni de una extrapolación ideológica. Estamos hablando de un gobernador que les está diciendo a quienes tienen capital que, si cambia el signo del gobierno, aquello que hoy pueden considerar una inversión protegida por las reglas vigentes podría dejar de serlo.

Y Rossi fue todavía más lejos al anticipar que, si el peronismo regresara al poder, haría exactamente lo contrario de lo que está haciendo Javier Milei.

Aquí está el verdadero problema. Porque la cuestión ya no es determinar si Milei gobierna bien o mal. Tampoco si sus políticas económicas son acertadas en todos sus aspectos. Mucho menos si su estilo personal resulta agradable o desagradable.

La cuestión es mucho más profunda: ¿puede existir estabilidad en un país cuando las principales fuerzas que aspiran a gobernarlo no discrepan sobre la velocidad o la intensidad de las políticas, sino sobre la naturaleza misma del país que quieren construir?

La respuesta parece evidente: no. Una democracia saludable admite alternancia. Un gobierno puede reducir impuestos y otro aumentarlos. Uno puede abrir más la economía y otro proteger determinados sectores. Uno puede gastar más y otro menos. Uno puede tener una política exterior más cercana a Washington y otro procurar mayor autonomía.

Eso forma parte de la democracia. Pero hay un límite. Cuando una fuerza política sostiene que la propiedad privada debe estar sometida a una revisión permanente por parte del Estado, que determinadas empresas pueden volver a ser nacionalizadas, que las decisiones tomadas por el gobierno anterior deben ser revertidas sistemáticamente y que la orientación internacional del país debe cambiar radicalmente, ya no estamos ante una discusión de matices. Estamos ante una disputa sobre las reglas fundamentales del juego.

Del otro lado aparece un proyecto que pretende reducir regulaciones, disminuir la intervención estatal, abrir la economía, atraer capitales extranjeros con garantías jurídicas, proteger la propiedad privada y ubicar a la Argentina dentro de una tradición occidental judeocristiana basada en la libertad individual, la economía de mercado, el Estado de Derecho y una alianza estratégica con Estados Unidos.

Se trata de perfiles de país antagónicos. Y un inversor racional no puede ignorarlo. Mil veces se ha dicho “en esta elección no solo se elige un presidente: se elige un modelo de país”, como si eso fuera algo habitual y “democrático”. Bueno, muy bien, eso no puede decirse más, porque ¿saben qué? la parte que pierde la elección no acepta pacíficamente que su modelo perdió. Sigue jodiendo hasta conseguir desestabilizar a quien encarna el modelo contrario. Entonces la disputa no se zanja nunca. Elegir constantemente “entre dos modelos de país” no es democrático. Es confesar abiertamente que allí no hay un país sino dos.

Una inversión de largo plazo no se decide mirando únicamente el gobierno de hoy. Se decide mirando los próximos treinta años. Si existe una posibilidad cierta de que, después de una elección, el Estado modifique radicalmente las reglas, revise contratos, nacionalice empresas o altere la protección de la propiedad, el costo de invertir aumenta. Cuando aumenta el riesgo, aumenta el precio del capital. Cuando aumenta el precio del capital, disminuye la inversión. Cuando disminuye la inversión, disminuyen el empleo, la productividad y los salarios reales. Y cuando todo eso ocurre, aumenta la pobreza. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de incentivos.

Aquí aparece una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando un dirigente político no se limita a anunciar qué hará si llega al gobierno, sino que les dice expresamente a los inversores que no inviertan porque eventualmente podría quitarles aquello que compren?

¿Tiene derecho una dirigencia política a utilizar deliberadamente el temor económic como instrumento para deteriorar las posibilidades de desarrollo del país al que pretende gobernar? ¿Cuando eso ocurre hasta dónde no estamos en presencia de una variante sui generis del delito de traición a la patria? Promover políticas que deliberadamente van a resultar en un peor nivel de vida para el pueblo (como ya fue probado con abundante evidencia), ¿no es “traicionar” al pueblo y al país?

Si una fuerza política considera legítimo desalentar inversiones para perjudicar al gobierno de turno, ¿perjudica al gobierno o al pueblo por el que dice desvivirse? Porque una cosa es combatir electoralmente a un gobierno y otra muy diferente es perjudicar deliberadamente las condiciones sobre las cuales millones de argentinos esperan conseguir trabajo, mejorar sus ingresos y escapar de la pobreza. La frontera entre la legítima confrontación política y la irresponsabilidad patriótica debería ser, en este punto, objeto de una discusión mucho más seria.

Y aquí aparece otro elemento que no debería ser ignorado. En días recientes analizamos en estas páginas declaraciones de dirigentes latinoamericanos como Hugo Chávez y Gustavo Petro acerca de la conveniencia política de conservar determinados niveles de pobreza mientras se mantiene en los sectores populares la expectativa de una futura redención política.

