OPINIÓN
Uno de los riesgos más serios que enfrenta cualquier proceso de transformación profunda es la inconsistencia filosófica
Por Carlos MIra
Los cambios estructurales requieren convicción, pero también coherencia. Y cuando esa coherencia se resquebraja, comienzan a aparecer los ruidos que erosionan la confianza indispensable para sostener reformas de largo alcance.
El liberalismo no es un menú del que se eligen algunas partes y se descartan otras. Es un todo. Es una concepción integral de la organización social basada en la limitación del poder, el respeto por el individuo y la convicción de que el progreso surge cuando las personas pueden desarrollar libremente sus proyectos de vida.
Por supuesto, una de las expresiones más visibles de esa filosofía es la económica. Desde esa perspectiva, el rol del gobierno consiste fundamentalmente en remover obstáculos para que los individuos puedan producir, invertir, innovar y crecer. Menos regulaciones arbitrarias, menos privilegios corporativos, menos intervencionismo y más libertad para que la sociedad despliegue su potencial.
Pero el liberalismo no termina allí.
Las mismas convicciones que llevan a defender la libertad económica deberían aplicarse con igual intensidad a la libertad de pensamiento, a la pluralidad de opiniones y al respeto por las diferencias. El liberalismo supone aceptar que en una sociedad abierta existirán personas que piensen distinto, que cuestionen al poder y que incluso sostengan ideas que nos resulten profundamente equivocadas.
Desde luego, esa tolerancia no puede ser ilimitada. Una democracia no está obligada a admitir como legítimas aquellas doctrinas que buscan destruir la propia democracia y el sistema de derechos individuales sobre el que ella se sustenta. La defensa de la vida, de la propiedad privada y de la libertad para que cada persona persiga su propio plan de vida —siempre que no perjudique a terceros— constituye un núcleo irrenunciable. Es lo que, en mi opinión, debería ocurrir con el comunismo (como ya sucede en República Checa y Polonia), el nazismo y el fascismo.
Pero fuera de ese límite, la pluralidad debe ser respetada.
Por eso resulta tan difícil comprender la decisión del gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Micheli, que había sido enviado por la propia administración, a raíz de su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.
Si efectivamente ese fue el motivo, la medida aparece como una auténtica barbaridad desde la perspectiva liberal.
La responsabilidad individual es uno de los pilares centrales de esa tradición filosófica. Juzgar a una persona por las opiniones, investigaciones o posiciones políticas de un familiar implica exactamente lo contrario: sustituir la evaluación individual por una forma de culpa por asociación que resulta incompatible con cualquier concepción seria de la libertad.
Paradójicamente, dentro del propio oficialismo pareció mucho más consistente con el ideario liberal la postura de Patricia Bullrich que la del propio presidente. La ministra defendió públicamente la idea de que los familiares de un periodista no pueden ser castigados ni beneficiados por las posiciones que aquel adopte.
Y es difícil no coincidir.
Porque más allá de las simpatías o antipatías que pueda despertar Hugo Alconada Mon, el problema de fondo es otro. Es cierto que muchas veces sus trabajos periodísticos aparecen acompañados por una carga subjetiva que parece predisponer al lector en una dirección crítica hacia Javier Milei y su gobierno. También es cierto que esa característica ha sido señalada por numerosos observadores desde hace años.
Pero sería injusto olvidar que el mismo Alconada Mon fue uno de los periodistas más implacables con el kirchnerismo. Sus investigaciones contribuyeron significativamente a exponer mecanismos de corrupción, abusos de poder y prácticas que ayudaron a que buena parte de la sociedad argentina comprendiera la magnitud del saqueo institucional que sufrió el país durante aquellos años.
La libertad de prensa no existe para proteger a los periodistas que nos gustan. Existe precisamente para proteger también a aquellos con los que discrepamos.
Este tipo de episodios generan incertidumbre. Introducen ruido en un sistema que necesita previsibilidad. Y cuando lo que está en juego es una transformación económica y cultural tan profunda como la que propone Javier Milei, esos ruidos tienen un costo.
La confianza es un activo extremadamente frágil. Los inversores la observan. Los ciudadanos la observan. Los aliados políticos la observan. Y cada vez que aparecen señales contradictorias entre el discurso liberal y determinadas decisiones de poder, esa confianza se resiente.
Quizás por eso siga siendo un misterio por qué el Presidente parece encontrar dificultades para abrazar de manera completa el plexo liberal.
Él mismo suele aclarar que no es liberal sino libertario. Pero esa definición, lejos de justificar este tipo de conductas, debería volverlo todavía más riguroso frente a cualquier intento de que una autoridad estatal —incluyéndose a sí mismo— imponga su criterio sobre las decisiones y los derechos de individuos privados.
El éxito económico de su programa depende, en buena medida, de que las libertades económicas convivan armónicamente con las libertades civiles. Una cosa sin la otra termina produciendo tensiones que tarde o temprano afloran.
Por eso sería de la mayor urgencia que el Presidente abrazara de manera integral la filosofía que inspira buena parte de su proyecto. No solamente porque sería intelectualmente más consistente, sino porque ayudaría a consolidar el clima de confianza que la Argentina necesita desesperadamente.
Y porque, llegado el momento de enfrentar el examen electoral de 2027, podría descubrir que las reformas económicas se defienden mucho mejor cuando están acompañadas por una defensa igualmente firme e incondicional de las libertades individuales.
The Post

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