Instituciones gubernamentales

La idea resulta particularmente siniestra si se la toma en serio: no terminar con la pobreza, sino mantenerla; no emancipar al pobre, sino conservarlo como dependiente del poder político al mismo tiempo que se lo ilusiona utópicamente con la idea de que va a estar mejor. La frase que Chávez utilizó —“mantenerlos en la pobreza pero con esperanza”— resume una concepción que debería resultar moralmente insoportable para cualquier sociedad libre.

Porque el objetivo de una política social debería ser que el ciudadano viva su vida como quiere, independientemente de las ocurrencias de un Duce. Para eso ese ciudadano debe ser económicamente independiente. Y para ser económicamente independiente necesita desarrollarse en una actividad propia o trabajando para un tercero que le dé un ingreso afluente. No que necesite al gobierno para sobrevivir.

Si esa lógica se trasladara a la Argentina, entonces las advertencias de Quintela adquirirían una dimensión todavía más preocupante. Porque un país sin inversión es un país con menos empleo. Un país con menos empleo es un país con más dependencia. Y una población económicamente dependiente es, precisamente, una población mucho más vulnerable al clientelismo político.

No afirmamos que cada dirigente peronista piense necesariamente de ese modo. Afirmamos algo diferente: cuando determinados dirigentes anuncian políticas capaces de desalentar la inversión y, simultáneamente, reivindican un modelo de fuerte dependencia del Estado, es legítimo preguntarse cuál es el resultado social que esas políticas terminan produciendo.

Quizás el aspecto más inquietante de todo esto sea que la grieta argentina dejó de ser una disputa acerca de quién administra mejor el mismo país. Cada vez se parece más a una disputa acerca de qué país queremos que exista.

De un lado, una Argentina que pretende recuperar al individuo frente al Estado, garantizar la propiedad privada, reducir la regulación, integrarse al comercio internacional y atraer capital. Del otro, una Argentina en la que el Estado es dueño de la vida de los ciudadanos y donde los funcionarios reemplazan las decisiones individuales; un Estado donde las autorizaciones y prohibiciones (todas discrecionales) adquieren un papel central y donde las alianzas internacionales pueden privilegiar gobiernos autoritarios o regímenes directamente totalitarios, como Cuba, Nicaragua, Iran o el bloque antinorteamerticano.

Las diferencias no son cosméticas. Son conceptuales. Y cuando las diferencias conceptuales alcanzan semejante profundidad, la alternancia electoral deja de ser una simple alternancia administrativa. Cada elección empieza a parecerse a un plebiscito sobre el sistema.

No estamos diciendo que la Argentina deba abandonar la democracia porque existan profundas diferencias ideológicas. Todo lo contrario: precisamente porque somos una democracia, esas diferencias deben resolverse mediante elecciones, leyes, instituciones y respeto irrestricto por los derechos individuales.

Pero tampoco deberíamos engañarnos. Si una mitad del país considera que la otra mitad está intentando destruir aquello que considera esencial —y la otra mitad piensa exactamente lo mismo de su adversaria—, la convivencia institucional se vuelve progresivamente más difícil.

De ahí surge una hipótesis que puede parecer extravagante, pero que quizá sea menos extravagante que imaginar una convivencia indefinida entre proyectos absolutamente antagónicos: una Argentina del Norte y una Argentina del Sur, al modo de las dos Coreas, cada una con su propio orden político, económico y jurídico y con ciudadanos eligiendo libremente dónde vivir.

Por supuesto, hoy eso parece una utopía. Pero hay ocasiones en que la utopía no es la idea más absurda. La verdadera utopía sería suponer que un país partido conceptualmente hasta el tuétano puede continuar indefinidamente cambiando de un modelo a su opuesto cada cuatro u ocho años y, aun así, generar las condiciones necesarias para que una familia pueda planificar su futuro, un empresario pueda invertir a veinte años, un joven pueda construir una carrera y un jubilado pueda saber qué ocurrirá con sus ahorros.

Eso no es estabilidad. Es incertidumbre institucional convertida en sistema. La Argentina necesita algo mucho más importante que ganar una elección. Necesita que los argentinos sepan qué país están eligiendo.

Si gana Milei o una fuerza que continúe su proyecto, deberá gobernar respetando las instituciones, la Constitución y los derechos de quienes piensan diferente. Si algún día vuelve al poder el peronismo kirchnerista, tendrá exactamente la misma obligación. Pero si ese regreso significa efectivamente “hacer todo al revés”, nacionalizar aquello que hoy se privatiza, expropiar aquello que hoy se considera propiedad privada y modificar radicalmente las alianzas internacionales, la gente que lo escuche debe saber que eso es sinónimo de peor nivel de vida, de mas pobreza y de más aislamiento.

La democracia necesita alternancia. Pero el desarrollo necesita previsibilidad. Y, fundamentalmente, la libertad necesita límites al poder. La prosperidad, a su vez, necesita que quien trabaja, ahorra o invierte pueda confiar en que aquello que legítimamente obtuvo seguirá siendo suyo mañana.

Si ni siquiera podemos garantizar esas cuatro cosas, entonces el problema argentino ya no será quién gana las elecciones. Será algo mucho más grave: si todavía somos capaces de construir un país en el que valga la pena quedarse.

The Post